"Aquí yace la Reforma de las Pensiones de 2013, sacrificada por los Presupuestos Generales del Estado de 2018, para garantizar la gobernabilidad de España hasta 2020". Podría ser el epitafio de la tumba de una de las modificaciones legislativas más relevantes de la última década en nuestro país, cavada por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el mismo que le dio vida hace casi cinco años.
Pala en mano, el jefe del Ejecutivo recibió el martes en La Moncloa al presidente del PNV, Andoni Ortuzar. En ese encuentro se iba a fraguar un acuerdo en el que los nacionalistas vascos iban a condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 a dos cuestiones: por un lado, a una subida generalizada de las pensiones y, por otro, a la resolución de la crisis política catalana. Fue una reunión "complicada y tensa", en boca de Ortuzar, que implicó dos consecuencias políticas: "Ganamos tiempo para Cataluña y evitamos que Ciudadanos llegue a La Moncloa en otoño", aseguró el mandatario vasco.
Con las miras puestas en mantenerse en el Gobierno hasta agotar la legislatura en 2020, la primera palada la dio Rajoy al conceder en la negociación un incremento de todas las pensiones en línea con el avance previsto para la inflación tanto este año como el que viene. El PNV logró así arrancar al presidente del Ejecutivo lo que hasta ahora no habían conseguido los miles de pensionistas que llevan meses manifestándose en las calles de toda España en contra de la subida inicialmente aprobada para 2018, del 0,25%, el mínimo legal.
Enterraba así el líder de los populares una de las medidas clave que introdujo la reforma de las pensiones de 2013, y que tanto rechazo ha generado durante los últimos años por parte de los jubilados, la oposición y los sindicatos. Echaba al hoyo lo que hasta ahora había defendido como principal garantía de la sostenibilidad del Sistema: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), una compleja fórmula que establece aumentos mínimos del 0,25% en momentos en los que la Seguridad Social gaste más de lo que ingresa, situación que se viene dando durante los últimos siete años, hasta cerrar el pasado ejercicio 2017 con un agujero de 18.800 millones de euros.
La segunda palada sirvió para enterrar -hasta su exhumación dentro de cinco años- el denominado Factor de Sostenibilidad, que debía entrar en vigor en 2019 y ahora se retrasará hasta 2023. Se trata de un instrumento cuya finalidad es adecuar el Sistema de las pensiones a una sociedad en la que, afortunadamente, cada vez se viven más años. De manera simplificada, lo que hace este parámetro es rebajar progresivamente la cuantía de la pensión para que la caja de la Seguridad Social pueda soportar el incremento de la esperanza de vida.
Quedaban así bajo tierra los cambios legislativos más relevantes del año 2013. Enterrados, aunque no muertos de facto, tras un acuerdo político que sienta un peligroso precedente para la consolidación fiscal de la economía española. La marcha atrás a cinco años de reforma complica la gestión en este ámbito de un futuro Gobierno, que, ante el déficit crónico del Sistema, se verá en la difícil tesitura de tener que decantarse entre la impopular decisión de subir las pensiones por la mínima legal del 0,25% o mantener la indexación a la inflación, asumiendo un coste que amenaza con repuntar de manera considerable en las décadas venideras.
Así lo han venido advirtiendo desde numerosos organismos e instituciones de prestigio: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que indexar las pensiones al Índice de Precios de Consumo (IPC) supondría un coste de más de 7.000 millones de euros en 2023 y de más de 12.000 millones en el año 2030.
Solo con el impulso de todas las prestaciones aprobado para este año, del 1,6% -tendrá carácter retroactivo desde enero-, y para 2019, el gasto en pensiones se incrementará en más de 3.000 millones de euros. A los que hay que añadir los casi 4.000 millones extra que la Seguridad Social debe dedicar cada ejercicio a cubrir las nuevas jubilaciones y a mejorar las condiciones de los recién retirados.
Paralelamente, en el entierro de la reforma de 2013, PP y PNV pactaron una sensible mejora de las pensiones de viudedad. Hasta ahora estaba contemplado que la base reguladora pasase del 52 al 54% este año, cuando se acelerará finalmente al 56%, para alcanzar el 60% en 2019.
Viraje en cuestión de días
"Me veo obligado a pedir a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto, porque es fácil pedir que se suban las pensiones, pero si luego no hay recursos para ello, estaremos tomándole el pelo a la gente". Son palabras salidas de la boca de Rajoy el pasado mes de febrero, cuando el Gobierno todavía defendía que ligar las pensiones al IPC era cosa del pasado, e inviable.
Pero no solo al presidente se le ha pillado en un renuncio. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, consideró que con la propuesta de PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCat de actualizar las pensiones de acuerdo al coste de la vida, "no vamos a ningún lado". "Es una visión anticuada", apostilló.
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, simplificó la indexación a los precios como "una mala idea" e insistió en el error que sería abrazar esta propuesta: "Lanzar este debate es populismo puro y duro", zanjó.
Por aquel entonces, hace apenas unos días, el Gobierno todavía escuchaba las advertencias de instituciones como el Banco de España. El propio gobernador, Luis María Linde, auguró "difícil" que las cuentas públicas puedan hacer frente a una vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC.