La crisis política catalana se ha instalado en uno de los peores escenarios posibles en materia económica. La declaración de la República votada ayer en el Parlament, que activa la Ley de Transitoriedad Jurídica para los independentistas, abre un escenario de incertidumbre tan elevado que podría mantener o incluso incrementar el ritmo de salida de empresas y continuar dañando al consumo y al turismo; dos de los principales ejes de la economía catalana.
Esa deriva económica es uno de los frentes que el Gobierno se dispone a mitigar con las actuaciones activadas ayer por el Consejo de Ministros. Además, la convocatoria de más huelgas por parte de los sindicatos minoritarios independentistas y el llamamiento de los secesionistas a la desobediencia civil contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución puede lastrar todavía más el consumo y acabar afectando al empleo si llega un escenario de despidos.
Las agencias de calificación internacionales daban hace pocos días muy poca probabilidad a la independencia, ya que confían en los instrumentos del Gobierno para evitar su aplicación. Pero también alertaban de que, si llega a hacerse efectiva, puede provocar que Cataluña entre en recesión y España frene su crecimiento. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ha repetido en los últimos meses que una ruptura supondría para Cataluña un empobrecimiento de hasta el 30 por ciento del PIB.
Empeorar el daño ya hecho
El futuro incierto que se abre ahora solo puede que empeorar el daño que ya está hecho. El Gobierno central ya ha reducido tres décimas el crecimiento del PIB nacional previsto para 2018, hasta el 2,3 por ciento, y casi 1.700 empresas han sacado su sede de Cataluña -la gran mayoría de Barcelona e incluyendo a cinco de las seis empresas catalanas que forman parte del Ibex 35-, lo que también se traduce en una pérdida del peso de Cataluña en el PIB nacional -hasta ahora de alrededor del 20 por ciento- en favor de otros territorios. Además, había grandes multinacionales pendientes de decidir su futuro si llegaba la declaración unilateral de independencia. La convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre puede aportar una señal de toma de control de la situación por parte del Estado, si bien las amenazas independentistas de desobediencia y movilización incrementan la tensión sobre unas compañías que no están dispuestas a mantener su sede en una Cataluña con una doble legalidad.
En el ámbito del consumo, el INE publicó ayer que las ventas minoristas en septiembre crecieron en Cataluña la mitad que la media española, situándose al mismo nivel que Galicia y solo superando a Castilla-La Mancha. Los comerciantes catalanes han registrado en octubre caídas de ventas de doble dígito, mientras que los hoteleros de Barcelona han reconocido una caída en las reservas de entre el 20 y el 30 por ciento. También han saltado las alertas en las reservas para eventos de negocios y en los restaurantes de la capital catalana.
Los cruceros, ámbito en el que Barcelona era hasta ahora segunda potencia mundial tras los puertos del Caribe, están también en peligro. La compañía alemana Tui ya desvió tres buques el 1 y el 3 de octubre por el temor a los disturbios, y Costa Cruceros alerta a los pasajeros que recalan en la ciudad del riesgo de altercados. Según los últimos datos del Puerto de Barcelona, de enero a septiembre ha recibido dos millones de cruceristas, un 1,9 por ciento menos que en los primeros nueve meses de 2016. Todos estos datos nublan el futuro del empleo en Cataluña, teniendo en cuenta que su proporción de personas dedicadas al turismo es superior a la media estatal.
Adiós, capitalidad financiera
Asimismo, Barcelona ha perdido su capitalidad financiera en favor de la Comunidad Valenciana, ya que CaixaBank ha trasladado su sede a Valencia -adonde también ha ido Banco Mediolanum- y Banco Sabadell a Alicante. Las firmas aseguradoras han optado por Madrid y Bilbao. Otro indicador pesimista es que la confianza empresarial en Cataluña cae un 2,2 por ciento para el cuarto trimestre de 2017.
Reacciones
La CEOE advirtió ayer de que, con la declaración "ilegal" de independencia, se crea una situación que "puede traer consecuencias muy graves para toda la ciudadanía, tanto en los ámbitos sociales como en los económicos, así como afectar negativamente a la confianza del mundo empresarial e inversor en Cataluña y en el resto de España".
Por su parte, el sindicato CCOO alertó de que hay "un grado altísimo de dificultad de hacer efectiva" la independencia, a la vez que "un alto riesgo de crisis social, política y económica que dificultará la necesaria recuperación de derechos sociales y laborales recortados en la crisis económica".
