Fiscal pide que se impute a uno de los testigos del fraude de Hacienda Irun

San Sebastián, 3 oct (EFECOM).- La Fiscalía de Guipúzcoa ha solicitado que uno de los testigos que han declarado hoy en el caso del presunto fraude de la Hacienda de Irun (Guipúzcoa) pase a ser imputado en la causa, informaron a Efe fuentes judiciales.

Dentro de las diligencias de investigación que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irun por este asunto, su titular, Almudena Ovejero, había citado a testificar hoy a seis personas, tres de ellas en calidad de perjudicadas y otras tantas como testigos.

Las citadas fuentes precisaron que durante la declaración de uno de estos últimos (un presunto amigo del ex director de la Hacienda de Irun José María Bravo, principal acusado en esta causa), el fiscal solicitó que se interrumpiera la diligencia para continuar con ella en otro momento pero en condición de imputado.

Las acusaciones particulares que ejercen la Diputación de Guipúzcoa y las Juntas Generales de esta provincia, así como la acción popular, a cargo del sindicato LAB y del abogado Fernando Argote Pons, mostraron su conformidad con la petición del representante del Ministerio Público, mientras que las defensas de los otros cinco acusados no se opusieron a esta demanda sobre la que la juez deberá pronunciarse próximamente.

Las fuentes explicaron que, hasta el momento en el que el fiscal interrumpió la intervención de este testigo, el declarante había explicado que era amigo de José María Bravo, al que orientó sobre la decoración de un inmueble en el valle del Jerte (Cáceres).

Según las fuentes mencionadas, este hombre explicó que en 2004 recibió una carta en la que Hacienda le reclamaba unos 26.000 euros, por lo que se puso en contacto con Bravo, al que conocía desde el año 2000, quien le dijo que debía tratarse de un error y al poco tiempo se declaró su insolvencia.

Según denunció en su momento la Fiscalía, José María Bravo, hermano del ex senador del PNV Víctor Bravo que dimitió tras hacerse público este asunto, se valía presuntamente de su "acceso directo a información tributaria" para reclamar pagos de deudas a contribuyentes morosos, a los que cobraba una cantidad rebajada que, sin embargo, no ingresaba posteriormente en la Hacienda foral.

Los otros cuatro imputados son la mujer de Bravo, Rosa Cobos; el socio de éste Pedro María Atristrain; y la funcionaria Pilar Gracenea, quienes se encuentran en libertad tras prestar declaración en el juzgado los días 1 y 2 de agosto.

Las próximas declaraciones de testigos en este caso tendrán lugar el 15 de octubre. EFECOM

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