Esta vez, el día y la hora no son los habituales y, sin embargo, la reunión que mantendrá esta tarde el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, con las comunidades autónomas, sí estará marcada por las tiranteces habituales a cuenta de los esfuerzos de reducción del déficit exigidos.
Montoro dio un ultimátum a los Ejecutivos territoriales la pasada semana, al exigirles un acuerdo de no disponibilidad para que no gasten más de lo previsto este año. Les reclamó, además, una actualización de su plan de ajuste donde detallen cómo van a reducir el agujero de sus cuentas hasta el 0,7% exigido en 2015. Las autonomías tienen menos de quince días para responder a esta exigencia y las protestas han sido unánimes entre los Gobiernos territoriales, al margen, incluso, de su color político.
Cataluña fue la primera comunidad en rebelarse contra Montoro. Carles Puigdemont, de hecho, fue el que tomó la iniciativa la semana pasada de hacer un frente autonómico para contrarrestar las demandas de Montoro. Oriol Junqueras, conseller de Economía y Hacienda que desde el primer momento se ha negado a realizar ajustes, sin embargo, no lo defenderá hoy públicamente, ya que tiene un viaje institucional a Italia. Asiste, entre otras cosas, al nombramiento como exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia del monje de Montserrat, Manuel Nin. En su lugar, acudirá Raül Romeva, sobre el que pesan las responsabilidades de "acción" exterior de la Generalitat.
Objetivo "inasumible"
No obstante, Junqueras ha dejado clara su argumentación. Ayer, remitió una carta a Cristóbal Montoro, en respuesta a la que había enviado el Ministerio el 6 de abril. En ella afirma que el objetivo asignado a Cataluña para el ejercicio 2016 en el actual contexto de ingresos y gastos es "inasumible tanto desde el punto de vista social, como desde el punto de vista técnico". 
Junto a Cataluña, han planteado un frente común Aragón y Extremadura (las dos regiones intervenidas por Hacienda por pagar más tarde a sus proveedores), así como Andalucía y Asturias. Todas reclaman un reparto equitativo de los objetivos de déficit entre Administraciones y recuerdan que las competencias con más gasto las asumen las comunidades autónomas (sanidad, educación, servicios sociales) y no el Estado que, según explican, se reserva para sí el mayor tope.
A esta petición, Castilla-La Mancha suma la de que el Gobierno central renegocie con la Comisión Europea una senda de reducción del déficit más acorde a la coyuntura económica que atraviesa el país.
Protestas en los territorios del PP
Las protestas se extienden, también a los territorios gobernados por el PP. Castilla y León mantuvo ayer su rechazo a nuevos recortes. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Rosa Valdeón, apeló a la "sensibilidad" de Cristóbal Montoro para que "rectifique" hoy su postura y finalmente no obligue a la comunidad a recortar 328 millones de euros de gasto. Valdeón insistió en la idea expresada el día antes por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que advirtió de que estaría dispuesto a acudir a los tribunales para que no haya más recortes.
Mientras, Madrid, a la que se exige una no disponibilidad de gasto de 1.346 millones de euros, centra sus críticas en el actual modelo de financiación. Desde el Ejecutivo regional insisten en que el sistema les perjudica gravemente, al recibir 1.000 millones de euros anuales menos de lo que les correspondería, según sus cálculos. Precisamente, el orden del día elaborado por Hacienda contempla informar a las autonomías sobre la creación de una comisión de expertos para revisar el modelo de financiación.
Desde Hacienda inciden, sin embargo, en que lo que están exigiendo a las autonomías no son recortes, sino que se limiten a gastar lo presupuestado este año. Recalcan que con esto bastará para reducir su déficit. Las regiones que no aprueben las medidas necesarias pueden ver cómo el Estado pasa a tutelar los impuestos cedidos, en virtud de la Ley de Estabilidad.
Únicamente tres autonomías llegan al encuentro con los deberes hechos. Canarias, País Vasco y Galicia fueron las únicas que se ciñeron el año pasado al límite de déficit del 0,7%.
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