España es uno de los países de Europa que mayor carga burocrática impone sobre sus empresas. En concreto, el papeleo de todo tipo al que se enfrentan las compañías nuestro país para sacar adelante sus inversiones es un 33,4% superior a la media de la Unión Europea, lo que lo sitúa en una posición muy desfavorable en comparación de economías similares en el Viejo Continente como Francia o Alemania.
El estudio sobre coyuntura del Instituto de Estudios Económicos (IEE), publicado en julio de este mismo año, dice que España "evidencia un rezago significativo en la calidad del entorno normativo" del país. Así, los expertos del Instituto han elaborado el Índice de Deficiencia Regulatoria, que sitúa a España en el puesto 12 de 34 países.
Pero la deficiencia regulatoria no es lo único que demuestra que la burocracia española constituye un obstáculo económico de primer orden. En esta publicación, también se mide el fenómeno inverso, el Índice de Calidad Regulatoria, que evalúa la capacidad del Gobierno para diseñar políticas que sean favorables para el desarrollo del sector privado. En este indicador, el sistema administrativo de España, que aúna tanto la Administración Central, como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, obtiene una puntuación de 74,5 sobre 100, lo que lo sitúa en el puesto de 30 de los 38 países que componen la OCDE. "Esto evidencia una regulación muy por debajo de la media en eficiencia", apuntaban los expertos.
En concreto, la calidad regulatoria está un 7,7% por debajo de la media de la Unión Europea y nueve puntos por debajo de la OCDE. Esto sugiere que "persisten los obstáculos normativos que pueden limitar la competitividad y la agilidad del entorno empresarial, afectando a la inversión", recalcan en el informe.
En este sentido, del conjunto de la OCDE, Finlandia, Dinamarca yNoruega destacan como los países que tienen una mayor eficiencia regulatoria, mientras que en la otra parte están México, Turquía y Colombia, cuya deficiencia administrativa es la más alta de la muestra estudiada por el IEE. Esto indica que estos países "tienen unos marcos normativos extremadamente complejos, inestables o poco efectivos, que pueden obstaculizar su competitividad frente a otras administraciones y también su desarrollo económico".
El peso de la burocracia y la complejidad del sistema es una de las principales reclamaciones que hace el sector privado español en cualquier espacio de debate. Cada año, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) elaboran su informe de Producción Informativa en 2024, con el que analizan el "complejo" marco legislativo español. La pesquisa de la patronal concluye que el pasado ejercicio se aprobaron un total de 719 normas de ámbito estatal que atañen a las empresas. "Esto son prácticamente dos normas al día", denuncian. Este ritmo de producción normativa supone un 3% más que en el año 2023. Por tanto, el año 2024 "se sitúa como el quinto de mayor actividad legislativa de la última década", señalan desde la patronal.
En 2024, la producción normativa de las Comunidades Autónomas descendió un 39,8%, con 175 normas publicadas frente a las 291 de 2023. Así, si se tiene en cuenta la producción normativa total de España, estatal y autonómica, el año pasado se aprobaron 894 normas, "lo que equivale a casi dos novedades legislativas cada día".
Pero a todo esto hay que sumar la normativa comunitaria, ya que casi la mitad (46%) de las leyes que se aprobaron en las Cortes Generales en España el año pasado tenían su origen en Bruselas, según el informe sobre la Adopción de la legislación de la Oficina del Parlamento europeo en España, publicado en el mes de enero de este año.
"Para el tejido empresarial, adaptarse y mantenerse al día con la legislación vigente supone una dedicación considerable de recursos y esfuerzos, lo que impacta negativamente en su competitividad". Por este motivo, desde la OCDE reclaman que se es importante contar con marco jurídico "estable y confiable", como algo fundamental para el desarrollo económico y bienestar social del país.
Más de 100 días
En este sentido, desde la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, Pimec, quisieron poner cifras al coste y el tiempo que supone la burocracia para las empresas en el que concluyen que el 70% de las compañías que entrevistaron aseguraron que tuvieron que repetir gestiones que ya tenían hechas, por ejemplo.
Según el cómputo de Pimec, una empresa asentada en Cataluña tarde de media unas 41,1 horas al mes en realizar trámites con la administración pública. Asimismo, el informe concluye que, de media, se tarda 136 días en que dichos trámites administrativos acaben resueltos por los estamentos públicos.
Pero la carga administrativa no solo afecta a las empresas ya asentadas o fijadas en territorio nacional, sino que también afecta de manera muy directa a la Inversión Extranjera Directa (IED). Desde la OCDE elaboran cada año su Índice de Restricción Regulatoria de la IED, en el que resaltan la importancia de tener un sistema legislativo y normativo idóneo para que las empresas exteriores quieran fijarse en el país en cuestión para realizar su expansión.
"Estas medidas pueden tener importantes implicaciones económicas más allá de su posible impacto directo en el grado de competencia y la competitividad", dicen los expertos. Por tanto, la burocracia supone un riesgo clave, ya que limita indirectamente el crecimiento de la productividad en sectores de valor añadido, como el manufacturero.
Los trámites absorben el 10,5% del tiempo
Las empresas españolas dedican el 10,5% de su tiempo para arreglar papeleo y burocracia. Esta conclusión sale de una encuesta realizada por el Banco Mundial en el que señalan que el llamado "impuesto del tiempo" se ceba mucho más con las compañías españolas que con las del resto de economías del mismo nivel de ingresos, donde la media se situó en el 8% del tiempo destinado a atender la carga burocrática.
A pesar de todo, el porcentaje de tiempo se redujo considerablemente desde 2021, donde el porcentaje ascendía al 13%. Los más de 1.431 altos cargos y propietarios de las empresas españolas que entrevistó el Banco Mundial entre enero de 2024 y marzo de 2025 resaltan que este era uno de los principales escollos que les impedían llevar a cabo su actividad con normalidad. En este sentido, desde IEE apuntan a la necesidad de mejora de la calidad institucional y regulatoria para que la economía del país pueda avanzar.