Cada otoño la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se cuela entre los temas principales de la agenda laboral del nuevo curso. Y todo apunta a que este 2025 no va a ser diferente, pese a que la reducción de la jornada laboral siga a la espera de ser votada en el Congreso de los Diputados.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya avanzó a finales de julio que convocaría a la Comisión de Expertos tras el verano para seguir revalorizando el umbral mínimo salarial en 2026 y así lo ha confirmado esta mañana en una entrevista en TVE, donde se ha comprometido a "convocarlos de inmediato". La titular del área no ha señalado una fecha concreto, si bien, mantiene que la llamada al grupo de académicos, representantes de los ministerios económicos y de los sindicatos (las patronales rechazaron participar en este órgano) se produzca en las próximas semanas.
El departamento de Trabajo constituyó por primera vez este grupo en 2021 con el encargo de determinar cuál era el 60% del salario medio y recomendar una senda de crecimiento hasta el año 2023. Para la subida de 2024 este órgano no fue convocado y a finales de ese año fue renovado íntegramente, tras lo que recomendó una subida del 3,4% o del 4,4%. Díaz se decantó por el segundo porcentaje, por lo que el SMI alcanzó los 1.184 euros brutos en 14 pagas a comienzos de 2025.
En la última ocasión, la comisión asesora partía con el mandato de que la revalorización del SMI superase la inflación, de forma que los trabajadores situados en ese umbral salarial no perdiesen poder adquisitivo. Al tiempo que los sindicatos hicieron referencia al alza salarial recogida en los convenios colectivos como marco de referencia. El último dato del IPC, conocido el viernes, refleja que los precios avanzaron de media un 2,7% en el mes de agosto, mientras que los acuerdos colectivos con efectos económicos hasta el mes de julio recogen una mejora salarial del 3,46%.
No obstante, el grupo se decantó por la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que elabora el INEcomo punto de partida para elaborar su recomendación, tras valorar los datos recopilados por la estadística sobre los convenios y la Encuesta de Estructura Salarial, que acumula un decalaje de dos años.
Tanto CCOO como UGT esperan que en esta ocasión las consultas a los agentes sociales para elevar el SMI que tendrán lugar cuando se publique en informe se den en paralelo a las reuniones para transponer la directiva sobre salarios mínimos. Esta mesa de negociación se abrió en el mes de marzo, pero las fuentes sindicales consultadas trasladan a elEconomista.es que apenas se han producido avances sobre cómo reformar la normativa del salario mínimo. Es por ello que pese a considerar que sería conveniente cerrar estos detalles antes de aplicar el nuevo incremento, no dan por seguro que vaya a ser así.
En consecuencia, las dos organizaciones sindicales tienen previsto consensuar una cifra para sus demandas sobre la subida del SMI, con independencia de cuál acabe siendo la recomendación del grupo de expertos. Los representantes de los trabajadores destacan la importancia de igualar el salario mínimo al 60% del salario medio, pero enfrían la posibilidad de encajar una subida automática que solo tenga en cuenta esta referencia. En primer lugar por su dudosa viabilidad técnica y en segundo plano, porque anularía el papel que tienen los agentes sociales en estas consultas.
El Estatuto de los Trabajadores (ET) hace referencia al IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional o la coyuntura económica como aspectos a tener en cuenta antes de aplicar el incremento. Una pauta a la que se ata anualmente la patronal para posicionarse en contra de incrementos que consideran demasiado elevados si se tienen en cuenta estos aspectos y que lo sindicatos tampoco quieren dejar de lado.
Los representantes de los trabajadores creen que es prioritario formalizar en una ley los compromisos asumidos por Trabajo al hilo del último acuerdo para elevar el SMI. Estos tienen que ver con revisar los criterios de compensación y absorción de los complementos salariales, introducir la actualización automática de los convenios afectados por el SMI y añadir a los criterios del Estatuto de los Trabajadores mencionados, la vinculación al 60% del salario medio.
Asimismo, los sindicatos hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta la situación de las empresas que han asumido contratos con la Administración Pública y que a día de hoy no pueden repercutir el incremento de los costes laborales al precio de la licitación pública. La vicepresidenta segunda del Gobierno se ha mostrado favorable a introducir estos cambios, impulsando una iniciativa desde Sumar. No obstante, dependen de Hacienda.