El Gobierno ha renunciado a aprobar un gravamen específico para la banca, pero estaría dispuesto a negociar una disminución del umbral de renta de 150.000 euros a partir del cual barajaba aprobar la subida del IRPF, según han informado fuentes de la negociación. Es decir, la subida de este impuesto podría afectar a un mayor número de declarantes.
Fuentes presentes en la negociación que están llevando a cabo el PSOE con Unidos Podemos, IU y las demás confluencias explicaron que desde el Ejecutivo no quieren hablar "ni en pintura" sobre un impuesto específico para la banca, sino que los impuestos al sector financiero se limitarían a gravar a las transacciones financieras, con las que el PSOE estima que se podrían recaudar unos 1.000 millones de euros.
Precisamente este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo va a aprobar un impuesto a las transacciones financieras tras haberlo acordado con Podemos, si bien no se ha pronunciado ya sobre la implantación de un impuesto sobre la banca, que inicialmente el PSOE planteaba para recaudar otros 1.000 millones de euros adicionales.
Por el contrario, el Gobierno podría estar dispuesto a estudiar la posibilidad de reducir el umbral de renta de 150.000 euros a partir del cual había previsto la subida del IRPF, según las mismas fuentes.
La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó la semana pasada que el Gobierno había planteado en sus negociaciones con Podemos la posibilidad de estudiar una subida del IRPF para las rentas por encima de 150.000 euros anuales, en lugar de a partir de 60.000 euros como exigía la formación 'morada'.
Asimismo, fuentes de IU destacaron que las negociaciones van por el buen camino y que se han puesto "las cartas sobre la mesa" como para que el acuerdo pueda ser "inminente", si bien consideran que por algún motivo el Gobierno quiere postergar la aprobación de los Presupuestos.
De hecho, Sánchez ha avanzado que el calendario del Ejecutivo pasa por presentar las nuevas cuentas públicas a finales de noviembre o principios de enero para que puedan estar aprobadas en el primer trimestre de 2019.
En IU creen sin embargo que hay margen para poder llevar las cuentas al Congreso el 28 de septiembre, el último día para que pudiesen entrar en vigor el 1 de enero del año que viene.
IRPF, Sociedades, transacciones financieras o el diésel son algunos de los asuntos fiscales en los que más se ha avanzado en la negociación. Entre los puntos a abordar en la negociación, que continuará esta semana con una nueva reunión, se encuentran las propuestas de IU de una nueva regulación de las sicavs y de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis) para que tributen sus beneficios.
También se encuadraría en la negociación un impuesto a viviendas vacías y grandes establecimientos de negocios, con un nuevo reglamento y la elevación hasta el 100% del recargo en la cuota líquida en el impuesto sobre bienes inmuebles cuando exista desocupación con carácter permanente.
Las propuestas de la negociación
Los cambios fiscales planteados por IU permitirían recaudar 12.937 millones de euros en recaudación, lo que unido a los 13.500 millones derivados de las propuestas de la alternativa presupuestaria del PSOE y el impuesto a grandes fortunas y el destope de cotizaciones de la Seguridad Social planteados por los socialistas permitiría recaudar un total de 26.437 millones de euros.
La alternativa presupuestaria del PSOE contemplaba distintas medidas para mejorar la recaudación, que pasaban por la lucha contra el fraude (1.500 millones), el tipo mínimo del 15% del resultado contable de los grupos multinacionales en Sociedades (4.000 millones), la elevación del 22,5% al 26,5% de los tipos marginales de IRPF para rentas de más de 150.000 euros (400 millones), el incremento del tipo sobre las rentas del ahorro para los contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros de base del ahorro y unas rentas superiores a 150.000 euros (1.500 millones) y la equiparación del gravamen del diésel y gasolina (600 millones el primer año).
A esto se sumaba el impuesto a la banca (1.000 millones), a transacciones financieras (1.000 millones), la eliminación de bonificaciones a las cotizaciones sociales (1.000 millones) y ahorro en gasto público (2.500 millones).
Por su parte, IU plantea un impuesto extraordinario al incremento patrimonial para recaudar 4.620 millones, restricciones al sistema de módulos y SICAV (617 millones), un impuesto a bienes suntuarios aplicable a productos y servicios de lujo (100 millones), un impuesto a viviendas vacías (100 millones), la eliminación de los privilegios fiscales de las confesiones religiosas (500 millones) y un impuesto a la banca, con la elevación del tipo del impuesto sobre depósitos en entidades de créditos con un gravamen mínimo del 0,2% (100 millones).
También aboga por la reforma del IAE (300 millones), la habilitación de los 8.500 técnicos de Hacienda para realizar superiores a las actualmente encomendadas en lucha contra el fraude fiscal (6.200 millones), y la homogeneización territorial del impuesto de Sucesiones y Donaciones (400 millones).
Desde Unidos Podemos e IU también piden una modificación del impuesto de Sociedades para gravar los dividendos que las grandes empresas internacionalizadas obtienen fuera de España, punto sobre el que habría una coincidencia inicial entre el Gobierno y Unidos Podemos.
Los dividendos obtenidos el año pasado fuera de España por empresas internacionalizadas ascendieron a 86.000 millones de euros, por lo que si tributasen a un tipo del 10% se obtendrían unos 2.500 millones de euros, ponen a modo de ejemplo desde IU.
Fuentes de IU también consideran que la propuesta del Gobierno de fijar un impuesto a las transacciones financieras debería gravar los derivados financieros.
