
El Ejecutivo da luz verde a incrementar un 3% la base máxima de cotización para 2017, con lo que se situará en unos 3.565,8 euros mensuales, frente a los 3.462 euros de 2016. Con este incremento, la Seguridad Social ingresaría hasta 330 millones el próximo año. Para la reforma de las pensiones el debate está si se levanta el tope para los salarios más altos.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, había anunciado esta subida, durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro. Ha explicado que cada punto de incremento de la base máxima implica unos ingresos para el sistema de entre 100 y 110 millones de euros, con lo que una subida del 3% reportaría al sistema unos ingresos de entre 300 y 330 millones de euros.
El secretario de Estado ha precisado que esta propuesta se quiere debatir en el Pacto de Toledo y que la idea es que, "en justa correspondencia con este aumento de la base máxima, también se incremente la cuantía de la pensión máxima".
Burgos ha recordado que las bases máximas han evolucionado en los últimos años por debajo de la propia evolución de los precios, razón por la que el Gobierno decidió subirlas en varios ejercicios, pero de manera discreta.
Por otro lado y tras la decisión del Gobierno de subir el salario mínimo inteprofesional (SMI) un 8% para 2017, el secretario de Estado ha explicado que este incremento conllevará una subida automática de la base mínima de cotización al estar referenciada al SMI.
El incremento de la base mínima restará unos 70 millones de euros a los ingresos del sistema, según ha detallado Burgos, que ha indicado que a los agentes sociales no les ha parecido mal la propuesta del Gobierno de elevar la base máxima de cotización un 3%.
Levantar el tope en las bases máximas
El Gobierno ha deslizado, tras convocar el Pacto de Toledo para afrontar la reforma de las pensiones, que mantiene negociaciones con PSOE y Ciudadanos para incluir hoy el destope de las cotizaciones en el Consejo de Ministros.
El ex ministro de Trabajo socialista, Valeriano Gómez, defiende que esta medida supondría aumentar los ingresos anuales de la Seguridad Social en 8.000 millones.