Barcelona
El nuevo acuerdo de financiación catalán fue recibido con agrado entre los empresarios, aunque miran con recelo la falta de concreción del documento presentado por Gobierno y Generalitat el pasado lunes. Las fuentes consultadas por este medio aspiraban a un mayor detalle del nuevo cupo, como plazos y formas en las que se iba a aplicar y desplegar la nueva Agència Tributària de Catalunya (ATC). En el fondo: el temor de que se convierta en otro acuerdo anunciado y nunca desplegado al completo, como la condonación pendiente del 20% del FLA, las inversiones en infraestructuras o, si se echa la vista atrás, diferentes artículos del Estatut.
La muestra más clara de la posición fue el comunicado conjunto enviado por el Consell de Cambres de Catalunya, Pimec, RACC, FemCat, el Col·legi d'Economistes y Fira de Barcelona, que agrupa tanto al empresariado como a otras instituciones de la sociedad civil. "Las entidades reclaman concreción normativa, transparencia y celeridad en el despliegue del nuevo marco fiscal", reza la nota.
A estas demandas se sumaron, evidentemente, los partidos independentistas de la oposición, con ERC a la cabeza, que estuvo informado de las negociaciones entre PSC y PSOE debido a que la financiación singular fue uno de los requisitos para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El portavoz de la formación independentista, Isaac Albert, señaló que lo escuchado "suena bien en escenificación", pero necesita más concreción.
Y es que la gran traba para dar forma al despliegue de la ATC y a las modificaciones normativas necesarias –la Hacienda propia no encaja con la LOFCA y la ley de cesión de tributos- es la falta de apoyos políticos. De ahí que tanto el Govern como los empresarios pidieran que no se politizase la negociación, algo que parece improbable. "Pedimos la despolitización del debate para centrarse en invertir los recursos en las políticas públicas que impulsen el progreso económico del país y su tejido productivo", añadía el comunicado de las entidades.
El problema, sin embargo, no está solamente en el Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, que ya avisó que recurrirá ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional el acuerdo. Al Gobierno se le levantaron ya en contra sus principales barones fuera de Cataluña con el ya clásico Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón), Adrián Barbón (Asturias) y Miguel Ángel Gallardo (Extremadura). Tanto Castilla-La Mancha como Asturias y Extremadura se verían perjudicadas de verse aplicado el principio de ordinalidad requerido por Cataluña.
Foment del Treball, por ejemplo, también remarcó en sus posicionamientos que es imprescindible respetar "el principio de ordinalidad para que ninguna comunidad pierda posiciones después de la redistribución y se introduzca un límite al cupo de solidaridad interterritorial".
La ordinalidad en la financiación catalana
Y sobre la ordinalidad requerida, apenas hay mención en el documento. Y cuando la hay, solamente hace referencia a las peticiones de Cataluña; sin ninguna asunción por parte del Gobierno. "Cataluña considera que esta aportación debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final", reza el texto. Según El Confidencial, el pacto se rebajó en varios grados por influencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no quiere ver como se ve afectada su posición como candidata a las elecciones autonómicas de Andalucía, otro de los territorios que se vería perjudicado de ejecutarse esta máxima.
Por ello, las fuentes consultadas por este medio insisten en la falta de concreción de aspectos como el despliegue de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que no recaudará por sí misma el IRPF en verano de 2026 o la ejecución de los cambios en la LOFCA y la ley de cesión de tributos.
El Ejecutivo, que en todo momento vinculó la financiación singular a la reforma del sistema general dijo que llevará su propuesta de financiación autonómica después del verano al Consejo de Política Fiscal y Financiera. De lograr llevarse a buen puerto –Gobierno y Generalitat suman más del 50% debido a que la administración central ya tiene la mitad de los votos- serían las cortes generales las que deberían avalar el modelo definitivo.