Juristas piden todas muertes laborales se investiguen penalmente

Sevilla, 5 sep (EFECOM).- La fiscal jefe de Cádiz, Angeles Ayuso, el magistrado Ramón Sáez Valcárcel y el catedrático de la Universidad de Cádiz Juan María Terradillos coincidieron en que todas las muertes por accidente laboral deberían investigarse penalmente, lo que sólo sucede en el 15 por ciento de los casos.

En el curso de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que se celebra en Sevilla con el título "Siniestralidad laboral: un efecto con causas", la fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz dijo que "no es que la siniestralidad equivalga a delito, pero sí que cada siniestro mortal debe investigarse penalmente" como medida inicial para que España deje de ocupar el penúltimo lugar de la UE, sólo por delante de Portugal, en cuanto a seguridad laboral.

Que España tenga una media superior al un muerto diario, que esta media vaya en aumento y que no haya tenido ni un punto de inflexión en los últimos quince años fue achacado por estos especialistas a que se incumple la normativa, ya que ésta, aseguraron, es homologable a la del ámbito europeo y está contrastada.

Por este motivo coincidieron igualmente en que sería buena la existencia de una policía especializada, si bien Terradillos, director del curso de la UNIA, advirtió de que el Código Penal español "castiga la mera creación de peligro", al igual que sucede con la conducción temeraria, una actitud que se castiga antes de que produzca daños.

La fiscal Ayuso matizó que la normativa actual en seguridad laboral es "indiferenciada" porque no distingue entre pequeñas y medianas empresas, que constituyen mayoritariamente el tejido industrial y de la construcción en España, y particularmente en Andalucía, y se ha hecho pensando más en las grandes empresas y que la inspección de Trabajo es insuficiente, con unas "plantillas ridículas" y demasiadas atribuciones, como las recaudatorias.

Como ejemplo, Ayuso aseguró que a un inspector español le corresponden siete veces más trabajadores que a uno británico.

Sáez Valcárcel, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, señaló que la desgracia "se reparte de manera desigual, como la propiedad" y que, en España, los inmigrantes tienen cuatro veces más posibilidades de sufrir accidentes laborales que los españoles.

Cuando se trata de mujeres, las inmigrantes tienen cinco veces más posibilidad de sufrir un accidente que las españolas, y cuando la edad de los trabajadores inmigrantes es avanzada este riego se multiplica por quince en relación al de un trabajador nacional.

Sáez Valcárcel, que habló de la "escasa eficacia de la justicia penal" en este ámbito, por la reducida proporción de accidentes mortales investigados, recordó que la técnica correcta penalmente es preguntarse "qué hizo el empresario" y no "qué hizo el trabajador", ya que "en el ámbito penal, la culpa nunca es de la víctima".

Terradillos denunció "un elemento ideológico subyacente, que se sigue aceptando la fatalidad del accidente o que éste vaya determinado por factores incontrolables", por lo que coincidió con Sáez Valcárcel en preguntarse qué tipo de sociedad es la que acepta como normales estos accidentes y permanece sin una reacción contundente para detenerlos.

La normativa de seguridad, según Terradillos, es incumplida para minimizar costes, y se incumple sobre todo en los sectores más marginales, en empresas pequeñas, lo que sufren más inmigrantes, jóvenes y mayores, trabajadores menos cualificados y en mayor precariedad laboral, que no pueden ejercer resistencia ante una situación de abuso. EFECOM

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