La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que representa al 95% de los gobiernos locales del país, está muy preocupada. Todas las misivas enviadas al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta primera Mª Jesús Montero, a ésta la última en julio, en las que piden información, contacto y soluciones han caído en saco roto Mª Jesús Montero solo respondió en una ocasión.
Las entidades locales tienen muchos asuntos que resolver y algunos están afectando a sus arcas directamente. Uno de su grandes quebraderos de cabeza, según declara el secretario general Luis Martínez-Sicluna a el Economista.es, es cómo destinar el supéravit acumulado -más de 45.000 millones de euros- a inversiones financieras sostenibles como marca la ley. "Se necesita la prórroga de la disposición adicional 6ª de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no se ha hecho", explica Martínez-Sicluna.
Otro tema pendiente y sobre el que tampoco se está teniendo respuesta es cómo afrontar los costes sobrevenidos por leyes estatales o autonómicas. El secretario general pone como ejemplo la Ley de Bienestar Animal, que para los ayuntamientos es muy costosa. "Un ejemplo es la obligación para todos de controlar las colonias felinas, que es carísimo", apunta. "Pero este es solo un ejemplo, hay muchísimos más casos", añade.
En este capítulo entran los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 sobre el cobro del impuesto de la plusvalía municipal. El fallo ha supuesto un enorme coste por las devoluciones a los ciudadanos que habían recurrido antes de la sentencia y que todavía se están pagando. Además, las primeras estimaciones de la pérdida para los municipios por lo que no pueden cobrar por ser indebido son de 2.500 millones de euros de recaudación anual. "Lo que la FEMP pretende es que se fijen unos criterios comunes, que ahora no hay y es lo que motivó la sentencia. Es al Estado a quien corresponde aprobar la normativa básica para todo el país", señala Martínez-Sicluna.
El mismo caso se presenta con la famosa tasa de basuras que los ayuntamientos se han visto obligados a cobrar sin criterios comunes. "La directiva europea sobre residuos no comprometía a aprobar una ley inmediata para crear tasas, que es lo que se hizo en España. Todas las tasas son voluntarias y ésta no lo es y encima tiene que ser no deficitaria" expresa Martínez-Sicluna. Para este asunto sí hubo reuniones técnicas con Transición Ecológica y con Hacienda. "Pero no se escucha a los ayuntamientos, no hay un criterio básico y cada uno ha empezado a cobrarla según sus parámetros. Esto va a dar lugar a una multitud de recursos y esa inseguridad jurídica va a complicar mucho a los consistorios" explica el secretario general.
La lista de preocupaciones continúa. Este año, la FEMP se ha dirigido al Ministerio de Hacienda en cuatro ocasiones sin resultado. Dos veces con motivo del RDL sobre medidas especiales urgentes ante los aranceles comerciales y otras dos, para tratar el tema del supéravit de 2024 y las inversiones financieras.
Solo en una ocasión, el Gobierno ha hecho caso a las demandas de los ayuntamientos. Tras un primer semestre en el que no sabían nada de la actualización de su participación en los ingresos del Estado (PIE) ni de la liquidación definitiva de 2023, se convocó una manifestación de alcaldes en Madrid el pasado junio. Entonces sí que Mª Jesús Montero contactó con la FEMP para explicar que dicha actualización no se había llevado a cabo por la caída del decreto ómnibus en diciembre de 2024. Ante la sorpresa de la FEMP porque esa materia tuviera algo que ver con el contenido del decreto ómnibus, por fin hubo actualización de la PIE y liquidación definitiva mediante el RealDecreto-Ley 6/2025.
No obstante, la falta de comunicación entre el Gobierno y las entidades locales no se ha resuelto. La mayoría de las cuestiones planteadas en las cartas enviadas al Ejecutivo en 2024 (consecuencia de la falta de presupuestos, peticiones sobre fondos europeos o reglas fiscales) ya han perdido vigencia. Van surgiendo otras nuevas como la mencionada tasa de basuras, que tampoco se resuelven y el enquistamiento continúa.
Porque lo que de verdad preocupa a la FEMP es el ninguneo constante desde que empezó la legislatura en 2023. La ausencia de contactos se ha convertido casi en desprecio en lo que se refiere a su órgano máximo de diálogo con el Gobierno, la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), similar a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, donde se abordan temas financieros municipales. Han pedido repetidamente, incluso al presidente del Gobierno, que se reúna urgentemente, pues la ley marca que lo haga dos veces al año de forma ordinaria y desde 2023 no ha sido así. Únicamente se ha convocado de forma extraordinaria para tratar sobre la senda de gasto.
Sin embargo, lo más inquietante para la FEMP es que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien corresponde presidirla, le ha hecho llegar que ese organismo debería desaparecer y convertirse en comités, con lo que perdería mucha de la representatividad que ahora tiene. La urgencia de que se convoque la CNAL es que las entidades locales quieren que se actualice ya el sistema de financiación local. Al igual que el sistema de financiación autonómica, data de 2009 y se ha quedado obsoleto. "De la misma manera que las autonomías quieren empezar a debatir su nuevo sistema de financiación, y lo vemos lógico, las entidades locales tienen los mismos motivos", asegura Luis Martínez-Sicluna. "Nos tememos que nos van a dejar atrás y que al final, si negocian con las comunidades autónomas, nos tocará el sobrante. Deberían negociarse simultáneamente y cuanto antes", añade. El secretario general de la FEMP aclara que la convocatoria de la CNAL es una petición que se realizó el 29 de octubre de 2024, a través de una declaración institucional unánime de la Junta de Gobierno de la Federaciónen la que están representados Partido Popular, PSOE, Podemos, Sumar-IU, Junts y ERC.