La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este miércoles a Ignacio González, que fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, en el marco de la Operación Lezo, que investiga el presunto desfalco del Canal de Isabel II, han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que confirman el arresto también de un hermano y un cuñado del expresidente regional. La Benemérita ha pasado diez horas registrando el domicilio del expresidente.| Francisco Marhuenda, investigado.
Las citadas fuentes han explicado que entre los doce detenidos se encuentra, además del exjefe del Gobierno regional y presidente del Canal Isabel II entre 2003 y 2012, su hermano Pablo González y un cuñado, José Juan Caballero, todos ellos como presuntos integrantes de un entramado familiar que se habría servido de la cercanía con Ignacio González para desviar fondos de operaciones llevadas a cabo a través de la empresa pública de aguas.
La investigación, que se produce un día antes de que Esperanza Aguirre declare por Gürtel, se centra en la compra fraudulenta de filiales en Iberoamérica y también en otras operaciones sospechosas relacionadas con la venta de suelo propiedad de la empresa de aguas de Madrid.
El campo de golf de Chamberí
En una de esas operaciones intervino como promotor José Juan Caballero. Se trata de la construcción del parque deportivo de golf en Chamberí, que se encuentra a escasos metros de la sede central del Canal Isabel II en Santa Engracia en la que se ha personado este miércoles la Guardia Civil.
José Juan Caballero es cuñado de Ignacio González y figura, según los investigadores, en el círculo de personas de confianza del expresidente de la Comunidad de Madrid. Las obras y la explotación del campo de golf en Chamberí fueron adjudicadas durante su etapa como máximo responsable en el Canal a empresas temporales dirigidas por un entramado familiar en el que figuran el hermano y el cuñado de González.
La UCO ha desplegado bajo la coordinación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco un amplio operativo desde las ocho de la mañana. Se han practicado más de 30 registros, principalmente en Madrid, aunque también se han realizado en empresas y domicilios situados en Valencia.
Mercasa, Subasta Segre e ICM
El juez acusa a los doce detenidos de ocho diferentes delitos de corrupción: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Entre las empresas a las que se ha requerido información figuran Mercasa, de la que es directivo Pablo González, y Subastas Segre, de la que es propietaria la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.
Los requerimientos para obtener información, con orden judicial para proceder a registros en el caso de que no haya colaboración, se han dirigido contra otras empresas como la agencia de comunicación ICM. Los agentes de la UCO llevan más de un año investigando esta presunta organización criminal en una operación que continúa abierta.
La causa judicial, declarada secreta, se abrió a raíz de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio, si bien las diligencias fiscales fueron iniciadas un año antes, en 2015, han precisado el Ministerio Público, que pretende esclarecer el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos y las complejas operaciones financieras con las que blanqueaba capitales.
Compra de una empresa brasileña
La investigación de estas irregularidades, por lo tanto, es bastante anterior a la investigación interna que fue anunciada en mayo de 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. En dicha ocasión, la Comunidad de Madrid informó de que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013.
Esta compra es la relativa a la que hizo el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por un importe de 21 millones de euros. Un año después el valor contable era de cinco millones.
Según explicó entonces el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal, Ángel Garrido, habían aparecido cuestiones que les parecían "anómalas", relativas a diferentes etapas, precios, plazos y fórmulas de pago de la operación. Por ello, las pusieron en conocimiento de la Fiscalía para determinar si alguna de estas anomalías eran constitutivas de delito.
Por su parte, Cifuentes también detalló que lo detectado tenía que ver con compra de acciones o letras de una sociedad a un precio mayor del establecido, y recalcó que la responsabilidad de esto se circunscribía en el que fue responsable de la entidad en esa área en ese momento y no del Ejecutivo regional que presidió Ignacio González. Cifuentes aludía entonces al directivo ya cesado Edmundo Rodríguez que fue presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del Grupo Canal en Colombia.
Irregularidades en el proceso de adquisición
Además, el pasado mes de julio, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de esta compañía por parte del Canal de Isabel II. Por otro lado, el Canal procedió al cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por pérdida de confianza por su participación en la compra de Emissao.
Por su parte, el pasado mes de marzo, los grupos parlamentarios de la Asamblea en la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentaron un informe producto del trabajo desarrollado en la Comisión del Estudio de la Deuda de la Comunidad de Madrid, que llevó entre otros temas, esta compra.
Su objetivo era que la Fiscalía investigue quién autorizó y permitió el quebranto patrimonial y la actividad del Canal de Isabel II en Iberoamérica, así como el "entramado" societario en este continente, dado que sospechan de una posible "trama corrupta" en torno a las inversiones realizadas.
La denuncia versaba sobre la adquisición por parte del Canal de esta empresa en noviembre de 2013 a través de una sociedad "instrumental" radicada en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua) y que carecía de actividad, según el escrito. El Canal la compró a través de su filial Inassa.
Además, relata que la adquisición de Emissao se hizo por valor de 21,4 millones de euros y un mes después el patrimonio neto en las cuentas del Canal era de 10,6 millones. Al año siguiente, el valor de la sociedad era de 5,4 millones y a finales de 2015 daba pérdidas de 5,5 millones en el balance consolidado del Canal. A su vez, la participación en Soluciones Andinas de Agua arrojaba un balance negativo de 10,5 millones.
La denuncia reclama al Ministerio Público que determine la calificación penal aunque los grupos parlamentarios de la oposición sospechan posible fraude con indicios de mala utilización del dinero público, utilización de sociedades offshore y también administración desleal.
