El sonoro no de las autonomías que gobierna el PP, Canarias, Ceuta y Melilla a los nuevos objetivos de estabilidad que propone el Gobierno de Pedro Sánchez anticipa un más que probable veto de este partido al techo de gasto en el Senado. Si bien la formación, inmersa estos días en su particular Congreso y dividida en dos facciones, no adelanta su posición, lo cierto es que ha actuado con gran unidad en el Consejo de Política Fiscal.
Castilla y León lideró el jueves la oposición unánime de las comunidades del PP a la relajación del objetivo de déficit para las autonomías, que pasa del 0,1 al 0,3% para 2019. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, es clara: "No queremos más deuda, sino una solución a la infrafinanciación de las administraciones regionales, porque la ampliación del déficit se traducirá en el pago de más intereses. Necesitamos ingresos", resume, apoyada por otras consejerías como las de Galicia y Madrid.
Para Castilla y León la posición del Ejecutivo es un A"frivolidad". Del Olmo recuerda a Pedro Sánchez que cuando estaba en la oposición exigió a Rajoy la aprobación del nuevo modelo en un mes, por lo que tiene tiempo suficiente "si dice que va a gobernar dos años" para sacarlo adelante.
En la misma línea reprocha a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el cambio de posición, ya que defendió como consejera andaluza la reforma del modelo, "algo sobre el que hay consenso de muchas comunidades".
Valencia se sale del guion
La Comunitat Valenciana dio la sorpresa durante la sesión, rompiendo la unidad de voto de las autonomías gobernadas por el PSOE. Su abstención, según se explicó desde el Gobierno valenciano, viene marcada por una doble justificación.
Por un lado, la Generalitat Valenciana mantiene su petición de abordar, de forma urgente, la reforma de la financiación autonómica, frente a los "parches" como la relajación del déficit máximo -que supondrá, en el caso valenciano, unos 220 millones de euros más de posible endeudamiento- o la renegociación de deuda que vence a corto plazo. "Aplaudimos el nuevo talante y la intención de cambiar la distribución de recursos, pero el 0,3% es claramente insuficiente", subrayó el conseller de Hacienda, Vicent Soler.
Por otro lado, fue el "punto neutral" entre los dos partidos que conforman el Consell, PSPV -dispuesto a votar a favor, junto al resto de regiones socialistas- y Compromís, que quería un voto en contra, quien arrojó la abstención valenciana. "Es el punto de encuentro", afirmó la vicepresidenta, Mónica Oltra.
Tanto Soler como Oltra valoraron positivamente la disposición de Sánchez a iniciar la negociación política sobre el nuevo sistema de financiación en septiembre, tras el portazo inicial del discurso de investidura, que sorprendió a propios y extraños. Soler destacó, asimismo, la voluntad manifestada por el Ejecutivo central de hacer esfuerzos hacia la armonización fiscal entre comunidades, algo por dilucidar en el futuro modelo con Sucesiones en el horizonte.
Cataluña, otra crítica más
La portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, ha celebrado que las dos décimas adicionales de déficit para las autonomías en 2019 ayudarán a la configuración de los Presupuestos catalanes, con un margen adicional de 400 millones. Pero las aspiraciones ideales del Ejecutivo autonómico eran mayores, ya que antes de la flexibilización del objetivo para el conjunto de administraciones españolas -estatal, regionales y locales-, el vicepresidente catalán y consejero de Economía, Pere Aragonès, ya abogó por un límite del 0,4%, resultante de aplicar el reparto de manera proporcional al gasto de cada nivel de administración, que en el caso de las autonomías es un tercio del total.
Con esta premisa, el nuevo objetivo para las regiones en 2019 debería ser del 0,6%, lo que en el caso de Cataluña supondría 1.000 millones más de margen respecto al 0,1% fijado hasta el anuncio ratificado el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que Aragonès, por cierto, no quiso asistir.