Se acabó la fiesta. El dato de inflación de mayo, que reflejó un incremento de precios del 2 por ciento, anticipa el fin de un periodo de 4 años marcado por grandes vientos de cola para España. El triple efecto de IPC casi nulo, petróleo barato y tipos de interés al 0 por ciento comienza a desdibujarse para un país que ha logrado reducir desequilibrios macroeconómicos olvidándose de uno: la deuda pública, cuya refinanciación puede convertirse en una bomba de relojería si, como parece, el interés de los bonos españoles inicia el camino de la normalización y repuntan.
A este escenario de fin de ciclo se le suma una compleja situación geopolítica, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tensando a los mercados con sus cambios de opinión constantes en materia de comercio internacional; y con Italia sacudiendo las bolsas y las primas de riesgo periféricas por la situación de desgobierno y el avance de los partidos euroescépticos.
Los precios van a más
La presión inflacionista de este mes ha venido determinada por la subida de los precios de los carburantes, frente a la bajada que experimentaron en 2017, así como por el alza de los precios de la electricidad, según Estadística, que confirmará el dato en dos semanas.
En un país como el nuestro, que importa prácticamente el cien por cien del petróleo que consume, no pasa desapercibido el subidón del barril de Brent hasta los 80 dólares tras la precipitada ruptura del acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán por parte de Trump. Aunque la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, negó ayer que el encarecimiento del crudo esté afectando a nuestro déficit comercial, sí admitió que "nunca es buena noticia".
Así lo advierten los analistas, que señalan a la senda alcista del oro negro como uno de los principales riesgos para la economía española, más en un contexto de volatilidad en los mercados, pendientes de la inestabilidad política en la Unión Europea -en Italia y España, en particular- que viene arrastrando a las bolsas del Viejo Continente.
Para el economista Javier Santacruz, "la sorpresa inflacionista es el primer aviso del encarecimiento de los costes energéticos", que, recuerda, "pesan en torno a un tercio en el IPC". A la espera de los datos oficiales, Santacruz augura que "vamos a ver más inflación por la subida de los precios de los paquetes turísticos y algo de desaceleración en el sector servicios a partir de julio".
La inflación al 2 por ciento provocará, en el corto plazo, el encarecimiento de facturas, especialmente las luz y electricidad. Y ello, obviamente, dejará menos dinero disponible para las familias españolas, con el consiguiente impacto en el consumo, en el empleo, y en último término, en el PIB.
No andaba desencaminado el Gobierno cuando, el mes pasado y en su programa de estabilidad remitido a Bruselas, reconoció que un encarecimiento del petróleo podría motivar una menor expectativa de avance económico. Tanto es así que, calculando un barril a 75 dólares sostenido en el tiempo, se auguraba un incremento del producto interior bruto de apenas el 1,9 por ciento, muy lejos del 2,7 por ciento que ve plausible el Ejecutivo para el conjunto de este año.
El mayor problema, según los expertos, es el de que ese escenario gana enteros porque la inflación ha vuelto para quedarse.
La deuda, el gran fantasma
El aumento de precios a raíz del encarecimiento del petróleo es un fenómeno que está afectando a toda Europa y sirve en bandeja al Banco Central Europeo (BCE) el cumplimiento de su ruta de ir retirando estímulos poco a poco para comenzar a subir los tipos de interés el próximo año.
Esta situación cogerá a España con un 96,8 por ciento de deuda en el mejor de los casos. En torno a 1,19 billones de pasivo si se cumple el supuesto del Ejecutivo de lograr la reducción mencionada. Por ahora, los datos le desmienten, pues el Banco de España sigue reflejando en sus estadísticas un volumen de deuda cercano al 99 por ciento del PIB, prácticamente similar al de un año antes por el dinero dedicado a los fondos de las comunidades autónomas y al préstamo de las pensiones -que, además, subirá este año un 50 por ciento, hasta superar los 15.000 millones de euros-.
Nuestro país, como advierten en sus informes el FMI, Bruselas y la OCDE, se convertiría de nuevo en "vulnerable" si suben los tipos y, en consonancia, los intereses de las emisiones de deuda. La presión sobre el Presupuesto público subiría, dejando menos margen para cumplir la agenda prevista en materia de protección social; y haciendo necesarios nuevos ajustes para seguir respetando el déficit.
