El tic-tac del reloj de Bruselas sigue corriendo contra España por el permiso laboral de ocho semanas para el cuidado de los hijos, que sigue sin ser retribuido. El Gobierno agotó el plazo máximo para transponer la directiva europea que obliga a remunerarlo y va camino de una multa que podría rondar los 10 millones de euros si la situación no se revierte antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte sentencia, algo que podría ocurrir antes de verano.
"A día de hoy, nuestro país está pagando una multa diaria de más de 9.500 euros por el incumplimiento de la Directiva 1158/2019, conocida como Directiva de conciliación", recordaba ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a los medios, y recordó que "esta multa diaria se multiplicará hasta 43.000 euros diarios" si España mantiene el incumplimiento de la normativa que exige remunerar al menos cuatro semanas del permiso para padres y madres de ocho semanas hasta los ocho años del hijo.
España está asumiendo una penalización de 9.760 euros al día desde el 2 de agosto de 2024, cuando se agotó el plazo de transposición de la directiva europea de conciliación de 2019 en lo que afecta a la retribución de los permisos parentales. Esta multa, que asciende ya a más de 2,6 millones, engrosa día a día la multa de base que planteó Bruselas en el expediente abierto contra España en febrero del año pasado, en el que la Comisión Europea planteó a TJUE una propuesta de multa mínima de 6.832.000 euros. Desde agosto el total supera los 9,5 millones.
Será el TJUE el que fije la multa definitiva
"Estamos soportando un coste fiscal que no es aceptable", ha dicho la vicepresidenta segunda, que urge al PSOE a desplegar ya la agenda social. "Nos está costando la friolera de casi 10 millones de euros en lo que llevamos de plazo de incumplimiento", indicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a principios de mes preguntado por esta cuestión.
Si el Gobierno resolviera la cuestión antes del fallo, Bruselas podría dejar sin efecto la multa diaria -no la mínima de casi siete millones- pero si la sentencia llega con los deberes sin hacer, la sanción económica propuesta escalará a 43.920 euros al día hasta que su transposición Se espera que el TJUE vuelva a pronunciarse antes de verano y, si el nuevo fallo llega sin que la norma esté implantada en la legislación española -es decir, si el permiso sigue sin ser retribuido y-, será el tribunal el que fije la cuantía de la multa definitiva a asumir por el país.
La remuneración de al menos cuatro semanas del permiso se plasmó entre los compromisos del Gobierno de coalición pero ni esta ni la ampliación de los permisos de paternidad ni maternidad hasta las 20 semanas llegaron a puerto el año pasado porque la negociación se llevó a la mesa de los Presupuestos, encallada, y se trasladó el objetivo a 2025, sin que de momento se haya desatascado. "En el escenario no presupuestario, el Ministerio de Trabajo y Economía Social lo que tiene claro es que el programa de Gobierno hay que cumplirlo", señaló Pérez Rey.
La directiva europea para la conciliación exige unos permisos mínimos por nacimiento o cuidados y el derecho de cada trabajador a un permiso parental de cuatro meses antes de que el hijo cumpla ocho años, de los que dos meses no pueden ser transferidos y deben retribuirse.
España cuenta actualmente con 19 semanas, 16 semanas por nacimiento y 3 semanas más por la acumulación del permiso de lactancia, un derecho que ya aplica a todos los trabajadores y no sólo a los que lo tenían en convenio. Para cumplir con Europa a España le faltarían por retribuir tres semanas más, que se superarían de cumplir el acuerdo suscrito entre PSOE y Sumar para ampliar de 16 a 20 semanas el permiso de nacimiento y retribuir cuatro de las ocho semanas del permiso parental.
En España ya son, al menos, cuarto las sentencias que reconocen la obligación de retribuir el permiso después de que en diciembre, un juzgado de Barcelona reconociera este derecho a un trabajador por primera vez. La última, se publicó la semana pasada un tribunal de Cuenca. El fallo indica que las disposiciones de la directiva "son incondicionales, suficientemente claras y precisas, y atribuyen derechos a los particulares". Por eso considera que el permiso parental debe de ser retribuido, "como en general lo son otros permisos, por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares".
