El paquete de medidas tributarias que aprobó ayer el Consejo de Ministros penalizará a las empresas y al consumo, en un momento en que el impulso del gasto de los hogares podría verse obstaculizado por el alza de la inflación prevista para el año que viene -en torno al 1,4 por ciento- y el tejido empresarial afronta un escenario macroeconómico de ralentización del avance del PIB hasta el 2,5 por ciento en 2017.
Es la lectura que hacen los expertos, consultados por este periódico, como la coordinadora del servicio de estadística del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Almudena Semur, para quien "el cumplimiento de los objetivos de déficit es prioritario, pero no a costa de penalizar a las empresas, que son las que crean riqueza y empleo, como tampoco hay que penalizar al consumo en estos momentos de repunte económico".
Como ocurrió en 2011, el Gobierno ha vuelto a recurrir a la subida de impuestos después de ganar las elecciones. Sin embargo, en esta ocasión, el Ejecutivo ?ha encontrado la única solución al desfase deficitario con incrementar la carga fiscal sin aplicar recortes al gasto público?, recuerda el coordinador del departamento de Investigación del IEB, Miguel Ángel Bernal.
"Necesitamos recaudar más, pero de la manera más neutra posible", comentó Cristóbal Montoro el pasado miércoles. El ministro de Hacienda preparaba un paquete de medidas para recaudar hasta 7.500 millones de euros: 4.300 millones del Impuesto de Sociedades, 350 millones de la subida de Impuestos Especiales y otros 1.500 millones de medidas de lucha contra el fraude fiscal, más 900 millones de la reforma de la Administración Pública y los escasos 200 millones del nuevo impuesto a las bebidas carbonatadas. El fin último: reducir el déficit en 2017 hasta el 3,1 por ciento comprometido. El medio para lograrlo: aumentar la recaudación sin reducir el gasto.
Entre las medidas más previsibles a las que dio luz verde ayer el Consejo de Ministros, la reforma del Impuesto de Sociedades, que afectará a la compensación de bases imponibles negativas y a la deducción de gastos financieros, así como a la modificación de la exención aplicable a dividendos y ganancias patrimoniales recibidos de filiales extranjeras de fuera de la UE. Es de ahí de donde "muy probablemente" se consiga el grueso de la recaudación prevista por el Gobierno, a juicio del profesor del IEB, Javier Santacruz. Algo que no cae bien en la CEOE, desde donde denuncian que "el incremento de la presión fiscal agrava todavía más la excesiva imposición a la que hacen frente nuestras empresas".
Asimismo, estaba cantado el incremento de la tributación sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas y la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información, un instrumento que consiste en el envío electrónico en tiempo real a la Agencia Tributaria de las facturas con IVA, por cierto, uno de los impuestos que se libran, junto con el IRPF, de la subida para 2017.
Y, entre las modificaciones menos esperadas, la introducción de un nuevo gravamen a las bebidas con alto contenido en azúcar, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que recientemente pidió a todos los países un tributo para aumentar el precio de las bebidas azucaradas en un 20 por ciento.
Oposición frontal
Las reacciones a este impuesto, que se articulará mediante un proyecto de ley, fueron de rechazo frontal entre los sectores afectados. La patronal de refrescos Anfabra se opone al gravamen porque, de aplicarse, "perjudicaría la recuperación del consumo". Por su parte, el sector remolachero azucarero asegura que la iniciativa penaliza la imagen del producto "en un momento crucial para el sector, como es el final de cuotas de producción europeas previsto para 2017".
Pero la penalización al exceso de azúcar en las bebidas no ha sido la única que ha avivado fuegos por su negativo impacto en el consumo. El sector de bebidas con contenido alcohólico advierte de que la subida del 5 por ciento a los espirituosos "afectaría a segmentos sociales de menor renta y a la hostelería y el turismo", y recomienda al Gobierno mantener la política fiscal llevada a cabo hasta ahora como "la mejor estrategia para maximizar la actividad económica y la recaudación".
En este sentido, Bernal va más allá y asegura que tanto la mayor fiscalidad sobre el alcohol como el impuesto a las bebidas azucaradas "grava a todas las clases y, especialmente, a las bajas", pues no hablamos de productos cuyo consumo se incremente en función de la renta. Coincide con él Santacruz, para quien, directamente, gravar los refrescos es "un disparate monumental, con visos de fracaso".
En cuanto a la subida de impuestos, tanto al alcohol como al tabaco (2,5 por ciento para los cigarrillos y el 6,8 por ciento para la picadura de liar), el profesor del IEB sostiene que es de ahí de donde se saca "casi toda la recaudación cierta", la que en términos netos entra en las arcas públicas, porque sus consumidores tienen "una demanda rígida".
Y sobre la limitación del pago en efectivo a 1.000 euros, Bernal advierte de la tentación de "hacer facturas más pequeñas", aunque asegura que "la economía sumergida no va a poner remilgos en cobrar en efectivo cantidades superiores".
