Madrid 
El ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ya ha puesto una cifra a las solicitudes registradas sobre el personal laboral que quiere acceder a la jubilación parcial desde el 1 de abril, y que vio su derecho paralizado por la reforma que entró en vigor ese mismo mes, aseguran a elEconomista.es fuentes sindicales. Un total de 1.000 personas habrían solicitado el retiro parcial este año, de acuerdo con estas fuentes, aunque el ministerio asegura no haber abordado todavía esta materia en las negociaciones. Con las cifras ya sobre la mesa, antes o después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Oferta de Empleo Público (OEP) del año 2025, la cartera liderada por Óscar López tendrá que diseñar las plazas que se destinarán para cubrir estas vacantes.
Esto se debe a que las plazas que están relacionadas con las jubilaciones, derivan de la Reforma Laboral y no de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que el número de vacantes que se oferte no computarán a efectos de la tasa de reposición.
Uno de los principales problemas que se presentan ahora al Gobierno es plantear cómo se financiarán esas plazas, ya que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se encuentran prorrogados desde el año 2023 y, en ellos, no se contemplaba este "gasto adicional". Si bien es cierto, una de las opciones podría ser amortizar las plazas que lleven más de tres años vacantes, lo que "liberaría" el presupuesto destinado a esa plaza y que se podría reorientar a cubrir el coste de la figura del relevista -que es el trabajador que cubre parte de la jornada del empleado que se acoge a la jubilación parcial-. También se podría optar por una ampliaciones de crédito -como se viene haciendo otros ministerios en los últimos años-, o a través de reajustes presupuestarios entre los diferentes ministerios. Se trata de una explicación que el ministerio tiene que concretar a los sindicatos, ya que ellos se oponen a firmar dicho acuerdo, si éste conlleva la "eliminación" de puestos de trabajo que lleven más de tres años vacantes.
El relevista, clave en el atraso
El principal problema de la jubilación parcial del personal laboral surge de la figura del relevista, que tras la reforma de las jubilaciones que entraron en vigor el pasado 1 de abril, obligaban a que éste fuera una persona desempleada y, al acceder al puesto, fuera con un contrato indefinido, a tiempo completo, y con una duración de, como mínimo, dos años desde que el jubilado opta por el retiro parcial.
Ahora, la Secretaría de Estado de Seguridad Social ha emitido un criterio en el que aclara que en las administraciones públicas, al relevista no se le aplicará el requisito de ser desempleado, ya que esto vulneraría los principios de igualdad, mérito y capacidad, por los que se rige el acceso a la administración pública.
Se pospone la negociación de la OEP
Una semana más tarde de que el ministerio y sindicatos e reunieran por primera vez para pactar la que será la Oferta de Empleo público del año 2025, y que se preveía cerrar este jueves, la reunión sobre la mesa que estaba prevista para el día de ayer -y que prometía ser clave- se desconvocó finalmente. Así, fuentes sindicales informaron que se retomarán las reuniones con con la Comisión Técnica el próximo día 3 de julio, pero que esa cita no será la definitiva.