Zaragoza
Las empresas familiares de Aragón ya cuentan con su propio marco legal en la comunidad aragonesa. La Cortes de Aragón han aprobado la Ley de apoyo fiscal a la empresa familiar por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas en la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
Un nuevo marco con el que se quiere dar más seguridad jurídica a la empresa familiar y facilitar su transmisión y el proceso de sucesión ante las particularidades de este tipo de compañías y su importante peso y actividad en Aragón, comunidad en la que hay 28.091 empresas de este tipo, lo que supone el 87,6% del total de las sociedades mercantiles existentes. Además, emplean a cerca de 165.000 trabajadores, el 70,3% del empleo en la comunidad, y representan cerca del 70% del PIB de Aragón.
Esta ley, cuyo proyecto de ley, ya se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado día 30 de abril de 2025, ha salido adelante con los votos a favor de PP, VOX, PAR y Aragón-Teruel Existe, manteniéndose prácticamente su texto original, aunque se han incorporado cuatro enmiendas -tres de ellas transaccionadas con PAR (1) y PSOE (2)- de las 28 presentadas, tras su aprobación en el pleno de las Cortes de Aragón. El PSOE, a pesar de haberse aceptado una parte de sus propuestas, se ha abstenido por no compartir la tramitación de este nuevo marco legal, que se ha realizado por lectura única. No obstante, con esta posición de abstención, ha facilitado que la nueva ley, que considera necesaria, salga adelante.
El nuevo marco legal procede del texto en el que ya había estado trabajando el anterior gobierno liderado por el socialista Javier Lambán, pero "sobre el que se ha trabajado más" con el fin de dar respuesta a las necesidades de las pymes, que son "un motor económico, de cohesión y vertebración territorial", según ha explicado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro (PP), durante la presentación del contenido de esta nueva ley. "Se da más seguridad jurídica" tanto a los transmitentes como a los adquirientes, ha incidido, además de evitar que se produzcan problemas de interpretación en relación con la normativa estatal.
Entre los principales puntos que se incluyen figura la mayor seguridad jurídica sobre el Pacto Sucesorio que, además, es una figura propia del Derecho civil aragonés y ajena al derecho común, y que hasta ahora tenía un tratamiento fiscal incierto. Ahora, con su incorporación a la ley, se evitan diferentes interpretaciones que, en algunos casos, eran incluso contradictorias y dificultaban la sucesión. Además, se reconoce que los pactos sucesorios de presente generan una transmisión 'inter vivos' con efectos fiscales específicos. De esta manera y, en línea con la doctrina administrativa aragonesa y la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2023, se clarifica que los beneficios fiscales aplicables a las transmisiones 'inter vivos' se aplican también a los pactos sucesorios de presente.
También se produce una reducción en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de manera que se modifica la reducción del 99% en la base imponible para adquisiciones 'mortis causa' e 'inter vivos' de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por parte de familiares directos.
En concreto, en relación al mortis causa, en la empresa individual, si el negocio heredado, se transmite de un heredero a otro, no se pierde el beneficio social. En la participación en entidades (acciones), el requisito de que haya labores directivas de la familia en la entidad se puede cumplir en el año del fallecimiento o en el año natural anterior.
Así, el objetivo es proteger la acumulación de fondos en la entidad para realizar inversiones empresariales a medio y largo plazo, hasta diez años, al considerar estos activos como empresariales. De este modo, los beneficios acumulados destinados a la actividad no se penalizan fiscalmente.
En 'inter vivos', en la empresa individual, el requisito de estar exenta en el Impuesto sobre Patrimonio se puede cumplir en alguno de los dos años naturales anteriores a su transmisión.
En la participación de entidades, se rebaja la edad del donante a 60 años y no se obliga a que deje de ser directivo. De hecho, el nuevo marco legal profundiza en el incentivo del cambio generacional, de manera que el beneficiario se involucre en la gestión de la empresa.
Con el marco legal, también se eliminan incertidumbres y se configuran los beneficios como normativa propia aragonesa y no como mejora de las estatales, lo que facilitará que prevalezca la norma de Aragón sobre las interpretaciones del Ministerio de Hacienda.
Proteger la empresa familiar y el empleo
Los distintos grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón han coincidido en la necesidad de proteger la empresa familiar y dar respuesta a reivindicaciones históricas de este tipo de sociedades, contribuyendo a mantener su actividad económica y el empleo. Sin embargo, no se han coincidido en algunos puntos, como la no diferencia entre grandes empresas y pymes, ni en el proceso de tramitación por lectura única como finalmente se ha hecho. Divergencias y apoyos que se han puesto de manifiesto durante el debate del nuevo marco legal en el pleno durante aproximadamente una hora y media.
