La ley de familias llegará en 2024. El compromiso, anunciado este miércoles por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, materializará la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas contemplada en el pacto de Gobierno de PSOE y Sumar, y activará la retribución de al menos la mitad del permiso para padres y a madres de ocho semanas hasta los ocho años del menor.
En junio, el Gobierno de la anterior legislatura incluyó en el decreto de extensión de medidas anticrisis los tres nuevos permisos de cuidados ante la imposibilidad de sacar adelante la ley de familias. Se trata del permiso retribuido de cinco días para hacerse caso en casos graves de un familiar de hasta segundo grado o de un conviviente, otro permiso de hasta cuatro días "por causa de fuerza mayor" y un último de hasta ocho semanas para coger cuando mejor convenga hasta que el hijo o hija cumpla los ocho años. En el caso de este último de momento no está siendo retribuido pero según el ministro, esta situación quedará revertida el próximo año para al menos cuatro semanas, la mitad del periodo.
El permiso de ocho semanas viene impuesto desde Europa y España tiene de plazo hasta agosto para activar la remuneración que exige la Directiva (UE) 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores. Según fuentes ministeriales, el objetivo es empezar a remunerar cuatro de las ocho semanas. "Supondrá un salto cualitativo en la protección social en España, un paso adelante decisivo en la conciliación y en las políticas de bienestar", ha recalcado el titular de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
"Con esta medida comenzaremos a saldar una deuda histórica de nuestro país que tiene que ver con la infrafinanciación", ha indicado Bustinduy para añadir que esta reconocerá jurídicamente "a todos los tipos de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las familias LGTBI, las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad".
En materia de Consumo, el ministro ha anunciado que tramitará "a principios de 2024" la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, "una conquista que devolverá a la ciudadanía la capacidad de ejercicio pleno de sus derechos como clientes, entre otros". Esta se establecerá un plazo máximo de 15 días para dar respuesta a las reclamaciones y un tiempo de espera máximo de 3 minutos en caso de consultas telefónicas.