El Fondo Monetario Internacional ha instado a España a que tome medidas que "estimulen" la oferta para acabar con el problema del encarecimiento de la vivienda y advierten que subir el SMI un 4,4% el mismo año que se reduce la jornada laboral, equivaldría a que ese aumento en la nómina sería del 10%.
Así lo especifican en el informe de evaluación de la economía española (Artículo IV), publicado este viernes, donde mantienen un crecimiento para España del 2,5% para este año y que se desacelerará hasta el 1,8% en el 2026, "a medida que se normalicen las exportaciones y el aumento de la población en edad de trabajar", explican.
En el documento recomiendan que las posibles medidas a adoptar para abordar el problema de la vivienda estarían por la de agilizar los permisos de construcción y modificar la Ley del Suelo.
Aunque todavía no ven que esto pueda afectar a la estabilidad financiera del país, es decir, no ven riesgo de burbuja a corto plazo, creen que podría ser "riesgo a futuro", por lo que sugiere llevar a cabo acciones específicas adaptadas "a las circunstancias del mercado local", para hacer vivienda más asequible.
Si bien se valora positivamente el impulso a la vivienda social, incluido el previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Fondo Monetario Internacional considera que el foco principal debería estar en ampliar la oferta, particularmente en aquellas áreas donde el suelo disponible es limitado.
Por otro lado, los expertos de la misión de la entidad multilateral en España hicieron mucho hincapié en el mercado laboral y, en concreto, en la reducción de la jornada laboral. En el informe advierten que el proyecto de ley de la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas, que ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros a principios de febrero y está pendiente del trámite parlamentario, podrían provocar "impactos adversos en la producción y el crecimiento salarial posterior a la reforma" a los menos favorecidos.
"Si bien la reforma prosigue objetivos sociales más amplios, las experiencias previas en otros países con reducción de la semana laboral apuntan a un efecto ambiguo sobre el desempleo e impactos adversos en la producción y el crecimiento salarial posterior a la reforma en los grupos menos favorecidos", reza el documento.
En concreto, apuntan a un "efecto combinado" entre el recorte de las horas y el reciente incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,4%. Es decir, una bajada de las horas y una subida salarial de ese calibre en un mismo ejercicio, incrementarían el SMI en un 10% y generarían una subida acumulada desde 2018 en un 70%. Esto contradice por completo a lo que aparece publicado en la memoria económica del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral publicada por Trabajo, donde especifican que los costes laborales se incrementarían entre un 2,2% y un 7%.
En este sentido, desde la entidad recomiendan que esta reforma de la reducción de la jornada laboral debe seguir las líneas de la negociación colectiva para abordar la "heterogeneidad" que aportan los sectores al mercado laboral y tener en cuenta sus necesidades.
"La reforma debe preservar el importante papel de la negociación colectiva en la acomodación de la heterogeneidad intersectorial, incluyendo la distribución total de horas a lo largo del año y la fijación del nivel y la remuneración de las horas extras", reza el documento.
Así, a ojos del FMI, la reforma de reducción de jornada debería ser abordada de manera "cuidadosa" y con flexibilidad, puesto que se puede producir ese efecto dual que recaería sobre aquellas personas con trabajos de cualificaciones más bajas.
Sin salir de materia laboral, la entidad multilateral pone un aviso también sobre la idea de Trabajo de establecer una mayor compensación por los despidos improcedentes, basada en las circunstancias individuales de cada empleado. En concreto, la propuesta de Díaz plantea un sistema en el que se tenga en cuenta la edad, la situación familiar, las dificultades para encontrar empleo y la duración, la relación laboral del trabajador con la empresa.
Los expertos del FMI creen que esta Ley de Protección del Empleo (LPE) que propone Díaz "podría disuadir a las empresas de contratar grupos de trabajadores desfavorecidos". En este sentido, la entidad recomienda, en vez de subir el coste del despido, "introducir contribuciones más altas al seguro de desempleo para los empleadores con mayor rotación". Así creen que se desincentivarán los despidos excesivos.
Incentivar la flexibilidad en el empleo en mayores
Además, se sugiere llevar a cabo una nueva modificación del sistema de pensiones con el objetivo de reducir la "brecha creciente prevista" entre el gasto en pensiones y los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social en las próximas décadas. Para ello, se plantea ampliar el periodo de años cotizados que se tiene en cuenta para calcular las prestaciones.
El fondo señala que el envejecimiento de la población será otro peso añadido las cuentas públicas, que podría mitigarse fomentando una mayor participación laboral de las personas mayores, después de que el alza la edad legal de jubilación y los incentivos a la jubilación demorada ya hayan propiciado un aumento de la edad efectiva de retiro de casi un año desde 2019, al pasar de 64,4 a 65,2 años.