
La salida de la crisis y el buen ritmo de creación de puestos de trabajo están dejando otro dato sorprendente: el coste para el Estado de las pensiones es ya seis veces mayor que el del desempleo, teniendo en cuenta los datos que el Ministerio del ramo, en manos de Fátima Báñez, hizo públicos ayer mismo.
En concreto, la factura de las pensiones del mes de diciembre ascenderá a 8.623 millones. No contamos aquí ni los 815 millones extraídos el miércoles de la hucha para liquidar el IRPF ni la paga extraordinaria, claro está. Sin embargo, la cifra es un 3,1% más elevada que la de hace justo un año, cuando se abonaron 8.360 millones para pagar las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, a favor de familiares o por incapacidad permanente. Y además constituye un récord histórico, cada día más cerca de los 9.000 millones mensuales.
Y mientras el coste de nuestros mayores no deja de crecer, la factura del desempleo sigue una evolución completamente contraria. En este mes de diciembre, el Estado desembolsará en torno a 1.440 millones de euros, cuando justo hace un año había gastado 1.664 millones, un 13,5% más.
De esa manera, y si dividimos lo destinado en diciembre de pensiones y prestaciones de paro, la proporción que obtenemos se sitúa en que las primeras costaron 5,98 veces más que las segundas. Es bastante llamativo, ya que la proporción dobla con holgura a la que registrábamos en los peores momentos de la crisis. En 2010, cuando la tasa de paro se había aupado ya por encima del 20% y la tasa de cobertura (que hace referencia a los desempleados con derecho a prestación) se situaba por encima del 70%, la factura mensual del paro se situaba en 2.686 millones, casi el doble que ahora. Y las pensiones, por su parte, eran mucho más "baratas", pues se sufragaban con 6.897 millones. Aquel año, en concreto, pagar a mayores, viudas, huérfanos y demás beneficiarios del sistema costó solo 2,5 veces más que lo que se dedicaba a los más de 4 millones de parados.
¿Por qué este drástico cambio?
Las explicaciones del impacto público tan desigual entre pensiones y desempleo llegan de numerosos frentes.
Primero, por la propia evolución del paro, que en 2012 llegó a tocar el 26% por primera vez en la historia y ahora se sitúa en el 19,2%. El ritmo anual de creación de puestos de trabajo lleva rondando el 3% desde el año 2014, y la afiliación ha pasado de situarse por debajo de los 17 millones a consolidarse en 18,2 millones de personas.
Pero también, en este sentido, por el agotamiento del derecho a la prestación de numerosos desempleados. Porque en 2010, como decíamos, la tasa de cobertura superaba el 70%, y ahora apenas se aúpa por encima del 50%. Así, hace seis años el Ministerio de Empleo abonaba prestaciones a más de 3 millones de personas, mientras que ahora solo reciben su "paga" 1,9 millones, poco más de la mitad.
Así, reducción del paro y de tasa de cobertura han abaratado la factura con fiereza. En 2010 se dedicaron más de 32.000 millones a pagar a desempleados; en 2016 apenas se destinarán algo más de 18.000 millones.
Por otra parte, y describiendo la tendencia completamente contraria, el Estado se está viendo obligado a abonar entre 100.000 y 120.000 pensiones más cada año. Sólo en 2016 se han incorporado al sistema 98.000 nuevos jubilados, además de nuevos viudos y viudas; huérfanos; personas incapacitadas y demás beneficiarios.
Y hay más razones: las personas que se jubilan lo hacen, cada día, en mejores condiciones, aprovechando el progreso económico que ha vivido España desde la década de los años 60. Y eso ha motivado que la pensión media de jubilación sea cada mes más cuantiosa y se sitúe ya en los 1.050 euros. En el año 2010, los nuevos jubilados cobraban una pensión media de 892 euros, 250 euros inferior a la de ahora.
Por último, el Gobierno ha tratado de proteger a los más mayores (quienes además se han erigido en verdaderos sostenes de la estabilidad económica de miles de familias), revalorizando las pensiones un 0,25% anual cada año pese a que ha habido un largo periodo de inflación negativa. Mientras, pese a que las condiciones de las prestaciones por desempleo siguen siendo casi las mismas, sí que hubo cambios: en 2012 el Ejecutivo aprobó que desde el sexto mes de cobro, los parados percibiesen el 60% de su paga y no el 70% como venían cobrando hasta entonces.