Quién le iba a decir a Pedro Sánchez que solo tres meses después de ser investido presidente del Gobierno iba a afrontar su primer via crucis en el cargo. Septiembre se ha tornado, de manera inesperada, en un periodo clave para el futuro del Gobierno socialista, cuya política económica se enfrenta a un mes decisivo.
Este septiembre caliente, al menos en lo económico, es consecuencia de un agosto que no se le ha quedado a la zaga. Durante las últimas semanas se han producido los acontecimientos que han permitido que se genere una tormenta perfecta en el marco de la política económica y que quedará escenografiada en el Congreso de los Diputados, con el papel principal reservado para la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Todo comenzó con la negociación iniciada con Podemos por el Ministerio de Hacienda hace unas fechas, todavía en marcha pero que ya ha cerrado su primer gran acuerdo: arrebatar al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, la capacidad para vetar cualquier techo de gasto que pueda proponer el Gobierno.
Sin duda, la reforma saldrá adelante: cuenta con los mismos apoyos que respaldaron la moción de censura de Mariano Rajoy. Sin embargo, los plazos son harina de otro costal. Fuentes parlamentarias calculan que la reforma se podrá cerrar, como pronto, en unos dos meses, dados todos los escollos que para ello pondrán tanto el Partido Popular presidido por Pablo Casado - que ha dado la orden a sus senadores y diputados de bloquear todo tipo de medida socialista en el plano económico, con el fin de forzar elecciones - como el de Ciudadanos, que se oponen al cambio.
Esto provocará que la aprobación de la senda de estabilidad y el techo de gasto - que ya va con retraso respecto a los plazos que establece la legislación - indispensables para tramitar los Presupuestos Generales del Estado, no se pueda llevar a cabo hasta, al menos noviembre, lo cual indica que, salvo milagro, no habrá Cuentas Públicas aprobadas este año y se tendrán que prorrogar las de 2018, que fueron diseñadas por el equipo de Mariano Rajoy Brey.
Mientras esto sucede, el Gobierno mantendrá un tira y afloja intenso con Podemos, su principal aliado en el Congreso, para llegar a acuerdos en materia económica. En la negociación no hay más línea roja, que es la de no tocar los impuestos de las clases medias. Esto significa que reclamaciones de la formación morada como eliminar las sociedades de inversión de capital variable (sicav) o las deducciones por los planes de pensiones privados se discutirán a lo largo de septiembre. De hecho, ya se explora una subida del IRPF a las rentas de más de 150.000 euros y hay un acuerdo implícito para la creación de nuevos tributos, como el de la banca, y aumentar el Impuesto de Sociedades.
Protesta catalana
La creación de nuevos impuestos y la subida de otros es vital para los planes de Sánchez de incrementar el gasto social en apartados como las pensiones. De hecho, la recaudación del Estado con ellos subiría aproximadamente unos 7.650 millones de euros. La batalla parlamentaria para lograr su aprobación empieza, también, este mismo septiembre, y si bien es verdad que el Gobierno ya cuenta con el apoyo de Podemos para muchos de estos tributos, otros grupos, indispensables para lograr la correspondiente tramitación parlamentaria (y también la de los Presupuestos Generales del Estado), muestran su negativa
Este es el caso del PDeCAT. Los catalanistas ya han dejado caer que no están de acuerdo con las subidas impositivas, máxime cuando no se ha contado con ellos para su impulso y desarrollo, al menos por lo pronto. Han mostrado su rechazo a incrementar el IRPF a los contribuyentes con salarios elevados y a la subida del Impuesto de Sociedades. En cambio, el Ejecutivo sí que puede contar con su apoyo para la tasa Google, el impuesto de transacciones digitales, que irá dirigido a gravar la publicidad online y la venta de datos generados con información proporcionada por usuarios.
Por su parte, el PNV todavía no ha dado a conocer su postura en las cuestiones impositivas. Silencio absoluto entre los nacionalistas, cuyos portavoces solo rompen en contadas ocasiones para dejar clara su voluntad para negociar.
