Este miércoles, el embajador británico ante la Unión Europea, Tim Barrow, entregó al presidente del Consejo, Donald Tusk, la carta por la cual el Gobierno de Reino Unido activa formalmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa, en el que se prevé el procedimiento para la salida de un Estado miembro.
De esta forma, las partes implicadas han dado oficialmente el pistoletazo de salida para las negociaciones que aclararán los términos de la desconexión británica y su futura relación con la Europa de los Veintisiete.
Entre los temas que se tendrán que debatir en las reuniones sobresalen la situación de los ciudadanos comunitarios que residen en Reino Unido, y viceversa, la cifra que tendrá que pagar Londres a Bruselas para cumplir con los compromisos presupuestarios, la adopción de acuerdos sobre los sectores económicos más afectados por la separación o la especificación del carácter de las futuras relaciones comerciales entre las islas y la Unión Europea.
La fecha límite para que se produzca la salida es dentro de dos años, en marzo de 2019.
¿Sobre qué temas se negociará?
Cualquier Estado miembro que desee abandonar la Unión Europea negociará con ésta "un acuerdo para establecer las modalidades de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus futuras relaciones con la Unión", según estipula el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Esta formulación "deja un amplio margen de interpretación", en opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes británica.
Durante los dos años de proceso previstos por el Tratado, Londres negociará las condiciones de la salida de la UE y, al mismo tiempo, los términos en los que se mantendrá la futura relación entre Gran Bretaña y el grupo de los Veintisiete.
Asimismo, Theresa May espera acordar un periodo de transición que comenzaría al término de los dos años, con el fin de evitar una ruptura total en 2019. Por el contrario, Michel Barnier, el encargado de la Ue para las negociaciones del Brexit, afirma que la Comisión no aceptará debatir la futura relación con Londres hasta que se haya firmado el acuerdo. Esta divergencia podría envenenar por sí sola el inicio de las negociaciones.
El acuerdo de separación deberá resolver cuestiones cruciales, tales como el estatus de los europeos residentes en Gran Bretaña y el de los británicos que viven en el continente, el cheque que Londres deberá firmar para saldar su participación en el presupuesto europeo y la cuestión de la frontera con Irlanda, sin olvidar la continuidad de la cooperación en algunos ámbitos (seguridad, política nuclear, programa Erasmus, etc.).
¿Cómo arrancan las reuniones?
Si bien los británicos ya han desvelado sus intenciones, habrá que esperar al 29 de abril para conocer la hoja de ruta con la que la Unión Europea iniciará las negociaciones. El inicio de las conversaciones será fundamental: en función del tono elegido por ambas partes, podrá hacerse hincapié de entrada en cuestiones de principios, en aspectos jurídicos o en un objetivo de cooperación económica.
Más que los aspectos técnicos, "el tono político es fundamental porque el tiempo apremia", señala el británico Robert Madelin, jefe de estrategia en Fipra y antiguo negociador europeo. "Un tono positivo no impide, por otra parte, que los países se agobien. Hay muchos que están de acuerdo con el punto de vista de Bretton Woods. Es decir, con el principio de tener fronteras abiertas y reglas de cooperación económica. Es preciso que el pastel sea lo más grande posible".
En Londres, explica, creen que el discurso de May es realizable, puesto que las doce prioridades que establece (salida del mercado único, control de la inmigración, etc.) tienen sentido. Existen, no obstante, fuertes divergencias entre su gabinete, puesto que algunos piensan en cerrar el asunto del presupuesto con 3.000 millones de euros (y no 60.000 millones), mientras que otros están en desacuerdo sobre el número de inmigrantes que pueden entrar en el país.
En Bruselas, el principio de favorecer el crecimiento del continente es importante, pero no se pretende abandonar ni deteriorar los valores de la Unión, ni llegar a un acuerdo que incite a otros países a abandonar el proyecto comunitario.
¿Cómo afectará a la ciudadanía?
Desde su llegada a Downing Street en julio, Theresa May ha expresado claramente su posición sobre el estatus de los europeos que residen en el Reino Unido. La primera ministra está dispuesta a garantizar sus derechos si los europeos se comprometen con los británicos que viven en el continente. A pesar de las presiones de la prensa, de la oposición y de una parte de su propia mayoría, May ha permanecido firme.
