El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) mantiene los plazos previstos para su aprobación, pese a la moción de censura contra el Gobierno presentada por el PSOE, que no altera el calendario de las cuentas públicas. El Senado recibirá este martes el texto del proyecto de Ley, tras su aprobación en el Congreso, con la previsión de que el proceso quede finiquitado menos de un mes después, previsiblemente el 19 o 20 de junio.
Desde el momento en que entre en vigor el presupuesto recién aprobado en el Congreso, España dedicará al mes más de 9.000 millones de euros a pagar pensiones. Ya dedica a ellas más del 40% del gasto y el porcentaje no hará más que aumenta en los próximos años. Y la demografía apunta a que mientras el gasto crecerá sin parar, sin reformas, los ingresos lo harán más despacio. Pero eso es una guerra a largo plazo.
Pero a corto, los pensionistas han ganado la batalla. Tras varias semanas manifestándose en las calles han conseguido que los próximos presupuestos incluyan una subida del 1,6%. Y también en 2019. La presión del PNV fue definitiva y el Gobierno aceptó. No sólo eso: también retrasó la aplicación del llamado factor de sostenibilidad, que rebajaría la pensión inicial en función de la esperanza de vida, hasta 2023 en lugar del próximo enero, como estaba previsto. Por si esto fuera poco, el PP ha reconocido hoy lunes que se muestra abierto a suprimir este factor. Visto así parece claro que los pensionistas han ganado la batalla, pero la guerra podría ser mucho más larga y no está claro cuál podría ser el resultado.
Bruselas ha llamado la atención a España por esta subida de pensiones y, sobre todo, por retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad. Unas medidas que en estos dos años podrían suponer unos 5.000 millones adicionales de gasto, algo que una economía que crece al 3% se puede permitir, pero que, según BBVA Research, si se consolidan podrían elevar su coste hasta los 40.000 millones.
En un escenario así, y con una demografía poco halagüeña, todos coinciden en la necesidad de hacer reformas, pero a nadie le interesa sentarse a negociarla. El año que viene coinciden elecciones municipales, europeas, autonómicas en 14 comunidades y, quién sabe, igual también generales y catalanas otra vez. Si implantar la reforma aprobada en 2012 con mayoría absoluta ha sido imposible ya este año, ¿a quién le interesará hacer nuevas reformas que innegablemente significarán ciertos recortes?
Los partidos deberían estar debatiéndolo, como prometieron, en la Comisión del Pacto de Toledo. Deberían afrontar una nueva reforma de pensiones, que sería la tercera que se aprueba en poco más de un lustro (aunque la de 2013 sin factor de sostenibilidad, ni índice de revalorización queda ciertamente descafeinada), pero andan con pocas ganas. De momento, no parecen tener muchas ganas de afrontar el futuro de las pensiones porque la comisión lleva más de un mes sin reunirse y no hay convocatorias a la vista.
Por el momento, esta parálisis se puede asumir en un entorno de fuerte crecimiento y bajos tipos de interés, pero ¿cuánto durará la tranquilidad? Para financiar el déficit creciente de la Seguridad Social, el Tesoro tendrá que colocar unos 20.000 millones de euros al año hasta 2020. Con sus respectivos intereses como coste para todos los españoles. Y todo ello si las cuentas van según lo previsto que la AIReF advierte de que el crecimiento previsto de las cotizaciones sociales podría pasarse de optimista.
La revalorización extra de este año y el próximo hace que, según los cálculos de la AIReF, el gasto vaya a subir entre un 4 y 5% anual tanto este año como el próximo. A partir de 2020, la subida se "normalizaría" hasta el 3% y el Gobierno espera poder cubrirlo con los 20 millones de ocupados que espera en el conjunto de la economía. Pero no hay un plan B. ¿Qué pasará si no se cumplen estas previsiones?¿O si la inflación repunta más de lo esperado? ¿O si los tipos suben más de lo previsto y ponen en aprietos al Tesoro? Quizá entonces, con las elecciones ya olvidadas, alguien se atreva a hablar de reformar las pensiones.
