El Gobierno se dispone a aprobar en pocos días, previsiblemente en el Consejo de Ministros del 23 de septiembre, un Real Decreto Ley de modificación del Impuesto de Sociedades por el que impondrá un tipo de "al menos" el 20% en los pagos a cuenta de las empresas que facturen más de 20 millones. Así lo aseguró este martes el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria del ramo.
Guindos fue tajante y explicó que si el Ejecutivo no adopta medidas como la de modificar Sociedades antes del 15 de octubre, España se verá abocada a un castigo europeo de casi 7.000 millones de euros "casi imposible" de evitar. Diciembre será el mes en que Bruselas empiece a demandar esa cantidad.
La modificación de Sociedades ya fue anunciada por el propio ministro en el mes de julio, si bien entonces existía más margen recaudatorio. A estas alturas del año no está claro que los anticipos puedan cobrarse en el pago a cuenta de octubre, por lo que numerosos expertos auguran que recaudar 6.000 millones extraordinarios resultará muy complicado. De cualquier manera, solo el gesto de aprobar la modificación legal contendría la furia sancionadora de Bruselas, muy molesta con España por los sucesivos incumplimientos en materia fiscal desde que le abriera el procedimiento infractor por déficit excesivo en el año 2009.
La fórmula del Real Decreto Ley, que los gobiernos utilizan para aprobar medidas de carácter urgente, contiene un hándicap: requiere de convalidación parlamentaria. Es decir, si el Ejecutivo en funciones quiere acudir a la Comisión el 15 de octubre con los deberes hechos deberá trabajarse una mayoría suficiente que dé el visto bueno a su medida. Hoy por hoy, y al igual que sucede con la investidura de Mariano Rajoy, no tiene esa mayoría garantizada, pese a contar con el apoyo de los diputados de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria.
Ya no hay excusas
El titular de Economía explicó que nuestro país, que ya eludió una multa de 2.100 millones de euros en el mes de julio prometiendo mano dura contra su exceso de déficit, se enfrenta ahora a una sanción del 0,5% del PIB -unos 5.500 millones de euros- si el 15 de octubre no comunica a Bruselas que ha tomado medidas efectivas frente al agujero fiscal. Esas medidas pasan por reformar Sociedades, cumplir estrictamente la Ley de Estabilidad y reforzar la transparencia en los procesos de contratación pública. Además, Bruselas podría ordenar una congelación de fondos de convergencia a partir del 1 de enero, si bien el ministro estima que la cantidad "no sobrepasaría los 1.325 millones de euros".
En conjunto, el castigo de las instituciones europeas ascendería casi a 7.000 millones, una cantidad que abriría un nuevo agujero de siete décimas en un déficit fiscal ya de por sí disparado. Cabe recordar en este punto que hasta julio el agujero del Estado equivalía al 2,6% del PIB cuando para todo el año contaba con un límite del 1,8%. Una cifra aún peor que la del ejercicio 2015, cuando el déficit se marchó al 5%. Este año debe cumplirse el 4,6%.
"En esta ocasión sería casi imposible evitar una multa, porque hemos entrado en una fase más dura del procedimiento por déficit excesivo", aseguró Guindos, recordando además que España "se vería amenazada por falta de credibilidad" en un momento especialmente delicado. Pese a que la economía sigue funcionando con "dinamismo" y España avanza todavía a un ritmo del 3,2%, el efecto de la bonanza puede no persistir.
También Presupuestos
Pero no solo en la modificación de Sociedades se juega su credibilidad España. El Gobierno debe presentar a Bruselas el plan presupuestario del próximo año el 15 de octubre como fecha límite, tal y como establece la normativa europea para todos sus socios. "Hemos de cumplir las reglas", advirtió Guindos, recordando que la situación de interinidad de su Ejecutivo es un punto en contra.
"Lo que vamos a hacer es presentar un plan presupuestario de prórroga sin modificación del escenario fiscal", comunicó, alertando de que La Moncloa no puede inmiscuirse en las cuentas públicas que puede terminar gestionando otro Gobierno. Con ese paso, Guindos espera contener una nueva reprimenda de la Comisión en un momento especialmente delicado.
