La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el Ejecutivo "indudablemente estudiará muy concienzudamente" si puede actualizar las pensiones o el salario de los funcionarios a pesar de no poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Por su parte, los funcionarios reclaman un acuerdo de investidura para aprobar la oferta de empleo público 2017.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que "dentro de las limitaciones trataremos de no perjudicar a nadie", para agregar que si bien alguna de las problemáticas de no tener nuevos PGE "podrá solventarse, alguien va a salir perjudicado porque un Presupuesto entero" tiene muchos aspectos. De esta manera, advirtió del coste claro de no tener Gobierno en plenas funciones y no poder elaborar los PGE.
La vicepresidenta explicó que si el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado no llega al Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre, el calendario entra en "una dinámica que es muy difícil" aprobar en plazo las cuentas públicas para que entren en vigor el 1 de enero de 2017.
"Se necesita un Gobierno con urgencia porque hasta ahora hemos mantenido la recuperación porque aprobamos los Presupuestos de 2016" y en funciones sí se puede ejecutar una ley, pero no aprobar normas nuevas.
En este sentido, subrayó que los Presupuestos duran lo que duran y de ellos dependen muchas decisiones que afectan a la vida de los españoles, y recordó que alrededor de 14 millones de españoles reciben alguna prestación.
Presupuestos
Por ello, que no haya un Gobierno en plenas funciones que pueda elaborar los PGE, ya que hay aspectos de los Presupuestos que no se prorroga, dijo Sáenz de Santamaría, quien lamentó que "los bolsillos de los ciudadanos vayan a notar las consecuencias de que no se constituya un Gobierno en España".
"Estamos afectando a la vida diaria de muchos españoles", señaló la número dos del Ejecutivo, quien agregó que "hay una manera de evitar cualquier tipo de preocupación" y que pasa por conformar un Gobierno cuanto antes.
La vicepresidenta indicó que un Gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley y, por tanto, no puede elaborar los PGE. "Eso está prohibido expresamente por la ley del Gobierno; no podemos llevar a cabo todas las tareas para hacer el Presupuesto".
Hacerlo sería ilegal e inconstitucional, dijo Sáenz de Santamaría, quien recordó también que la iniciativa presupuestaria corresponde en exclusiva al Gobierno y nadie más la tiene.
De esta manera, si el 31 de diciembre no hay un Presupuesto aprobado, se prorrogan las partidas de los PGE, es decir, que "la parte contable de un año sigue en el siguiente, pero lo que ahí no está pintado no se puede pintar".
Sáenz de Santamaría apuntó que siguen las mismas partidas con sus montantes, que no se pueden cambiar, y añadió que hay partidas que necesitan expresamente que los Presupuestos las vuelvan a incluir.
Así, se refirió a la actualización de determinadas prestaciones que, sin nuevos PGE, hay prestaciones que se mantendrán congeladas en las cuantías de 2016. En concreto, apuntó partidas como las pensiones, relacionadas con el salario de los funcionarios o con la oferta de empleo público.