Madrid 
Los sindicatos, UGT y CCOO, reclaman al Gobierno que se aprueben los asuntos pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que se firmó en 2022 y puso fin el pasado mes de diciembre de 2024. La clasificación profesional de los empleados, eliminar la tasa de reposición, garantizar la jubilación parcial a personal laboral, funcionarios y sanitarios; reducción laboral a 35 horas semanales, garantizar el teletrabajo con las mismas condiciones a empleados del mismo grupo, y negociar la subida salarial del año 2025, son los temas pendientes del Gobierno con los trabajadores públicos.
Si bien es cierto que el pasado martes se puso fin a uno de los temas más candentes y aclamados como era el alza salarial del 0,5% con efecto retroactivo desde 2024, Moncloa sigue con diversos asuntos pendientes que afectan de manera directa a la mejora de condiciones de sus empleados públicos. Esta situación ha provocado que CCOO y UGT hayan convocado elecciones de cara al próximo martes 8 de julio.
Además, los sindicatos han denunciado que los empleados públicos son los únicos que tienen el salario congelado en 2025 por la falta de un nuevo acuerdo, que debería haberse comenzado a negociar a finales del 2024. Así, los representantes sindicales denuncian que "con una economía en crecimiento, con la que se prevé que el empleo crezca un 2% y con una recaudación de impuestos que ha crecido por encima del 7%, no se entiende qué problema hay para que a los empleados públicos se les suba el salario en 2025". Y es que, han asegurado que el ministerio liderado por Óscar López ni siquiera les ha planteado un porcentaje de subida sobre el que comenzar la negociación y llegar -o no- a un acuerdo.
Jubilación parcial anticipada
Desde que en el año 2008 se eliminó el derecho a la jubilación parcial anticipada para los funcionarios y personal estatuario -sanitarios-, estos trabajadores no han recuperado el derecho que se les retiró con el inicio de la crisis y los recortes que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy. Mientras, el acuerdo que se firmó entre Función Pública y CCOO y UGT, señala que "se procederá a la derogación de la supresión de la jubilación parcial como una de las modalidades de jubilación del personal funcionario establecidas en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)". Se trata de un asunto que se mantiene paralizado en la Comisión de Hacienda y Función Pública y que hace unas semanas todavía estaba en proceso de enmiendas, y no existía un calendario concreto para su aprobación.
Además, fuentes parlamentarias aseguraron a este medio que "el Gobierno no parece que tenga mucha prisa". Tal y como detallaron, todavía se tiene que acordar el informe de ponencia, una versión del documento que incluye la propuesta original y las enmiendas introducidas en la Comisión por parte del resto de partidos políticos. Una vez finalizado el informe de ponencia, el documento se debatirá en este grupo de trabajo para después trasladarse, en forma de dictamen al Pleno del Congreso para su votación y, una vez aprobado en la Cámara Baja, tendrá que pasar por el Senado.
Por su parte, la jubilación parcial del personal laboral ha dado un primer paso para poner fin al problema que trajo consigo la reforma de las jubilaciones por la figura del relevista. Hace una semana, UGT, CSIF y Función Pública acordaron la convocatoria de 1.000 plazas para cubrir las solicitudes recibidas por los empleados públicos que quieren optar por este tipo de retiro. Si bien es cierto, esta Oferta de Empleo Público "extraordinaria" todavía no ha pasado por el Consejo de Ministros para su aprobación.
Jornada laboral de 35 horas y teletrabajo
El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI señala que "las distintas Administraciones Públicas están comprometidas con el desarrollo de importantes objetivos como fomentar el empleo, la modernización de las plantillas y su rejuvenecimiento, apostando por la implantación o recuperación de una jornada laboral de 35 horas semanales como una de las medidas para alcanzar dichos objetivos". Si bien es cierto que la imposición de la jornada laboral depende de cada administración, por lo que Función Pública no puede inferir de manera directa, se pactó eliminar las limitaciones actuales para que cada Administración Pública, en el ejercicio de sus competencias de autoorganización, establezca, previa negociación colectiva en la mesa u órgano que corresponda, una jornada de 35 horas semanales para el personal a su servicio y al de su sector público institucional.
Además, también se firmó la puesta en marcha inmediata del teletrabajo "dando cumplimiento al Acuerdo del Teletrabajo firmado en el mes de abril de 2021, a la par que el reconocimiento de la esencial labor del personal que desarrolla tareas de atención necesariamente presencial". Así, los sindicatos reclaman que todos los empleados del mismo que tengan reconocido el trabajo telemático cuenten con los mismos recursos y adaptaciones. Siete meses después de que se pusiera fin al acuerdo, hay empleados pertenecientes al mismo grupo que no tienen los mismos derechos en materia de trabajo.
Eliminar la tasa de reposición
Otro de los temas pendientes que tiene el Gobierno con los trabajadores del sector público es eliminar la tasa de reposición. Fue el propio ex ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, quien aseguró en 2024 que, de cara a este ejercicio, se eliminaría la tasa de reposición para dotar a las administraciones públicas del personal que realmente necesita y no limitar las plazas ofertadas; pero esta eliminación no ha llegado, y la Oferta de Empleo Público de 2025 que se está negociando con la tasa de reposición que recogen los Presupuestos Generales del Estado prorrogados del año 2023.
En este sentido, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, señala que "no se entiende que un Gobierno esté obsesionado con la temporalidad y no le obsesione la tasa de reposición". Además, puntualiza en que fue una medida que se creó "para paralizar las contrataciones y es el peor de los escollos para la creación de empleo de las administraciones públicas".
Clasificación profesional
Los empleados públicos llevan 17 años -desde 2008- esperando a que se lleve a cabo una nueva reclasificación profesional para que se les adecúe en los grupos y subgrupos correspondientes, para lo que es necesario la creación del nuevo grupo B, para situar en él a los Técnicos Superiores que actualmente se encuentran en el subgrupo C1, y el paso automático de los Técnicos de grado medio en el C1, que actualmente se encuentran en el C2. Si bien es cierto que el grupo de trabajo ya se constituyó, los sindicatos aseguran que "está paralizado", insistiendo así "en la convocatoria de este grupo de trabajo, ya que no hay impedimento para hacer realidad la clasificación profesional de los empleados públicos". Además, señalan que el pasado martes, por la "inactividad de este grupo, el Supremo condenó a los ministerios por no dar cumplimiento a la clasificación profesional".