El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó hasta cinco acuerdos para transferir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 6.836 millones de euros para poder cumplir con sus obligaciones de pago pese a tener prorrogados los Presupuestos Generales del Estado. La secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones había solicitado esta cuantía para cubrir el complemento de pensiones mínimas, las prestaciones de protección familiar, las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación, el IMV y las aportaciones a las que obliga el Pacto de Toledo.
Según informó el Ministerio de Hacienda, el departamento había solicitado 1.327 millones de euros para financiar el complemento que perciben las personas que cobran una pensión contributiva (que han generado a través de las cotizaciones) y que no alcanza el umbral mínimo establecido. De acuerdo con el último resumen publicado por la cartera de Elma Saiz, inicialmente estaba previsto destinar 7.250 millones de euros a cubrir este gasto, de los que se habían consumido un 42,7% al finalizar el mes de mayo. Dentro de este grupo ha una elevada presencia deantiguos autónomos que infracotizaron durante gran parte de su carrera profesional.
También se aprobó una transferencia de crédito por 1.300 millones para suplir las ayudas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que la AIReF ha vuelto a someter a examen y que perciben más de 700.000 personas. Los datos de ejecución del presupuesto de Seguridad Social reflejan que para el quinto mes del año ya se habían gastado el 62% de los recursos previstos en las Cuentas aprobadas inicialmente para 2023 (2.797 millones de euros).
El Ministerio de Seguridad Social también reclamó más liquidez para hacer frente a las prestaciones de protección familiar dirigidas a hogares en los que un menor de 18 años cuente con una discapacidad, respaldar el nacimiento de un hijo en familias monoparentales, numerosas o con padres con discapacidad, por parto o adopción múltiple. El Consejo de Ministros amplió en 427,5 millones el presupuesto de 1.326 millones diseñado para responder a las demandas existentes hace dos años.
En la misma reunión se acordó una ampliación de 769,5 millones de euros que se destinarán a pagar las pensiones por invalidez y jubilación no contributivas. Cada una de estas tipologías tenían asignados más de 1.000 millones de euros que tuvieron que ser recortados ligeramente para hacer frente a las pensiones derivadas de la DANA acontecida el pasado mes de octubre en las inmediaciones de Valencia.
Por último, el Ministerio de Hacienda dio cuenta de la aprobación de otra ampliación de casi 3.000 millones de euros para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del Pacto de Toledo sobre pensiones. El acuerdo entre los grupos parlamentarios establecía que todas las pensiones no contributivas tenían que cubrirse con los Presupuestos y que las cotizaciones solo debían asumir los gastos generados por las pensiones de carácter contributivo.