El Gobierno prepara un decreto-ley para instrumentalizar los cambios en el Impuesto de Sociedades con los que aplacó la ira bruselense y contuvo la multa que se jugaba España el pasado mes de julio (de hasta 2.000 millones de euros) por no haber tomado, a juicio de las instituciones europeas, medidas efectivas para la reducción del déficit público.
En concreto, y como explicó el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, el pasado martes, en Comisión parlamentaria, se fijará un tipo impositivo de al menos el 20% para los pagos a cuenta de las empresas cuya facturación supere los 20 millones, con el fin de recaudar 6.000 millones adicionales. Si tenemos en cuenta que una posterior supresión de la medida provocaría una nueva caída de los ingresos tributarios el próximo ejercicio, es probable que la medida no tenga carácter puntual y se extienda, al menos, hasta que nuestras cuentas arrojen un mayor equilibrio presupuestario, advierten los expertos.
A la espera del decreto, que previsiblemente irá al Consejo de Ministros del próximo 23 de septiembre, según indican fuentes parlamentarias a elEconomista, crece la alerta entre los responsables financieros de grandes empresas y grupos fiscales ante la necesidad de planificar disponibilidades de caja suficientes para atender, entre el 1 y el 20 de octubre, los desembolsos requeridos.
Mayor aún es la preocupación empresarial ante el mensaje lanzado por diversos expertos tributarios: si la medida es puntual provocará una caída de ingresos al año siguiente. Eso lleva a pensar, como recoge un informe de Equipo Económico, que existe una alta probabilidad de que una vez implantadas las medidas se prorroguen al menos en el medio plazo y hasta la recuperación de un mayor equilibrio presupuestario.
Aplazamientos
Existe un problema añadido para las empresas con problemas de tesorería, y es que será más dificultoso obtener de la Agencia Tributaria un eventual aplazamiento de pago. Al tratarse de una medida extraordinaria con carácter de anticipo financiero, muchas solicitudes de aplazamiento pueden verse denegadas, explica el mismo informe.
Ante esta situación, el estudio aconseja una aplicación gradual del cambio en el impuesto sobre beneficios en orden a reducir su impacto en las decisiones empresariales, al entender que algunas compañías podrían posponer operaciones para evitar su toma en consideración tributaria a efectos del pago fraccionado.
Para aplicar el cambio en el Impuesto de Sociedades que España exhibió ante Bruselas como antídoto a la multa, es necesario un decreto-ley del Gobierno en funciones que esté publicado, como fecha última, en el BOE del 30 de septiembre y ha de ser convalidado por el Congreso de los Diputados.
