La vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el BOE recogerá mañana la orden ministerial que activa la elaboración de los Presupuestos Generales de 2026. Este trámite formal hace que los departamentos empiecen a comunicar a la cartera que encabeza la andaluza sus necesidades presupuestarias para el próximo año, aunque ya se han producido contactos informales. Un día después de que el presidente, Pedro Sánchez, se comprometiera a presentar unas nuevas Cuentas, el Gobierno
pone en marcha la maquinaria para -en el mejor escenario- poder votarlas antes de que acabe el año.
El escenario actual complica que la votación en el Congreso de los Diputados pueda darse mucho antes de las campanadas de año nuevo, puesto que Hacienda llega tarde a algunos hitos, como la publicación de esta orden que es habitual que vea la luz en los meses de primavera o la aprobación de la senda fiscal que se solía aprobar en el mes de julio para poder cumplir el plazo reflejado en la Constitución: la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en la Cámara Baja tres meses antes de que expiren los del año anterior, es decir, como tarde el último día del mes de septiembre.
Diferentes expertos consultados por elEconomista.es señalan que la votación parlamentaria de estos objetivos de déficit y deuda de las administraciones públicas, paso previo ineludible para la aprobación de las Cuentas, no podría celebrarse, en las condiciones actuales, hasta principios del mes de noviembre. En concreto, el Consejo de Ministros tiene que aprobar el techo de gasto no financiero que permita cumplir la senda fiscal y enviarlo al Congreso de los Diputados, donde a día de hoy no tiene garantizados los apoyos para que salga adelante. El año pasado fue tumbado y el Gobierno volvió a aprobarlo sin que nunca fuera sometido a votación de nuevo.
No obstante, se trata de un elemento esencial en la cadena para la aprobación de los Presupuestos, puesto que recoge el límite degasto financiero en el que pueden incurrir las diferentes administraciones durante ese año. Este tiene que contar con los informes del Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y se diseña de forma que se cumpla la senda fiscal o los objetivos de estabilidad de déficit y deuda, para asignar una serie de objetivos por cada nivel de la Administración.
"No hay tiempo para que entren en la Cámara Baja el 1 de octubre como es preceptivo. Si se empezase ahora mismo, pero ahora mismo, hasta el 1 de noviembre como mínimo no estarían presentados y eso que esa fecha ya no es la legal", afirman las mismas fuentes que matizan que el incumplimiento de los plazos puede sortearse. "Basta con que la Mesa del Congreso decrete un procedimiento de urgencia y entren entonces, en noviembre, aunque no sea lo reglamentario" señalan, de hecho, no sería la primera vez que se salta el calendario recogido en la Carta Magna.
La ley no permite que se presenten el techo de gasto y los Presupuestos a la vez, ni que se prorroguen el techo de gasto o la senda de déficit que se haya aplicado en años previos, por lo que en este punto el margen para acelerar los plazos es acotado. Si bien, el Ejecutivo podría estar valorando que ambos textos vayan al Consejo de Ministros en semanas casi consecutivas si finalmente consiguen atar los apoyos que hagan viable la primera votación. El Proyecto de Presupuestos se debatiría en el pleno de la Cámara Baja (debate a la totalidad) y después pasarían a la Comisión de Presupuestos, donde se conformaría la ponencia -que elabora un informe- para después debatir las enmiendas parciales no incorporadas al informe y aprobar el dictamen que sería votado finalmente en pleno.
Tras este largo procedimiento, los ministros acudirían a esta Cámara para detallar su sección del Presupuesto para el próximo año y se procedería a la votación de las enmiendas que hubieran pasado "vivas" al hemiciclo, así como el dictamen de la Comisión de Presupuestos. Si resulta aprobado, se enviaría al Senado el Proyecto de Presupuestos, donde los grupos tendrían la oportunidad de presentar vetos y se podría dar un nuevo debate de las enmiendas que tendrían que ser aceptadas después por el Congreso de los Diputados.