David Davis, el ministro del Brexit, aseguró el domingo que esta cuestión sería una de las primeras en abordarse durante la negociación. Sin embargo, vista su importancia tanto para Londres como para los Veintisiete, nada garantiza que la buena voluntad de ambas partes conduzca a un acuerdo rápido.
Una simple respuesta no bastará para tranquilizar a nadie: ¿Cuál será la fecha límite para la entrada en el territorio británico? ¿La del referéndum, el 23 de junio de 2016, u otra? ¿Qué pruebas de residencia deberán presentar las personas afectadas? Para estas últimas, los detalles serán fundamentales.
Se estima que hay más de 3 millones de europeos en Gran Bretaña, con los polacos a la cabeza, y más de un millón de británicos repartidos por el continente, especialmente en España.
Desde la fecha del referéndum, muchos de ellos están preocupados y buscan asegurar su situación inscribiéndose para obtener un permiso de residencia en el Reino Unido, lo que a veces resulta complicado. Las solicitudes para estos documentos se multiplicaron desde finales de 2016.
¿Y la política de Defensa común?
Mientras que la relación francoalemana es el motor de la Europa política, Francia y Reino Unido constituyen el embrión de la Defensa europea desde la Cumbre de Saint-Malo entre Tony Blair y Jacques Chirac en 1998. Estos dos países representan la esencia de la potencia militar del continente y son los únicos que pueden montar rápidamente operaciones en el exterior. Además, ya luchan juntos contra el Daesh en Oriente Próximo.
Sin embargo, esta estrecha cooperación no ha culminado en una verdadera política de Defensa europea, dado que Francia desea que sea autónoma y, los británicos, que vaya unida a la OTAN. Ahora Londres ha sido acusada de bloquear todas las iniciativas comunes europeas.
Desde este punto de vista, su salida de la Unión seguramente facilitará la recuperación del proyecto común de Defensa, algo que los Veintisiete prometieron hacer en su última cumbre.
Sin embargo, Reino Unido no desea batirse en retirada. "Gran Bretaña continuará desempeñando un papel fundamental en el plano de la seguridad mundial. La cooperación con nuestros aliados europeos seguirá siendo fuerte", declaraba, poco después del referéndum, el secretario de Estado británico para la Defensa, Michael Fallon.
A este lado del Canal de la Mancha, el presidente Hollande ha propuesto a "aquellos que deseen ir mucho más allá" en la política militar europea seguir trabajando con Reino Unido, "incluso fuera de la Unión", en torno a una "cooperación estructurada" de la Defensa.
¿Qué peaje pagará Londres?
Bruselas nunca ha confirmado esta cifra, pero la suma de 60.000 millones de euros desvelada en noviembre por el Financial Times nunca ha sido desmentida. Es el peaje que deberá pagar el Reino Unido para saldar su salida de la Unión Europea. La cantidad ha irritado a varios ministros británicos, mientras que May ha declarado que ella nunca pagará una suma tan "enorme".
Esta cifra cubre, en primer lugar, los compromisos de cara al marco presupuestario para el periodo 2014-2020 para financiar los fondos estructurales y los fondos de cohesión. Hay gastos que se extienden más allá de 2019, fecha prevista para la salida, como el programa europeo de geolocalización Galileo, el Fondo Juncker, y las jubilaciones de los funcionarios europeos de nacionalidad británica. De este pasivo se deducirán los activos que posee el país en la UE, como su "descuento anual" en el presupuesto europeo y su participación en los edificios comunitarios. Temerosos, los europeos desean iniciar las negociaciones abordando este asunto tan complejo en el plano técnico y tan sensible en el plano político.
Al Gobierno británico le resultará difícil justificar el reembolso de dicha deuda después de haber prometido una reducción significativa del presupuesto doméstico. En Bruselas se considera, no obstante, que el cumplimiento por parte de Londres de sus compromisos es un requisito previo para iniciar las conversaciones sobre una relación comercial que podría ir acompañada de un eventual periodo de transición.
¿Cuánto durarará la negociación?
