Madrid
Los incendios que asolan España desde las últimas semanas han puesto en el punto de mira los recursos y planes de prevención que se destinan para tratar de reducir al mínimo los efectos causados por el fuego. En este sentido, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea se pronunció a inicios del verano a través de un informe en el que analizaba las actuaciones en materia de prevención de incendios de cuatro países de la Unión Europea –España (analizan Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia), Portugal, Grecia y Polonia– que se habían financiado a través de fondos europeos. Los resultados fueron claros: los sistemas son ineficientes, están obsoletos, y los criterios no son los más efectivos ni a corto ni a largo plazo.
Poniendo el foco en España, los auditores de la Unión Europea concretaron en que los requisitos de la evaluación de riesgo de incendio no se ajustaban a los actuales. Y es que, anteriormente, las normas de la UE sobre la ayuda Feader (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) señalaban que solo las zonas forestales que hubieran sido calificadas en las categorías de medio a alto riesgo podrían acceder a este fondo, pero la Comisión Europea suprimió el requisito. A pesar de ello, España y Grecia siguen aplicándolo. Además, también señaló anomalías en los trabajos de prevención de incendios, ya que la normativa europea establece que los cortafuegos deben trabajarse cada tres años y, cuando analizaron el caso de Galicia, observaron que las autoridades tenían previsto trabajar en menos de un tercio de los cortafuegos que ya existían, dejando el resto sin las tareas de mantenimiento y prevención correspondientes.
Por último, también se detectaron irregularidades en la selección de proyectos en estos países miembros, ya que se primaba el riesgo de incendio como un criterio de admisibilidad y, para ello, se utilizaban mapas antiguos y que no correspondían a los actualizados que proporciona el sistema EFFIS.
A pesar de que los auditores de la UE aseguran la complejidad de disponer de una visión completa del importe que se gasta en medidas relacionadas con los incendios forestales señalan que, a pesar de la ineficiencia de algunos planes, a través del fondo Feader –durante el periodo de 2014-2022–, más de dos tercios de este mecanismo se destinaron a incendios forestales en Grecia, Portugal y España. Además, también pueden recurrir al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con el objetivo de mitigar al máximo los efectos que pueden ocasionar los desastres naturales.
Así, el importe que se destinó a España en el marco del instrumento MRR es de 221 millones de euros, de los cuales 40 millones corresponden a Andalucía, Catilla-La Mancha y Galicia. Otro recurso que tienen disponibles los países es el Fondo de Solidaridad, una herramienta a la que España ha recurrido en numerosas ocasiones como en la crisis del Prestige –recibió 8,6 millones–, la Covid-19 –recibió 57 millones de euros–, el volcán de La Palma –se envió a España 9,5 millones–, o la Dana.