Madrid 
El pasado jueves, el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública firmó, junto a los sindicatos de UGT y CSIF la convocatoria de 1.000 plazas de empleo público -es la cifra de solicitudes que había recibido la cartera liderada por Óscar López y que adelantó este periódico- para garantizar la jubilación parcial anticipada al personal laboral.
En el acuerdo, Función Pública se compromete con los sindicatos a que los contratos de relevo deberán formalizarse mediante un sistema centralizado en un plazo máximo de 6 meses. La convocatoria que tratará de poner fin a la "imposibilidad" de retirarse de manera parcial del personal laboral se publicará en una Oferta de Empleo Público (OEP) al margen de la OEP que tienen pendiente de negociación con los sindicatos para la AGE.
Estas nuevas vacantes están destinadas a la figura del relevista, que viene a ser aquella que sustituye al trabajador público que compatibiliza parte del salario con el cobro de la pensión, para la que cambiaron sus condiciones y, por los principios de igualdad, mérito y capacidad por el que se rige el sistema de contratación de la administración pública, quedó "paralizada" en este sector de empleados públicos.
Ahora, Moncloa debe aclarar cómo financiará estas plazas, ya que cabe recordar que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados desde 2023 y en ellos no se contemplaba este "gasto adicional". Si bien es cierto, una de las opciones podría ser amortizar las plazas que lleven más de tres años vacantes, lo que "liberaría" el presupuesto destinado a esa plaza y que se podría reorientar a cubrir el coste de la figura del relevista. También se podría optar por una ampliaciones de crédito -como se viene haciendo otros ministerios en los últimos años-, o a través de reajustes presupuestarios.