Desde el día en que Theresa May notificó la activación del artículo 50 a las instituciones bruselenses se ha abierto un periodo de dos años. Por lo tanto, está previsto que la desconexión de Gran Bretaña sea efectiva en la fecha límite de marzo de 2019, haya conseguido firmar un acuerdo con los Veintisiete o no.
En realidad, la negociación real durará "menos de 18 meses" hasta octubre de 2018, según ha advertido Michel Barnier, de forma que haya tiempo suficiente para que el acuerdo sea ratificado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Parlamento británico.
Theresa May ha contemplado abiertamente la posibilidad de un fracaso en las negociaciones, ya que la premier estima que es mejor no firmar nada antes que suscribir un "mal acuerdo para Gran Bretaña".
Los europeos son escépticos en este sentido, y creen que Londres no tendrá ningún interés en abandonar la mesa de negociaciones sin un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, Theresa May asegura que será posible negociar todo el acuerdo -el divorcio y la futura relación entre Londres y la Unión Europea-, a pesar de que muchos expertos lo ponen en duda.
Las negociaciones podrían prolongarse más allá de marzo de 2019 -el artículo 50 así lo prevé- si las partes implicadas así lo desean. No obstante, para ello será preciso obtener el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros de la UE.
El acuerdo final deberá ser ratificado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Parlamento británico.
¿Qué sectores sufrirán?
Amenazados por el resurgimiento de costosas barreras aduaneras, el Brexit podría salirle caro a algunos sectores de la economía británica. Por ejemplo, el mercado europeo absorbe en torno a un 60% de las exportaciones de automóviles. Sus 800.000 empleos pueden peligrar, ya que, además, las fábricas asiáticas podrían replantearse su presencia en Reino Unido. Londres espera obtener un acuerdo que preserve en mayor o menor medida el mercado único para este sector, poniendo en el pacto el acceso a su propio mercado del automóvil.
El caso del sector aéreo será también muy debatido, dado que el Brexit preocupa mucho a las compañías y a los aeropuertos. ¿Qué pasará con los derechos de aterrizaje o las licencias de explotación una vez fuera de los acuerdos europeos? Las compañías, con Ryanair y Easyjet a la cabeza, abogan por el mantenimiento de un mercado lo más desregulado y liberalizado posible.
Londres también deberá afrontar la pérdida de los "pasaportes financieros" que le permiten vender a través de toda la UE este tipo de productos y la convierten en un trampolín hacia el continente muy valorado por los gigantes de las finanzas. Es por ello que se prevé una ruda batalla sobre el futuro de las poderosas cámaras de compensación implantadas en Londres que tramitan transacciones en euros. El BCE pretende regular su actividad, lo que implicaría una relocalización en la Eurozona. Reino Unido, deseoso de conservar esta actividad y los 200.000 empleos relacionados, propone organizar su supervisión conjunta.
¿Habrá acuerdos comerciales?
Al Gobierno británico le aguarda un trabajo titánico. La salida de la Unión Europa excluirá de facto al Reino Unido de los acuerdos de libre comercio, de asociaciones o de acuerdos económicos que Bruselas tiene firmados con unos noventa países de todo el mundo.
En una primera fase, el Ejecutivo de Theresa May deberá redefinir sus relaciones comerciales con los 27 países de la Unión Europea. Existen tres opciones posibles: firmar algún tipo de acuerdo de libre comercio; incorporar el Espacio Económico Europeo creado en 1959; o aplicar simplemente las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este último supuesto no cuenta con la aprobación de la Cámara de los Comunes británica, que estima que sería la más perjudicial para los intereses económicos de Reino Unido.
En una segunda fase, Gran Bretaña podrá entablar acuerdos con terceros países. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha declarado que desea firmar rápidamente un acuerdo de libre comercio con Reino Unido. Mientras tanto, países como Suiza y Turquía han manifestado el mismo interés.
Un detalle importante: a pesar de haberse iniciado las conversaciones, Reino Unido no podrá establecer acuerdos de libre comercio con otros Estados hasta que no haya salido oficialmente de la Unión Europea. En el mejor de los casos, los británicos tendrán que esperar dos años, lo que retrasaría la firma de un acuerdo comercial entre Londres y Washington hasta, al menos, 2019.
