El Gobierno tendrá muchas dificultades para cumplir el objetivo de deuda del 99,7% del PIB el próximo año. La puesta en marcha de los Fondos de Liquidez, que Hacienda no confirma pero se descuenta en el Congreso y en las autonomías del Arco Mediterráneo; la aportación al fondo de rescate bancario de la Unión Europea, de 5.248 millones; y la financiación del déficit del 4,6%, comprometerán una cantidad difícilmente inferior a 30.000 millones, en un año en que el PIB crecerá 28.000 millones, un 2,5%.
Pese a que es cierto que el ritmo de aumento de la deuda se ha contenido desde 2014, el Ejecutivo no ha logrado evitar que cada año la subida sea de entre 35.000 y 40.000 millones. Para 2017, la previsión pasa por un incremento inferior a 29.000 millones, algo improbable en base a los factores antes mencionados y al fin de los vientos favorables que han soplado a España en los últimos tiempos: el bajo precio de la energía y los tipos de interés en mínimos históricos.
Las dudas empiezan este año
Y es que la AIReF ha sido la primera institución en advertir que la proyección de deuda del 99,7% del PIB del Ministerio de Economía, y que supondría reducir el peso del pasivo por primera vez desde el año 2007, podría no cumplirse. Está claro que en volumen la deuda avanzará, pero no es descartable que también lo haga en relación al PIB, tal y como aprecian el FMI y la Comisión Europea (ambas instituciones ven el pasivo en el 100% hasta 2018).
Las dificultades para cumplir las metas comienzan en este tramo final de año, momento para el que la AIReF advierte de que existen "elementos inciertos" como esos 5.248 millones que se van a aportar al mecanismo de rescate bancario europeo o el previsible aumento de la deuda autonómica "debido a los desembolsos pendientes de los mecanismos extraordinarios de financiación" de Hacienda.
Al menos esa duda quedará zanjada este jueves, cuando el ministro Cristóbal Montoro comunique a las autonomías, y en Consejo de Política Fiscal y Financiera, el reparto del sobrante del FLA del año 2016, cantidad que cuando se abone impactará en el pasivo (que por otro lado ya supera los 270.000 millones).
Y en 2017 las dificultades proseguirán. Aún habrá que financiar un déficit público del 4,6%, apenas cinco décimas inferior al de este año. Y con la inflación al alza -prevista en el 1,4%, aunque agentes como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) creen que en algunos puntos de 2017 tocará el 2%- no es descartable que los tipos a los que se capte la deuda sean superiores a los de 2016, cuando el Tesoro ha logrado fondos con intereses por debajo del 0 incluso en plazos a tres años.
"El signo va a cambiar, y más ahora que la Reserva Federal ha vuelto a subir tipos en EEUU. Habrá que ver qué sucede cuando el Banco Central Europeo empiece a poner fin a los estímulos", advierten fuentes cercanas al Ministerio de Economía, recordando que ese paso del BCE podría darse en primavera. Ese cambio puede engordar la partida pública para pago de intereses.
Otros frentes abiertos
Otros frentes se contemplan con preocupación, si bien son algo menos urgentes. La quiebra de los peajes, que provocará un agujero al Estado de entre 3.200 y 5.500 millones al Estado, terminará computando en déficit, si bien es previsible que la negociación entre empresas y Gobierno se prolongue.
Por otro lado, el vaciamiento de la hucha de las pensiones es otro elemento que, por activa o por pasiva, puede terminar inflando los números rojos del Gobierno. Fuentes del PP reconocen que Moncloa podría verse obligada a hacer un préstamo a la Seguridad Social, algo que si bien no computaría en principio como deuda a ojos de Bruselas, abriría un nuevo problema monetario al Estado.
39.000 millones de euros
Esta cifra es el incremento que habrá sufrido la deuda pública este año si se cumplen las previsiones del Gobierno, que pasan por situar la ratio pasivo/PIB en el 99,8%. Reducir ese porcentaje una décima implicaría que la deuda aumentara 10.000 millones menos en 2017, algo que parece poco probable.
