Cataluña se queda sola con los impuestos a las bebidas azucaradas. El resto de comunidades autónomas empieza a desmarcarse y evitan subir la presión fiscal en las nuevas reglamentaciones en marcha para la promoción de hábitos de vida saludable. Es el caso de la valenciana o de la canaria, que habían anunciado que iban a estudiar la posibilidad de implantar algún tipo de tasa similar, pero también de Andalucía, que ha remitido ya un Anteproyecto de Ley al Consejo Económico y Social en el que frente a un incremento impositivo apuesta por la promoción de la actividad física y de una dieta adecuada.
La Generalitat Valenciana sacó ya a consulta pública el pasado agosto el proyecto de decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en el ámbito de las Administraciones Públicas. En el mismo se regula la instalación y funcionamiento de las máquinas de venta expendedoras en centros educativos, sanitarios y de servicios sociales, prohibiendo, de forma explícita, la distribución de refrescos y alimentos con azúcares añadidos.
Marcha atrás
En Canarias, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aseguró en mayo que el Gobierno estudiaba la posibilidad establecer un impuesto sobre las bebidas azucaradas similar al catalán. Sin embargo, según ha adelantado el diario Canarias 7, el Gobierno insular no considera ahora que sea prioritario. A lo largo de este mes de septiembre los técnicos de Hacienda presentarán a los agentes sociales y económicos la reforma del sistema tributario canario y parece, en principio, que el impuesto se queda al margen. Al menos por el momento. Fuentes del Gobierno consultadas por Canarias 7 reconocen, en este sentido, que "el problema no es el azúcar".
Mucho más contudente ya es la nueva reglamentación andaluza. El Anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable apuesta de forma clara por "el establecimiento y desarrollo de las acciones necesarias para la promoción de la actividad física", además de una dieta "saludable y equilibrada" entre la población.
En el Anteproyecto andaluz, al que ha tenido acceso elEconomista, "se prohíbe la promoción comecial, el patrocinio de actividades o eventos por parte de las empresas y la venta en los centros docentes de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y/o azúcares". No obstante, en ningún caso se utiliza la vía fiscal para intentar frenar el consumo.
Toda la cadena alimentaria se unió ya antes del verano para denunciar, de hecho, que el impuesto catalán a las bebidas azucaradas, lejos de tratar de impulsar hábitos de vida saludables, tenía un objetivo únicamente recaudatorio. Por eso mismo, impugnaron la tasa y emprendieron la batalla legal contra la Generalitat.
La Generalitat recauda 8,5 millones
La Generalitat de Cataluña ha recaudado 8,5 millones de euros en la liquidación de los dos primeros meses de vigencia del impuesto, que fueron mayo y junio, y que las empresas debieron pagar entre el 1 y el 20 de julio. Lo abonaron un total de 471 compañías, aunque el 52% de la recaudación procedió de cinco grandes cadenas de distribución, indicaron a 'elEconomista' fuentes del 'Govern'. El impuesto catalán a las bebidas azucaradas se liquida trimestralmente, pero el primer pago ha sido de solo dos meses porque el tributo entró en vigor con un mes de retraso, debido al calendario de su tramitación parlamentaria. La Generalitat prevé captar más de 40 millones anuales.
