El nuevo permiso parental de ocho semanas que ha aprobado el Gobierno dentro de la ley de familias finalmente será remunerado. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado este extremo durante la rueda de prensa de valoración de los datos de empleo de marzo después de que en las últimas semanas, la ausencia de mención a la retribución en el texto del anteproyecto desatara las dudas.
Pérez Rey ha indicado que la decisión sigue lo que indica la directiva europea que transpone la ley de familias. "Ese permiso parental debe ser retribuido, como indica la norma europea", ha concretado Pérez Rey en referencia a las ocho semanas que padres y madres tendrán a disposición para atender a los hijos hasta que cumplan ocho años.
La ley que ahora inicia su tramitación parlamentaria aún tiene que pulir algunas cuestiones para adaptarse a la literalidad de la Directiva (UE) 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores. El permiso tendrá una aplicación gradual (será de seis semanas en 2023 y de ocho a partir de 2024) y podrá ser consumido de una vez o en diferentes etapas.
El secretario de Estado de Empleo también ha recordado que los Estados disponen hasta el 2 de agosto de 2024 para "establecer las medidas de retribución adecuadas para ese permiso", por lo que el Gobierno está dentro del plazo para concretar la transposición de la norma. Ahora se perfilarán cuestiones como la gestión de las relaciones entre el trabajador y la empresa durante la baja o cómo quién abonará el periodo de ausencia.
El Consejo de Estado (CES) fue uno de los organismos que señaló la necesidad de retribuir este permiso para cumplir con Bruselas. El último informe del órgano consultivo, no vinculante, incidía en la necesidad de aclarar la redacción del artículo 48 bis del anteproyecto de ley de familias que recoge el permiso parental para el cuidado de hijo, hija, o menor acogido por tiempo superior a un año.
La otra mirada desde Europa
Pérez Rey ha hecho referencia también a otro compromiso internacional al ser preguntado sobre los costes de despido. Según ha remarcado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se debe "al cumplimiento escrupuloso de los compromisos internacionales". Se refiere a la Carta Social Europea Revisada y al despido restaurativo y suficientemente disuasorio: "En la medida en que ese compromiso internacional que tenga España imponga medidas restaurativas y suficientemente disuasorias, habrá que cumplir".
El secretario de Estado ha insistido en que la postura del Ministerio y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "es conocida" y ha recordado que fue el actual Gobierno el que ratificó la Carta Social Europea Revisada que ha permitido a los sindicatos presentar una demanda contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa.
Desde el flanco del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha seguido la línea marcada por el ministro José Luis Escrivá en una entrevista para Cadena Ser en la que ha rechazado abrir el debate del despido en España. A su entender, esta cuestión quedó fuera de las negociaciones de la reforma laboral de 2021 y "fue una buena decisión". No obstante, Suárez ha matizado que, como con todos los temas laborales, siempre están abiertos a "revisarlos y mejorarlos".
