El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha propuesto a los grupos con representación en el Congreso modificar la Ley General Tributaria para prohibir expresamente que se puedan decretar nuevas amnistías fiscales en el futuro.
"Creo que hay un consenso muy amplio en contra de que haya nuevas regularizaciones extraordinarias como las que ha habido en España en las últimas décadas. Por eso les propongo modificar la Ley General Tributaria para que incluso lleguemos a prohibir expresamente nuevas regularizaciones", ha aseverado.
Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha hecho esta propuesta toda vez que "se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie".
Ha añadido que además será una medida innecesaria en un nuevo contexto de transparencia internacional, en el que en 2018 entrará en vigor el intercambio automático de información fiscal en un gran número de países, "entre ellos, algunos considerados hasta ahora paraísos fiscales".
Justifica la amnistía de 2012
Previamente, el ministro había justificado su decisión de llevar a cabo la amnistía fiscal de 2012, alegando que "esa medida para lo que ha servido es para que hoy haya crecimiento y creación de empleo. Para que los que realmente estaban evitando a la Hacienda pública hoy estén contribuyendo en el IRPF y en el Impuesto de Patrimonio".
"Que no me guste no significa que fuera un error", ha agregado, apuntando que se necesitaban "medidas rápidas, nítidas y contundentes con un reflejo a corto plazo", aunque fueran "impopulares", ante el riesgo de la "quiebra real" de la economía española y su "rescate".
Durante esta sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso, Montoro ha tenido que hacer frente a peticiones de dimisión por parte del portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, y del diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, le ha preguntado cómo piensa resarcir por los efectos de la amnistía fiscal.
Cristóbal Montoro aseguró además en el Congreso que solo hubo un dirigente del PP que se acogió a la amnistía fiscal y que ya está siendo investigado en los tribunales. Todo apunta a que Rodrigo Rato sería este único exmandatario popular que se benefició de la medida, tal y como se publicó en abril de 2015.
Además, pidió "la cooperación" de los grupos parlamentarios para "trasladar las consecuencias positivas de la medida a la ciudadanía española".
A la 'amnistía fiscal', aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, se acogieron un total de 29.065 personas físicas y 618 personas jurídicas. Con ella afloraron unos 40.000 millones de euros y Hacienda recaudó unos 1.200 millones con el gravamen especial que fijaba la norma.
Intensifica la lucha contra el fraude
Además, Montoro ha anunciado que se llevará a cabo un "aumento extraordinario" de la plantilla de la Agencia Tributaria y dedicada a la lucha contra el fraude.
El Ejecutivo aprobará este aumento de plantilla junto a la Oferta Pública de Empleo (OPE), una vez entren en vigor los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que se tramitan en estos momentos en el Senado.
"Lo haremos también junto al resto de servicios que luchan contra el fraude, como el laboral, y también en la mejora de determinadas gestiones de servicios a los que se les puede quedar corta los efectos de la Oferta Pública de Empleo", ha dicho.
Montoro ha asegurado que están "en la mejor disposición" de llevar a la Cámara Baja "a través de el mecanismo que ejerza los efectos legales más rápidamente posible".
