Los ministros de Finanzas de la UE acordaron ayer una posición común para prevenir que las multinacionales exploten las diferencias entre dos o más jurisdicciones fiscales para reducir, no pagar impuestos, o lograr la misma deducción en dos países distintos cuando una sociedad no pertenece a la Unión.
Se trata de una propuesta de Directiva, complementaria de la aprobada en julio de 2016, que en este caso trata de impedir las maniobras de los grupos multinacionales residentes en, al menos, dos Estados miembros de la UE para lograr no tributar en ninguno de ellos o lograr aprovechar las mismas deducciones en ambos territorios comunitarios, aprovechando las diferencias regulatorias.
Las maniobras tributarias que se trata de combatir -conocidas como asimetrías híbridas- surgen, por ejemplo, cuando dos filiales de una empresa realizan una operación, situadas en diferentes países que aplican distintas normas para gravar sus rentas. De esta forma, en un país el Impuesto sobre Sociedades no grava el ingreso obtenido en una filial y en el otro Estado, el coste es considerado gasto deducible para la otra filial. Se pretende evitar que las firmas logren no tributar en ninguno de los dos países.
Palabras y no hechos
La Directiva entre Estados de la UE debe transponerse a las legislaciones nacionales antes del fin de 2019, pero la de terceros países no tiene fecha definitiva. El ministro de Economía español, Luis De Guindos, apuntaba 2020 como fecha "razonable" para su entrada en vigor.
Por otro lado, los numerosos escándalos de los últimos años relacionados con los paraísos fiscales y las agresivas prácticas de centenares de multinacionales para eludir el pago de impuestos situaron la lucha contra la evasión fiscal entre las prioridades europeas, y el Ecofin se anotó ayer un tanto en esa batalla.
Pero la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales prueba que la voluntad de los socios no llega tan lejos como sus palabras. Los ministros terminaron de perfilar los criterios que usarán al decidir qué jurisdicciones foráneas serán incluidas en la lista negra que prepara la UE, que esperan tener en 2017.
La preparación de esta lista evidencia la complejidad para avanzar en un tema aún demasiado sensible para Reino Unido e Irlanda, quienes han usado regímenes fiscales muy ventajosos para atraer grandes firmas del planeta. Fueron Londres y Dublín los que en noviembre pasado bloquearon los criterios para detectar paraísos fiscales, al no aceptar que los regímenes con impuestos inexistentes o cercanos al 0%, fueran así etiquetados.
El ministro de Finanzas maltés, Edward Scicluna, cuyo país ostenta este semestre la presidencia de la UE, defendió ayer la necesidad de utilizar más de un indicador a la hora de definir un paraíso fiscal.
Tras el acuerdo de ayer, los ministros mantienen gran parte de los criterios fijados en noviembre (transparencia, justicia y seguimiento de los principios internacionales), pero las jurisdicciones en un sistema con una tasa del 0% de impuestos serán analizadas según los criterios del código de conducta que se aplican los Estados miembros para detectar prácticas injustas entre ellos. El eurodiputado alemán de los Verdes, Sven Giegold, dijo que este código de conducta que los países se aplican a puerta cerrada por unanimidad, dificultando las decisiones, resultó inútil para evitar las enormes ventajas fiscales que países como Luxemburgo, Holanda o Irlanda dieron a las corporaciones.
El mismo secretismo y el principio de unanimidad se aplicarán al definir los paraísos fiscales foráneos, que serán juzgados por el grupo de Código de Conducta de los Estados miembros.