La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, considera que habrá que estar atento para saber si la decisión del Gobierno de establecer la Sanidad Universal supone un aumento real de gasto. De hecho, el Ejecutivo baraja que incluso podría suponer un ahorro.
Calviño explicó que los inmigrantes sin papeles a los que ahora se ha incluido en el sistema universal de Sanidad, han estado recibiendo la asistencia médica a través de las urgencias hospitalarias, pues el Gobierno de Rajoy les excluyó del sistema de atención primaria.
Sin embargo, Calviño explicó esta mañana en su intervención en el Forum Nueva Economía, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, buena conocedora del sistema de financiación de la Sanidad, argumentó ante el resto de los ministros que la atención hospitalaria es mucho más cara que la asistencia en los ambulatorios. Por este motivo, reconducir a estos inmigrantes hacia la asistencia primaria y sacarlos de las urgencias de los Hospitales podría suponer, incluso, la reducción del gasto.
"No sé si la Sanidad Universal supondrá un incremento del gasto", dijo Calviño que matizó que lo que sí está claro es que implica una racionalización en el servicio sanitario y una mayor eficiencia en los recurso. En concreto, la ministra de Economía apuntó que esta población podría tener problemas epidemiológicos sin controlar lo que podría suponer un problema sanitario con el consiguiente efecto en el gasto público.
La aplicación de facto del acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) de forma gratuita también para inmigrantes sin papeles se retrasará, al menos, unos tres meses. A pesar de que el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el real decreto de sanidad universal, aprobado por el Consejo de Ministros hace unas semanas, también decidió tramitarlo como ley, de manera que los grupos parlamentarios puedan introducir cambios, vía enmiendas, en el futuro reglamento.
¿Cuánto podría costar?
Aunque el Ministerio de Sanidad no ha cifrado el coste de la medida, se calcula que puede suponer una inversión de unos 500 millones de euros anuales. Esta es la cantidad en la que cifró el Gobierno de Mariano Rajoy el precio que tenía la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles en 2012.
En cualquier caso, la cifra es matizable, y no sólo por los movimientos poblacionales de los últimos seis años. Habrá que comprobar el efecto que tiene a su vez el copago farmacéutico que tendrán que abonar los sin papeles, que será del 40% del PVP de los fármacos, según el proyecto.
Respecto al coste añadido que la medida supondrá para las autonomías, el Ministerio de Hacienda indicó hace semanas que lo asumirá la Administración Central y que le será abonado a las comunidades autónomas, aunque a día de hoy el mecanismo para ello todavía no se ha puesto en marcha.
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