
Venezuela ha estado la última semana en un limbo después de la aplicación de un paquete de medidas económicas con todos los ingredientes para ahondar la crisis de ese país, que está causando una de las mayores olas de migración de América Latina. Desde el 20 de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro ejecutó una reconversión monetaria que le restó cinco ceros al bolívar y lo devaluó un 96%; multiplicó por 35 el salario mínimo; aumentó el pasaje en transporte público 10 veces; subió el IVA, la gasolina, los alimentos y arreció los controles de precios con inspecciones de la policía en los comercios. El bucle de la crisis se eterniza, advierten los analistas, porque no hay suficiente efectivo en las calles.
Con una inflación de un 1.000.000% proyectada por el Fondo Monetario Internacional, reina la escasez de billetes. Por regulación, un venezolano solo puede retirar del banco 10.000 bolívares fuertes al día, es decir, 0,1 bolívares soberanos (Bs.S, la nueva expresión de la moneda local), menos de lo que costaba este viernes una taza pequeña de café en Caracas, unos 0,15 Bs.S. Los nuevos billetes comienzan a circular a cuentagotas.
A los empresarios los tomó por sorpresa el anuncio del presidente de llevar el sueldo mínimo de alrededor de 50 BsS a 1.800 BsS, unos 20 euros según la tasa del mercado negro de divisas. A lo largo de la semana imperó el desconcierto: algunos comerciantes no abrieron sus negocios por la imposibilidad de pagar el aumento de salarios en la próxima quincena y muchos trabajadores se preguntaban si para finales de mes seguirían teniendo empleo, especialmente los informales, como conserjes o vigilantes.
Nóminas de las empresas
El gobierno, por su parte, ofreció pagar por los próximos tres meses las nóminas de las empresas que quisieran plegarse a la medida, pero dirigentes sindicales han advertido de que solo lo pagarán a los trabajadores que tengan el Carné de la Patria, una identificación con la cual se tiene acceso a alimentos con precios regulados y otros servicios del Estado, y que ha sido denunciado por la discriminación política a la que somete a quienes no lo tienen.
"En esos tres meses el sector privado tendría que haber subido los precios de bienes y servicios para poder pagar esas nóminas. Sin embargo, a los que no van a tener ayuda del Estado se les hará inviable y tendrán que empezar a aumentar los costes hoy, pero no hay masa monetaria para que la gente pueda comprar a esos precios", asegura Henkel García, director de la asesora financiera Econométrica.
Controles de precio
Los controles de precio se han endurecido. Funcionarios y policías han inspeccionado comercios de la capital y del interior del país, que han terminado con la detención de al menos cuatro empleados de supermercados, acusados de remarcar precios de productos regulados. "Los anaqueles de los comercios ya se están vaciando, la gente entiende que la reposición de inventarios va a ser complicada y por eso están nerviosos tratando de convertir en bienes los pocos bolívares que tienen", agrega García.
Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, afirmó en una entrevista con Circuito Éxitos que al gobierno le falta liquidez y credibilidad para que las medidas permitan una estabilizar al país. Desestimó las promesas del gobierno de dejar de imprimir bolívares para costear sus gastos, una acción que ha alimentado el déficit y la escalada de precios.
La hiperinflación y la escasez tienen en jaque a la población. Pocos tienen acceso a dólares para venderlos a la tasa del mercado paralelo y así obtener más bolívares con los que enfrentar la constante alza de precios. Mientras, los que ganan en bolívares ven desaparecer su salario de un mes en, por ejemplo, un kilo de tomates. La crisis que ha expulsado a millones de venezolanos hacia los países vecinos amenaza con profundizarse. Colombia, Brasil, Perú y Ecuador han recibido la mayor cantidad de venezolanos, una ola de 2,3 millones de personas según los cálculos de la Organización de Naciones Unidas.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarri, ha dicho que la mayor parte de los emigrados aseguran que la falta de alimentos ha sido la principal razón de su marcha.
La peregrinación -a pie y en autobuses- de venezolanos hacia los países vecinos comienza a generar brotes xenófobos. Los gobiernos de Ecuador y Perú lanzaron nuevos requisitos de pasaporte (un venezolano puede esperar más de dos años por ese documento) y de entrada fronteriza, así como cambios en los permisos de permanencia temporal. La ONU está organizando un equipo especial para que la región pueda responder a esta crisis y ha pedido más apoyo de la comunidad internacional para los venezolanos y para quienes los están recibiendo. En Caracas, no obstante, el gobierno niega que exista una crisis humanitaria.