Un país de primera, necesita una sociedad de bienestar de primera" es el lema favorito de Pedro Sánchez, que su Gobierno adopta sin rechistar.
Los sindicatos y la patronal firman una subida salarial del 2 por ciento, que puede llegar al 3 por ciento con incrementos de la productividad en presencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y de su antecesora, Fátima Báñez; la titular de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia un alza de Sociedades hasta el 15 por ciento, así como un gravamen a la banca para financiar las pensiones, como adelantamos aquí la semana pasada. Montero esgrime que antes de la crisis se recaudaban 44.000 millones en Sociedades, aproximadamente el doble que en la actualidad. Pero ello se debe a las pérdidas acumuladas en los años de la crisis, que se deducen de los resultados actuales. Si esta deducción se suprime, se atentará contra la seguridad jurídica.
Si la subida de tipos de interés que se perfila en el horizonte se suma al incremento del resto de los costes, la competitividad de las empresas españolas sufrirá un duro golpe en el futuro inmediato.
Es incomprensible que nadie en la patronal levante la voz para denunciarlo y solicitar que, al menos, una parte de los 4.000 millones adicionales que se piensa recaudar se destine a rebajar las cotizaciones sociales.
Ni rastro de aliviar la carga fiscal al empleo. Todo lo contrario, ya que el destope de las cotizaciones sociales más elevadas volverá a encarecer el coste del trabajador.
El PP, inmerso en la batalla de las primarias en busca de un sucesor de Rajoy, tampoco abre la boca. ¿Y Ciudadanos?, ¿dónde está Cs en este asunto? Los de Albert Rivera navegan en tierra de nadie, como suele ser ya habitual.
Su posición será decisiva, ya que la medida no podrá salir adelante solo con el apoyo de PSOE, Podemos, ERC o PNV. El partido naranja se lamenta de que las grandes empresas tributan muy por debajo del resto y tampoco hacen ascos a un gravamen a la banca.
Montero quiere incluir ambas subidas en los Presupuestos de 2019. La ministra de Hacienda necesita ese dinero para sufragar las pensiones. Sólo este año y el que viene su coste aumentará en 5.000 millones. Una carrera insostenible de financiar más allá de 2020. Pero aquí nadie piensa a medio o largo plazo.
El PP fue quien introdujo la actualización de las jubilaciones al IPC y ahora guarda silencio, al igual que Ciudadanos. La proximidad de las municipales y autonómicas aplazará la resolución del problema hasta la próxima legislatura, como ocurre con la financiación autonómica. Si Hacienda no encuentra apoyo en el Parlamento para su subida de impuestos, cargará contra el resto de partidos y pedirá el voto a sus seguidores.
Entretanto, todos los ojos están puestos en la cita de este lunes entre Torra y Sánchez. El presidente del Gobierno se dispone a ofrecer un alivio de la deuda (unos 77.000 millones, el 70 por ciento de sus débitos, fueron asumidos por el Estado). La oferta fue cocinada por Cristóbal Montoro para cuando se abriera la etapa negociadora. Sánchez también se comprometerá a estudiar las reivindicaciones económicas que plantea Torra: unos 4.000 millones de gasto diferido en in-fraestructuras y otros 2.000 millones en di-versas partidas, sobre todo para dependencia. El Estado adelanta ya unos 10.000 millones anuales a Cataluña a través de Fondo de Liquidez (FLA).
Pero el mayor escollo reside en el asunto de la independencia, cuya proclamación fue ratificada por la Cámara autonómica esta semana y será recurrida por el Gobierno. El presidente será firme en contra de ella, así como sobre la celebración de un referéndum, porque más del 90 por ciento de sus votos proceden del resto de España. Sin embargo, sí será receptivo a modificar la Constitución para buscar un encaje a Cataluña, dentro de una nueva estructura de Estado.
El Gobierno está preocupado por cómo presenten el mensaje los medios para no dañar las expectativas electorales de los barones socialistas. Eso explica que Sánchez se asegurará el control de RTVE, así como el de la agencia Efe, los dos principales medios de comunicación públicos.
Es vergonzoso que Pedro Sánchez, que antes de llegar a Moncloa presumía de ser un adalid de libertades como la de expresión, haya encabezado el puchero para controlar RTVE, con la excusa de que no hay consenso para celebrar unas elecciones internas que elijan al presidente y de que se trate de una solución temporal.
P.D.- En el flanco internacional se abren algunos claros. La victoria de López Obrador en México fue bien acogida después de que éste se reuniera con los empresarios para calmarlos. Las inquietudes se centran en una revisión de las licitaciones del Gobierno anterior, entre las que estaría la del nuevo aeropuerto de la capital, otorgado a un consorcio liderado por Carlos Slim. El hecho de que las cuentas públicas estén muy saneadas, con un déficit público por debajo del 2 por ciento, da tranquilidad a los inversores.
En paralelo, Trump comienza a dar marcha atrás en el temido arancel del 20 por ciento a los automóviles europeos, después de que los dos gigantes de su país, General Motors y Tesla, advirtieran del impacto negativo para sus cuentas. La filtración de que Washington y Bruselas negocian la supresión total de los aranceles al automóvil impulsó esta semana las bolsas de ambos lados del Atlántico.
El foco de la guerra comercial se traslada así al Pacífico, donde los líderes americano y chino emprendieron una escalada de sanciones mutuas. Trump amenaza con imponer trabas a los productos chinos por medio billón de dólares anuales hacia fin de año. Pero nadie cree que llegue a ejecutarlo.
Se espera que antes China acceda a suprimir trabas por decenas de miles de millones para lograr un acuerdo. En este sentido, el primer signo de distensión por parte de Pekín fue detener la caída del yuan, que favorece las exportaciones de su país. De momento, se cree que el impacto estaría limitado a ambos países, ya que el porcentaje afectado sobre el comercio mundial es muy pequeño.
