
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presentó este lunes la reforma del modelo de oposiciones para la selección de personal público, en el que establece la obligatoriedad de realizar un máster gratuito de dos años para los aspirantes a los altos puestos de la Administración Pública (grupos A1 y A2), en el que estarían jueces y magistrados. Asimismo, estos aspirantes, una vez acaben esta formación, deberán realizar un examen para poder optar a la plaza.
La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y el ministro Óscar López, presentaron el documento de Consenso para una Administración Abierta donde se especifican estos nuevos requerimientos, entre los que también se establece que aquellas personas que aspiren a puestos en categoría A1 y A2 podrán estar becados a través de una red de centros aprobados por el propio Ministerio.
Así, según explicaron en la presentación, esta nueva vía de acceso a la Administración pública a los puestos más altos dará entrada a las mejores notas que surjan del examen final del máster y el resto recibirán un título de posgrado que tendrá reconocimiento oficial. Por otro lado, para los grupos C1 y C2, la formación se hará una vez se obtenga la plaza, es decir, cuando se incorporen a su puesto de trabajo. Para el resto de categorías, las oposiciones se mantienen como hasta ahora.
Este modelo, que se presenta desde Función Pública como una garantía de "igualdad de oportunidades", según Óscar López, se asemeja bastante al francés. Los galos tienen actualmente el Instituto Nacional de Servicio Público en el que se forman los altos cargos de la Administración Pública y tiene un gran prestigio, ya que por ella pasaron varios presidentes de la República, incluido el actual, Emmanuel Macron.
Según la secretaria de Estado, Clara Mapelli, este modelo garantizará "de manera real" la igualdad de oportunidades entre los perfiles de personas que optan a un puesto en la Administración General del Estado. Asimismo, aseguró que permitirá "superar" el antiguo modelo de acceso al funcionariado que se basaba en la tasa de reposición.
Pero este documento no solo reforma el modelo de selección de los puestos más altos de la tabla laboral de la Administración. También plantea una reforma para suprimir la cita previa obligatoria para poder hacer trámites en las entidades públicas. Asimismo, esta propuesta también incorpora el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar los servicios a la ciudadanía. Como ejemplos de casos de éxito, Mapelli puso la declaración de la renta o la Carpeta Ciudadana.
Para que esto se materialice, desde el Ministerio tendrán disponible "en los próximos meses" una plataforma de Inteligencia Artificial que sirva como base para aplicar los principios por los que se adjudican ciertas ayudas como el Kit Digital. Según López, analizaría las solicitudes de ayudas "en tres minutos".
Pero, como cualquier reforma de la Administación, requiere de un cambio en la regulación y por eso tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados para aplicarse, según explicó el ministro en su intervención. "Se trata de poner los medios primero y luego hacer el cambio legal", aseguró Óscar López.
Descarta quitar la tasa de reposición
En el año 2008, durante la crisis económica, el Estado buscaba recortar gastos en la Administración y aplicaron en el empleo público lo que se conoce como "tasa de reposición". Esto permitía reducir y/o congelar las plantillas en la función pública y que el antecesor de López, José Luis Escrivá, prometió eliminar en los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
La falta de apoyos para sacarlos adelante impide que salgan adelante estas Cuentas Públicas, por lo que todavía siguen con la prórroga de los de 2023, donde todavía están establecidos estos límites para las plazas vacantes que se producen, sobre todo, por jubilación.
En este sentido, López dijo que el plan que presentan este lunes es la "superación" a esa tasa de reposición. López explicó que este modelo era cuantitativo y reiteró que el problema actual de las plantillas de la Administración no es tanto por cantidad, sino que es "cualitativo". Lo que el ministro defendió de esta reforma es que "analiza las necesidades de las administraciones".
Carla Mapelli defendió que, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, esa tasa de reposición "se superó con creces". En concreto, en el ejercicio de 2023, dicha tasa pasó del 100% al 125% en sectores como sanidad o educación. Aunque en líneas generales, este sistema de porcentajes se mantiene y esto puede traer problemas a la hora de enfrentar las enormes jubilaciones que se producirán con los llamados generación del baby boom.
De hecho, la Oferta de Empleo Público (OEP) que presentó a inicios de este mes el departamento de Óscar López es inferior a la del año anterior, lo que provocó el descontento de los sindicatos. Según informó elEconomista.es, el Gobierno planteó incorporar 16.500 personas en el ámbito de la Administración General del Estado que sumarían un total de 27.000 al contar con los perfiles que se incorporarían al ámbito de la Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Asimismo, el hecho de que todavía se mantenga la tasa de reposición, origina un aumento de la contratación de personal interino para cubrir las vacantes, sobre todo en las administraciones de las Comunidades Autónomas. El abuso de este tipo de contratación pública provocó incluso la retirada de parte de los fondos de recuperación de los Next Generation por parte de la Comisión Europea.
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