El Ejecutivo reitera que entregará al Tribunal Supremo toda la información disponible del 1-O. El 'Govern' abordó la intervención sin aumentar la estructura dedicada a fiscalizar las cuentas.
El Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, lleva meses supervisando factura por factura cada uno de los gastos que se desprenden de la financiación autonómica y del fondo de liquidez FLA, según desvelan fuentes de este Departamento a elEconomista.
Hacienda cree que los pagos a proveedores que revisa el Gobierno desde el 15 de septiembre están debidamente auditados semanalmente, con su concepto específico, y no hay razón para pensar que pueda haber falsificaciones, ya que antes pasan cinco filtros de la inspección general de la intervención de la Generalitat. Cierto es que, a comienzos de mes, Oriol Junqueras, entonces conseller de Economía, se resistió a facilitar semanalmente las facturas pertinentes a Hacienda, aunque al final cedió a regañadientes y bajo la espada de Damocles de los tribunales.
El Gobierno respondió ayer al requerimiento de la Justicia, que por dos veces consecutivas ha sospechado que 1,9 millones de euros del dinero público de la Generalitat, según varios informes de la Guardia Civil, han podido servir para financiar una parte del procés y del referéndum del 1-O.
Moncloa constata la comprobación contable de las facturas, el registro electrónico de las mismas, y desde Hacienda se mantiene que una cosa son las facturas a proveedores, supervisadas por la Generalitat y el Ministerio, y otra bien distinta partidas que podrían ir por otra vía, bajo otro control que se escapa al Estado. No obstante, el negociado Montoro reconoce que puede haber facturas falsas y eso es lo que les ha llevado a este examen exhaustivo y poner a disposición de los jueces la información con la que cuentan. Pero también se admite que es difícil discernir quién ha falsificado facturas, y mucho más si hay connivencia entre algún funcionario de la Generalitat y ciertos proveedores, lo que que de momento descarta el Gobierno de plano.
Entretanto, la Justicia española se refiere a gastos en publicidad, papelería, gastos en observadores internacionales, material electoral o facturas por un call center. Y el ministro Montoro remacha que de su control no se desprende malversación de fondos públicos y que, en todo caso, y si lo hay -mientras la Justicia alemana se plantea rechazar este delito-, si de verdad se utilizó el dinero público, los proveedores serán cómplices.
La Intervención General de la Administración catalana que está ahora bajo la lupa de Montoro es un organismo autonómico dependiente del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, liderado por Oriol Junqueras hasta su cese en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución a finales de octubre. Los pagos de los 13 Departamentos que conforman la Administración autonómica se centralizan en dicha Consejería de Economía y Hacienda y acaban pasando por el filtro de la certificación de la interventora general, Rosa Vidal, que fue nombrada en su cargo en mayo de 2016.
De la Intervención liderada por Vidal depende una Dirección General, a cargo de David Canada, de la que cuelgan cinco intervenciones adjuntas (Fiscalización, Entidades del Sector Público, Contabilidad, Subvenciones y Ayudas, y Sector Sanitario). Esta dirección cuenta con el apoyo de 270 funcionarios repartidos entre los 13 departamentos de la Generalitat, incluyendo a los 26 interventores que centralizan la información y la pasan a la cúpula. A pesar de esta notable estructura, cabe resaltar que la Administración autonómica cuenta con más de 220.000 funcionarios y un presupuesto de 28.310 millones de euros. Con todo, fuentes de la Administración catalana señalan que esta estructura de fiscalización se ha mantenido estable durante los últimos años, a pesar del incremento de la burocracia que ha significado el aumento de la supervisión por parte del Gobierno, iniciado con la Ley de Estabilidad y el FLA en 2012, el "control reforzado" -en la terminología de Hacienda- a partir de 2015 y la intervención primero parcial y luego total de las cuentas autonómicas en 2017.
La certificación de la legalidad de los pagos se hace a partir de una hoja base que sirve también para abonar nóminas o para cualquier pedido. El certificado se envía a Madrid acompañado de una orden de pago a través de un sistema telemático implantado por el propio Ministerio para habilitar la fiscalización. El visto bueno de la Intervención es necesario también para que los bancos que trabajan con la Generalitat permitan los pagos.