La exministra de Economía socialista Elena Salgado ha admitido que el Gobierno de Zapatero forzó la salida de bolsa de Bankia aumentando las necesidades de capital para todo el sector, pero a partir de ahí "actuamos con absoluta independencia" y en "ningún momento" presionamos a los reguladores para su colación y hubo "cero llamadas" a empresas para que acudieran. l Solbes defiende que sus advertencias sobre el boom inmobiliario cayeron en saco roto
"Si hay una persona con cara y ojos que dice que yo le llamé le recomendaría a usted que no le compre ni un coche usado ni un coche nuevo", ha asegurado la exministra durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga el origen de la crisis y el rescate bancario.
Asimismo, ha incidido en que en su época hubo independencia también del Gobierno y los órganos reguladores y ha afirmado que no se inmiscuyeron en las tareas que tenían que hacer. "En mi época hubo una absoluta independencia como marca la ley y además ése es el modelo en el que yo creo", ha puntualizado. "No era una cuestión de nuestra competencia", ha reiterado.
Otro de los puntos polémicos han sido las preferentes. A su juicio, la comercialización de participaciones por parte de la banca entre los inversores particulares "fueron un auténtico abuso". El sector en plena crisis vendió este tipo producto financiero para reforzar capital antes la dudas sobre la solvencia de algunas entidades. La exministra ha calculado que durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Economía se vendieron 4.000 millones, "algo normal por la situación de las entidades".
Ha calificado que el comportamiento de los bancos colocando preferentes entre sus clientes "fue desafortunada" y un "auténtico abuso", pero se ha descargado de responsabilidad explicando que los 4.000 millones vendidos durante su mandato "no dieron lugar a pérdidas porque no se incluyeron en el proceso de reestructuración aprobado por Bruselas.
Intento de defensa del Plan E
La exministra socialista ha justificado que el Plan E aprobado fue una medida "de choque" que "amortiguó" la destrucción de empleo algunos meses y que sirvió para dar servicios públicos y facilidades a personas discapacitadas. Salgado ha criticado a los que dicen "con frivolidad, que las obras no sirvieron para nada", y ha señalado que al menos se destinaron 500 millones de euros a hacer accesibles muchísimos centros de España y dar facilidad a personas discapacitadas.
Salgado ha respondido así a la pregunta del diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre que ha criticado duramente el Plan E, al considerar que no fue efectivo a la hora de atajar la crisis ni para incentivar el empleo, ya que se dedicó un presupuesto a obras que no eran del todo necesarias.
La exministra ha explicado que este plan fue una medida de choque temporal que retrasó la destrucción de empleo y que se llevó a cabo ante la petición del G20 de que se destinara entre el 1,5 % y el 2 % del PIB a medidas de estímulo temporal. "Examinemos las circunstancias en las que se puso en marcha", ha pedido a De la Torre.
Ha recordado que el déficit se reduce en 2010 y se elige esa medida porque son proyectos de infraestructuras que tienen menor intensidad de empleo por su falta de cualificación y exige un tiempo corto de diseño, además de que se trata de la mano de obra que se destruyó en la primera fase de la crisis.
"Las medidas tenían que ser inmediatas", ha afirmado tras argumentar que alguien pudo haber visto la crisis en 2010, pero la de 2011, yo no conozco a ninguna que la viera", ha puntualizado. Salgado ha reiterado que pensó que el Plan E pararía "el golpe del año 2009".
Proteger al país del rescate
Salgado tuvo que enfrentarse durante dos años y medio (2009 a 2011) a la crisis económica más grave de los últimos setenta años, y que las medidas que adoptó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentaron proteger el desempleo y las prestaciones sociales.
Ha explicado que los objetivos prioritarios durante el mandato de Zapatero fueron limitar el coste para el erario público de los recursos requeridos para ayudar a las entidades financieras en crisis, sostener los servicios públicos y el Estado de Bienestar y afrontar la crisis conjuntamente con el resto de gobiernos europeos.
"Proteger a España de un rescate, que como sucedió en otros países europeos, habría tenido efectos desastrosos para la población y comprometido nuestro futuro como país", ha indicado que fue objetivo principal.
Salgado ha señalado que "en parte lo logramos y en parte no, porque las circunstancias no pudieron ser más adversas", y ha admitido que "sería insensato mostrar satisfacción". "Deseo pensar que en alguna medida contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".
España cayó contagiada por la crisis de deuda
Salgado ha recordado que al inicio de 2010, en el primer trimestre el PIB empezó a crecer y la prima de riesgo estaba por debajo de los 100 puntos básicos.
"Fue en este contexto cuando estalló la situación griega", ha dicho tras aludir a la reacción de los mercados financieros internacionales ante el déficit público griego de más del 15 % que motivó posteriormente el rescate. Ha explicado que las complicadas negociaciones y la falta de credibilidad del programa acordado con Grecia extendieron la desconfianza hacia Portugal, Irlanda y España, que vieron aumentar sus primas de riesgo.
"Precisamente, este fue uno de los primeros hitos que generaron la perniciosa interrelación entre la deuda pública y la situación de las entidades financieras, ya que el potencial rescate de un país implicaba un aumento de los intereses que obligaba a acentuar recortes en resto de partidas públicas", ha puntualizado.
Salgado ha indicado que el rescate de uno de los mayores bancos irlandeses, que había superado con buena nota los test de resistencia de julio de 2010, volvió a sembrar la desconfianza.
El coste social del 135 fue nulo
Para Salgado, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que supuso dar prioridad al déficit y a las cuentas saneadas, que se acometió en 2011 tuvo un coste en términos sociales "nulo" en comparación con las alternativas planteadas por las autoridades monetarias.
"La decisión adoptada fue, de nuevo, apostar por un compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro a cambio de no hacer más recortes en el corto plazo que habrían erosionado gravemente los servicios públicos esenciales ligados a derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso se aprobó la reforma del artículo 135", ha dicho.
Según ha explicado, este artículo establece que el sector público debe aceptar los déficit presupuestarios como una forma de contrarrestar los defectos de demanda del sector privado que tendrían que ser compensadas en el futuro con superávits.
El Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 2011 con 316 votos a favor y 5 en contra la que representa la primera reforma constitucional de trascendencia al objeto de incluir en la Ley Fundamental el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.
Aunque PSOE y PP no introdujeron ninguna cifra en la Carta Magna, en una ley orgánica posterior se consignó un límite del 0,4% al déficit de las administraciones públicas, a razón de un 0,26% en el caso del Estado, el 0,14% para cada comunidad autónoma y el cero para los ayuntamientos.
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