El ansia del presidente del Gobierno por lograr el apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018 le ha llevado a hacer una concesión que no solo tumba de facto la reforma de las pensiones que aprobó en 2013 -al ligar la subida de las prestaciones a la inflación y retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023-, sino que condena la sostenibilidad de la Seguridad Social en un momento en el que el mercado laboral cuenta con el máximo histórico de 16,1 millones de inactivos y una tasa de actividad del 58,46%, el nivel más bajo de los últimos doce años.
Con frecuencia, el análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) se centra en dos colectivos: parados y ocupados. Pero resulta fundamental fijarse en la tendencia de la suma de ambos, los activos, y de su opuesto, los inactivos. Sobre todo, porque de los primeros dependen los ingresos por cotizaciones que pagan las pensiones, y no han hecho más que menguar en los últimos cinco años, hasta situarse en 22.670.300 personas en el primer trimestre. Y porque los segundos no aportan al sistema, al no estar ocupados ni buscando empleo, pues aquí se incluyen estudiantes, amas o amos de casa, incapacitados... y también, jubilados.
Según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro se ha reducido en 458.900 personas en el último año, pero el empleo se ha incrementado sólo en 435.900 personas, debido a que la población activa ha disminuido en 23.000 personas.
El primer trimestre del año cerró con 124.100 ocupados menos que el anterior, si bien la mayor parte, 94.700 personas, decidieron no buscar trabajo y abandonaron la población activa. Al mismo tiempo, los inactivos aumentaron en 158.000 personas respecto al cierre de 2017.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, consideró este que los datos de la EPA muestran que España va "en la buena dirección" para cerrar "la peor de las heridas" de la crisis. Sin embargo, los analistas advierten de que el incremento de la esperanza de vida es una buena noticia, pero representa un reto importante para el sistema de las pensiones.
Las proyecciones del INE dibujan una España en la que, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en torno al 19%, superará el 25% en 2031 y el 34% en 2066.
El envejecimiento de la población, el consecuente incremento de los inactivos y el descenso paulatino de la población activa plantea una problemática para el mercado laboral que "requiere de un esfuerzo importante por parte del Gobierno", considera el presidente del IMF Business School, Carlos Martínez. En su opinión, son necesarias políticas que frenen el envejecimiento, atraigan población inmigrante y combatan el desánimo de la gente que abandona el mercado de trabajo por la ausencia de expectativas.
A su juicio, van en la dirección equivocada medidas como la subida de todas las pensiones de acuerdo con una inflación prevista del 1,6%. "Es una falta de responsabilidad por parte del Gobierno y del PNV", les recrimina Martínez, quien considera que "ya íbamos a tener problemas incluso para pagar la subida del 0,25%".
Este jueves conocimos que la recaudación por cotizaciones alcanzó los 28.277 millones de euros hasta marzo, el mejor resultado de los últimos diez años. Sin embargo, recordemos que la Seguridad Social acumula un déficit de 18.800 millones de euros, con una nómina de pensiones contributivas que roza ya los 9.000 millones de euros, con casi 9,6 millones de pensionistas. Todo ello, con un Fondo de Reserva casi liquidado en el que no queda ya ni para una paga extraordinaria.