El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha abierto el debate en las Cortes de Aragón, destacando la necesidad de esta ley para "proteger a los de aquí. Hoy que llegan multinacionales y empresas de todo el mundo a Aragón, hay que cuidar a las empresas aragonesas que no se van de aquí, no se deslocalizan". Izquierdo ha rechazado que esta ley sea de "beneficios fiscales", explicando que es dar "seguridad" en el proceso sucesorio, además de garantizar la continuidad con una sucesión natural para facilitar la incorporación de los jóvenes y que puedan aprender "del padre o madre", como se ha venido haciendo tradicionalmente en este tipo de empresas.
Desde Aragón-Teruel Existe, el diputado Tomás Guitarte, ha defendido esta ley porque busca garantizar la igualdad de condiciones, además de señalar que ya hay leyes similares en "comunidades socialistas". En su intervención, ha explicado que las empresas aragonesas no pueden estar en desventaja frente a otras compañías y de otras autonomías. No obstante, también ha mostrado su disconformidad con el hecho de que en la nueva ley no se haya diferenciado entre pymes y grandes empresas que tienen una casuística diferente, siendo la mayoría del tejido empresarial aragonés pequeñas y medianas empresas.
El diputado de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, ha valorado de forma positiva los principales puntos que se incluyen en esta nueva ley al solucionarse problemas técnicos y evitar dudas en la aplicación de la normativa como se había venido produciendo. Para Soro, las empresas familiares son esenciales y mantienen el empleo, motivo por el que ha justificado que desde su formación se haya venido apoyando los beneficios fiscales a este tipo de compañías desde hace 25 años. "Se trata de primar la continuidad frente a la recaudación". Además, ha valorado de forma positiva que se contemple el pacto sucesorio y la fiducia.
Desde el PSOE, Óscar Galeano, ha justificado la abstención por no compartir el proceso de tramitación, a pesar de destacar la necesidad de que las empresas familiares cuenten con su marco propio para atender sus particularidades y solucionar dudas y problemas técnicos en la ejecución de las normativas vigentes. Además, ha señalado que esta ley no debe verse como un "hito disruptivo" porque ya se han ido ampliando los beneficios fiscales para estas entidades por el mantenimiento del empleo y la riqueza de Aragón.
No es suficiente
Más crítico ha sido el diputado de IU, Álvaro Sánz, que había presentado enmiendas a esta ley, que ha calificado de "insuficiente" y sobre la que ha considerado que es una rebaja al Impuesto de Sucesiones y Donaciones con la que su formación no está de acuerdo por su coste a las arcas, ya que la anterior rebaja fiscal que se realizó en este campo ha tenido un coste de unos 51 millones de euros. Sanz ha incidido en que el marco legal debería hablar de garantizar ayudas al funcionamiento y no solo de la transmisión de la empresa familiar, concepto sobre el que además ha indicado que se debería concretar. Desde la formación, se habían presentado enmiendas enfocadas principalmente en garantizar el empleo en estas compañías principalmente, que han sido rechazadas.
Crítico también ha sido el diputado de Podemos, Andoni Corrales. "La letra pequeña es el problema" porque se sigue la recomendación de la Unión Europea de 1994, que habla de pymes y no de empresa familiar, que es una pyme pero que "necesita un trato diferente. Todas las pymes suelen ser familiares, pero no todas las empresas familiares son pymes. El proyecto no limita los beneficios fiscales a las pymes", lo que a su juicio no se ha hecho por olvido. Un motivo por el que desde su grupo se habían presentado enmiendas para que las medidas fueran para las pequeñas y medianas empresas de Aragón para "no rebajar impuestos a quien tiene que aportar más". Sus propuestas se han rechazado.
Justicia fiscal para todos
Desde VOX, el diputado Fermín Civiac ha defendido las enmiendas presentadas por su formación dirigidas a cambiar el nombre de la ley para que se incluyera a las familias porque "hay personas que no tienen empresas, pero sí pisos. La justicia fiscal no puede estar limitada al sector empresarial".
"Es una oportunidad que brindamos al PP para cumplir su promesa" en relación a la rebaja de impuestos y, especialmente en sucesiones y donaciones, y "la realizada por Azcón en el Debate de la Comunidad para aliviar la presión fiscal a las familias". Es una ocasión para trasladar "las ideas sensatas" de VOX y su modelo económico para una "sociedad no subsidiaria. El mejor sistema de solidaridad es dejar el patrimonio de padres a hijos, o a quien se quiera, sin que Hacienda lo confisque para que luego vaya a la corrupción".
Sus enmiendas han sido rechazadas desde el PP porque "no corresponden a este proyecto de ley", que se lleva a las Cortes de Aragón por "una demanda específica de la empresa familiar y no se puede desvirtuar", ha explicado la diputada popular Blanca Puyuelo.