El peso concursal en España descansa en las personas físicas y los autónomos puesto que sus insolvencias subieron en el primer trimestre de 2025 un 114,1% en el caso de los primeros y un 60%, en el de los segundos, respecto al mismo periodo de 2024. Así lo reflejan los datos publicados este jueves por el Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Economistas.
Los números ofrecidos por Registradores de España reflejan que de los 15.384 deudores concursados de enero a marzo de este año, el 89,2% son personas físicas y autónomos. La tendencia al alza de este tipo de insolvencias es continua desde 2024, año en que trimestre por trimestre los concursos no dejaban de crecer interanualmente: un 131% más en los tres últimos meses respecto al mismo trimestre de 2023; un 142% más en el tercer trimestre; un 63% más en el segundo; y un 67% más en el primero. En todos los casos, las personas físicas o autónomos superaban el 80%.
Para los economistas del REFOR, que hoy celebran la I Jornada de economía forense en la toma de decisiones judiciales en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la ley concursal de 2022 está detrás de estos incrementos al favorecer la segunda oportunidad. Las personas físicas, que pueden ser ciudadanos sobreendeudados o autónomos en dificultades o en quiebra, solicitan la exoneración del pasivo insatisfecho, las deudas, y la mayor parte de los jueces se la conceden.
Sin embargo, el número de concursos de personas jurídicas ha caído casi un 25% desde la entrada en vigor de la ley. El economista y administrador concursal, fundador del despacho Quabbala, señala que esta caída no se debe a que haya menos insolvencias empresariales, sino a que la desaparición de una figura 'tutora y vigilante' en el proceso concursal desanima a acreedores y deudores. Al igual, apunta, que el hecho de que cuando los administradores concursales intervienen, su minuta han de pagarla los acreedores, "con lo que no les interesa". García-Quismondo va más lejos y asegura que la reforma concursal se configuró "para dar la apariencia de que la economía va bien y que de lo que se trata es de proteger a las personas vulnerables. Lo primero no es tan cierto, porque las insolvencias continúan. Lo segundo sí, debido al impulso de la segunda oportunidad".
Porque, además, hay otra hecho en las estadísticas concursales que llama la atención de los expertos. El REFOR indica que los concursos sin masa, que son el 84% de los que se inician, han aumentado en el primer trimestre del año un 93% en relación al mismo trimestre del año anterior y han pasado de 6.679 a 12.889). Los economistas forenses afirman que este incremento "evidencia debilidades estructurales en los mecanismos de prevención de crisis empresariales", además de que provocan saturación en los juzgados. Hay que mencionar que un concurso sin masa no cuenta con ningún tipo de activo detrás, con lo que los acreedores desisten porque saben que no van a recuperar la deuda. Para García-Quismondo la ley concursal está diseñada, precisamente, para que "los tiempos se acorten y los acreedores tiren la toalla".
Los economistas forenses añaden que "los concursos sin masa suelen derivarse de situaciones de extrema debilidad con impacto directo en la economía". El REFOR recomienda "repensar políticas de reestructuración temprana y de acceso a financiación". García-Quismondo, por su parte, informa que antes de la reforma de la ley "los concursos sin masa no eran tan significativos". La gran mayoría termina en liquidación y no se recuperan las deudas.
Otra de las debilidades de la actual norma concursal se encuentra, precisamente, en un punto que fue alabado por todos cuando se estableció: los planes de reestructuración cuya aplicación, de enero a abril, se ha reducido en un 25% respecto al mismo periodo de 2024.
