El tiempo para cumplir con Bruselas empieza a agotarse. El Ejecutivo debe mandar a sus socios europeos antes del 15 de octubre un plan de medidas que garantice el cumplimiento del déficit en 2017 y, hoy por hoy, la falta de Gobierno impide validar en el Congreso dicho paquete, en el que se encontraría la reforma del Impuesto de Sociedades. De esta manera, los populares han decidido emprender negociaciones con el PSOE para aprobar en el Congreso un conjunto de propuestas económicas de carácter urgente.
Así las cosas, el PP ha presentado esta mañana una proposición no de Ley que señala que la Cámara Baja "manifiesta la necesidad de adoptar, antes del 15 de octubre, las medidas necesarias que permitan cumplir con la nueva senda de consolidación fiscal y evitar las sanciones asociadas al procedimiento de déficit excesivo".
Y es que la fórmula del Real Decreto Ley, que los gobiernos utilizan para aprobar medidas de carácter urgente, contiene un hándicap: requiere de convalidación parlamentaria. Es decir, si el Ejecutivo en funciones quiere acudir a la Comisión el 15 de octubre con los deberes hechos deberá trabajarse una mayoría suficiente que dé el visto bueno a su medida. Ahora, al igual que sucede con la investidura de Mariano Rajoy, no tiene esa mayoría garantizada, pese a contar con el apoyo de los diputados de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria. El papel del PSOE se hace imprescindible.
Según ha confirmado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, su partido está "dispuesto a dialogar" medidas económicas urgentes pero ha pedido "ampliar el diálogo al resto de grupos parlamentarios".
En este sentido, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado esta mañana que tiene constancia de las conversaciones entre ambos partidos y ha reconocido, a pesar del tinte bipartidista de las negociaciones, que hay "algunas cuestiones urgentes" de las que hablar, como modificar el Impuesto de Sociedades.
Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos tras la Junta de Portavoces, Irene Montero, ha manifestado que mantienen un "contacto regular" con el resto de fuerzas políticas "incluido el PP".
Los partidos también están intentando desatascar el techo de gasto y la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las comunidades autónomas puedan acogerse a los topes de déficit marcados desde Bruselas.
CNMV y Banco de España
Además de la reforma tributaria, otras cuestiones que están en el aire es la renovación de los consejos del Banco de España y de la CNMV. En caso del regulador bursátil, el próximo 6 de octubre acabarán los mandatos de la presidenta y la vicepresidenta del organismo, Elvira Rodríguez y Lourdes Centeno.
En este sentido, no existe una ley que permita que la cúpula saliente pueda prorrogar sus mandatos hasta que un Gobierno con plenas funciones apruebe el nombramiento de sus nuevos responsables. De momento, el Ejecutivo de Rajoy cuenta con el apoyo de Ciudadanos, que hace unos días manifestó su disposición a decir sí a un eventual decreto que prorrogue a la actual directiva durante unos meses, previsiblemente tres, antes de la formación de Gobierno. Más allá, la formación naranja se niega.
En cuanto al Banco de España, el mayor contratiempo vendría al terminar el año, ya que el subgobernador, Fernando Restoy, empezará el 1 de enero a presidir el Instituto de Estabilidad Financiera del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Lo que prevé la normativa vigente es que el Gobierno, a propuesta del gobernador, nombre un sustituto.
Habitualmente, tanto los nombres del gobernador y subgobernador son pactados por los principales partidos. Así, en el caso actual, Luis María Linde fue el hombre escogido por el PP, y Fernando Restoy, el que propuso el PSOE.Sin embargo, se presenta una situación excepcional.
Pensiones y salario de los funcionarios
Por último, otro aspecto que necesita del acuerdo entre el Gobierno en funciones y el PSOE es la actualización de las pensiones y del salario de los funcionarios. Las últimas noticias al respecto han sido durante el último Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el Ejecutivo "indudablemente estudiaría muy concienzudamente" este punto a pesar de no poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.
Por su parte, UGT y CCOO han enviado una carta a Rajoy, en la que piden la puesta en marcha "urgente" de las medidas legislativas necesarias para garantizar la revalorización de las pensiones en 2017, una subida que los sindicatos estiman en el 1,1%.
