El triunfo de Manuel López Obrador en México supone un nuevo reto para las empresas españolas. Aunque el nuevo presidente no tomará posesión de su cargo hasta dentro de seis meses, el populista ha mantenido históricamente un tono combativo contra las empresas extranjeras, especialmente en el caso de la banca, de las energéticas y de algunos proyectos de inversión en infraestructuras, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM).
Si se produce un cambio de política negativa hacia las empresas extranjeras por parte del nuevo gobierno puede suponer un duro golpe para las compañías españolas, que cuentan con importantes intereses en el país. Solamente las más grandes generan cerca de 19.000 millones de euros en ingresos; con BBVA y el Santander a la cabeza, que generan en el país azteca un total de 7.080 y 3.480 millones de su margen bruto.
En el sector energético son Iberdrola y Naturgy las que exponen más ingresos, que generaron el año pasado en México ventas por 2.617 y 1.455 millones, respectivamente. Mapfre y Telefónica cierran el grupo de grandes empresas españolas cotizadas que se juegan en el país ingresos por encima de los 1.000 millones de euros. Proporcionalmente, no obstante, la mayor exposición es la de BBVA, que es la única gran compañía española que expone más de un 10% de sus ingresos al país.
Iberdrola es el primer generador privado de México. Tiene allí 6.427 megavatios (MW), de los que 5.900 MW son ciclos combinados de gas y cogeneración y el resto renovables. De acuerdo con su Plan Estratégico 2018-2022 Iberdrola quiere invertir en México unos 2.400 millones, con los que sumará 2.000 MW más y producirá alrededor del 20% de la electricidad consumida por el país. Actualmente construye cuatro ciclos combinados y cuatro instalaciones renovables. López Obrador ha prometido durante la campaña varias medidas energéticas de corte nacionalista que amenazan un volumen de inversión que, según el propio Gobierno, puede superar los 140.000 millones de euros.
Entre las promesas más relevantes del populista está detener las exportaciones de hidrocarburos hacia 2022, congelar la inversión privada en el sector o revertir la reforma energética -previa consulta popular- que abrió el sector petrolero a las empresas foráneas, además de revisar los contratos de exploración y producción del subsuelo que otorgó el Gobierno saliente de Peña Nieto, con validez de 25 a 30 años. En principio, parece claro que no se van a licitar lotes exploratorios en el Golfo de México alrededor península de Yucatán, que ya fue excluida de las subastas hasta que se analizase con detalle el impacto ambiental.
El 'ladrillo', pendiente
Las grandes constructoras españolas tienen en México uno de sus principales nichos de actividad. Sobre todas ellas destaca ACS. El país azteca emerge como el sexto mercado por ventas para el grupo que preside Florentino Pérez, con 946 millones de euros en 2017. El grueso de esta facturación corresponde a la división de servicios industriales.
Hasta hace apenas dos meses, OHL tenía en México su primer mercado, pero tras la venta de su filial OHL Concesiones -propietaria de la cotizada OHL México-, el grupo de la familia Villar-Mir limita su presencia al negocio de construcción, con obras como la de la Autopista Atizapán-Atlacomulco. Además, cuenta con el desarrollo de la Ciudad Mayakobá, aunque está en proceso de venta.
Mientras, México se erige en uno de los mercados en los que Sacyr está recabando más éxitos en los últimos tiempos, con destacadas obras de hospitales y carreteras. Selló su desembarco en el país azteca el año pasado en el negocio de concesiones, con la gestión de la autopista Pirámides-Tulancingo-Pachuca. También su filial Valoriza desarrolla proyectos en agua.
En cuanto a Acciona, México figura como el segundo mercado en el área de energía, con una capacidad instalada eólica de 641 megavatios (MW). Asimismo, ha iniciado la construcción del complejo fotovoltaico Puerto Libertad, con 180 MW. En el área de infraestructuras, el grupo se adjudicó en un consorcio junto con FCC el principal contrato del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con una inversión de cerca de 3.900 millones. La vinculación de FCC con México va más allá, toda vez que su accionista de control es el magnate azteca Carlos Slim.
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