Fuerte discrepancia entre Gobierno y sindicatos sobre la huelga

Lisboa, 30 may (EFECOM).- El Gobierno socialista luso y los sindicatos de tendencia comunista evaluaron de forma muy distinta la huelga general convocada hoy en Portugal, que tuvo muy baja incidencia según las autoridades y muy alta según los sindicalistas.

De acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación y lo que se apreciaba en las principales ciudades de este país, de diez millones de habitantes, la protesta tuvo fuerte incidencia en los sectores del transporte y de algunos servicios públicos, se sintió menos en las empresas privadas y pasó desapercibida en el comercio.

El ministro de trabajo, José Vieira da Silva, declaró que la huelga fue seguida por menos del 12 por ciento del sector público y no llegó al 5 por ciento en el sector privado.

Pero Manuel Carvalho da Silva, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP, de tendencia comunista), que convocó la protesta, destacó su alto seguimiento y consideró esas cifras "una clara manipulación".

Con todo, la CTGP no quiso dar datos sobre la incidencia nacional de la huelga hasta el fin de la jornada y sólo sus organizaciones sectoriales y regionales facilitaron evaluaciones sobre la participación, que oscilaron entre el 60 y el 80 por ciento.

La huelga fue convocada para protestar por la política económica y social del primer ministro socialista, José Sócrates, cuya política de reducción del gasto público y de servicios sanitarios y educativos le ha valido varias manifestaciones y paros sectoriales.

"Este Gobierno no gobierna para las personas, gobierna para los números", se quejó hoy Carvalho, que pidió un giro social al ejecutivo de Sócrates, vencedor de las elecciones de 2005 con mayoría absoluta.

Pero el ministro Vieira restó importancia a la protesta, subrayó que la huelga no ha sido general sino parcial y sostuvo que la mayoría de los trabajadores portugueses no secundaron la convocatoria.

Entre ellos estaba el otro gran sindicato luso, la Unión General de Trabajadores (UGT, de tendencia socialista), ausente de la protesta por no ver en ella objetivos claros.

El paro se sintió sobre todo en servicios municipales como la recogida de basuras y en la administración pública, donde el Gobierno aseguró que no llegó al 13 por ciento, y las organizaciones sindicales, que había paralizado numerosos servicios.

La actividad en los tribunales de Lisboa cesó casi por completo y muchas oficinas de atención al público funcionaban parcialmente, mientras que en la educación menos de un 10 por ciento de los colegios dejaron de funcionar, según el Gobierno, pero la incidencia entre los profesores fue mayor, de acuerdo con sus dirigentes laborales.

En Lisboa el metro y el transporte fluvial que cruza el Tajo estuvieron paralizados mientras los autobuses y los trenes funcionaban con bastante normalidad.

En Oporto sí hubo metro y las autoridades dijeron que la huelga sólo afecto al 20 por ciento del transporte, mientras que en los hospitales, como ocurrió en la capital, cerraron sólo algunos servicios.

El secretario de Estado de Empleo, Fernando Medina, informó de que en el sector privado hubo un 5 por ciento de seguimiento en la industria química y la textil y apenas el 1 por ciento en la metalúrgica, mientras la incidencia más alta se registró en el sector de material eléctrico, con el 10 por ciento.

En cambio, la CGTP registró en una lista de 350 empresas de referencia una adhesión a la huelga del 47 por ciento, que se sintió con fuerza en el cinturón industrial del sur de Lisboa y del norte del país.

En la hostelería y en las áreas turísticas de la costa meridional hubo poca repercusión, si bien muchos vuelos a las Azores fueron cancelados por el paro en los servicios de meteorología.

En la región central del país y en el Alentejo, los sindicatos informaron de que la participación fue elevada en los principales núcleos urbanos y en servicios estatales y municipales.

Mientras se desarrollaba la guerra de cifras sobre la huelga, el Gobierno restaba importancia en el Parlamento al aumento del desempleo hasta el 8,1 por ciento, lejos del objetivo del 7,5 que el Ejecutivo espera conseguir con la incipiente recuperación de la economía tras cinco años de crisis. EFECOM

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