A cierre de febrero de este año, el número de reclamaciones y recursos económico-administrativos pendientes de resolver ascendía a 318.629, según consta en una respuesta del Gobierno a la pregunta planteada por los diputados del Grupo de Ciudadanos en el Congreso Vicente Ten, Marcial Gómez y Francisco de la Torre. En la misma respuesta, el Gobierno anuncia, a instancias de C's, una prórroga del Plan de Actualización de los Tribunales Económico Administrativos (TEA). No en vano, la cuantía procesal pendiente en estos litigios totaliza 49.271,82 millones de euros, cerca del 5% del PIB, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. Una cantidad que evidencia el sonoro colapso en los Tribunales Económico Administrativos, cuya magnitud viene señalando reiteradamente C's y también instituciones como el Instituto de la Empresa Familiar, quien pide avances en la relación entre el ciudadano y la Administración, la simplificación, la digitalización y la eficiencia.
La situación es comprometida para la economía de todos aquellos ciudadanos y empresas con un contencioso tributario pendiente cuya resolución se demora sine die, que además pierden tiempo para quizá acabar finalmente en los tribunales contencioso-administrativos, pero también lo es para las arcas públicas, que pierden o ven menoscabadas sus posibilidades de recuperar dinero derivado de delitos y fraudes por el atasco en los TEA. Ello por tres motivos. Uno, porque pasado un año, aunque se resuelva a favor de Hacienda, ésta ya no puede reclamar intereses. Dos, porque una inacción de más de cuatro años en la resolución deriva en que Hacienda pierde el derecho a reclamar cantidades, al ser éste el plazo de prescripción de los delitos fiscales según la Ley General Tributaria. Tres, porque el retraso, en los casos en que el fallo es a favor del contribuyente, deriva en el abono de unos intereses por parte del erario público que se hubiera ahorrado de haberse resuelto el contencioso en plazo. Y todo esto viene sucediendo por una insuficiencia en la dotación de personal así como por deficiencias organizativas.
El Ejecutivo destaca en su respuesta que el periodo en funciones, casi todo 2016, retrasó la adopción de medidas y reconoce que "el marco de austeridad no ha permitido desarrollar los habituales procesos de provisión de puestos de trabajo", pero ahora se compromete a prorrogar el Plan de Actualización de los TEA, con una vigencia de cuatro años, al que se liga un sistema de incentivos para elevar la productividad de estos órganos, así como un nuevo estudio de sus necesidades de personal según los datos de entrada de reclamaciones y capacidad de resolución real que la prórroga del Plan arroje en su primer año de vigencia.
