La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó en abril de 2022 la Comisión de Expertos sobre el impacto de la precariedad en la salud mental. Este grupo, integrado por una decena de académicos y coordinado por el médico y catedrático de Sociología, Joan Benach, publicó hace unas semanas su segundo informe en el que señala que un 42,1% de los trabajadores asalariados son precarios a partir del análisis de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2024.
Un total de 7,6 millones de empleados por cuenta ajena tienen unas malas condiciones laborales. Esta cifra, pese a ser algo inferior a la señalada en la publicación de 2023 en la que se hablaba de 8 millones de asalariados precarios, sigue siendo elevada por lo que el elenco de expertos manifiesta su preocupación porque estos trabajadores representen el 66,1% del conjunto de las personas en situación precaria, seguidos de los desempleados con un empleo anterior (2,7 millones) y los autónomos (1,2 millones).
El documento refleja que esta cifra se ha mantenido más o menos estable a lo largo de las últimas dos décadas, con ligeras variaciones. Si bien, han variado sustancialmente las causas que llevan a calificar la situación de un trabajador como precaria. Los expertos hacen referencia al subempleo como principal causa para el dato de 2024, es decir, que los trabajadores están en puestos de trabajo que requieren menos habilidades de las que tienen o contratados por menos horas de las que les gustaría. El primero se califica como subempleo funcional y el segundo como subempleo por insuficiencia de horas y entre ambos explican un 82% de la precariedad laboral.
El grupo advierte que hay algunos condicionantes para la precariedad que se solapan entre sí, sobre todo el subempleo funcional y el trabajo temporal. Esto explica que el hecho de tener un contrato temporal explique el 37% de esta situación a pesar de que el subempleo ya sustentaba la práctica totalidad, de forma que al sumarlas superan el 100%. No obstante, resulta significativo que para cuando se cumplían dos años de la introducción de la reforma laboral, más de una tercera parte de la precariedad venía dada por que los trabajadores no eran indefinidos.
Este porcentaje se ha reducido significativamente desde 2007 cuando esta variable explicaba el 65,7% de la precariedad. Si bien, el cambio en la regulación laboral pactada con patronal y sindicatos al término de 2021 no se ha traducido en una reducción significativa de los asalariados precarios, puesto que último dato supera en una décima el de 2017 (7,5 millones). Sí se aprecia una diferencia respecto al total de personas afectadas por esta situación que ascendía a 12,34 millones, como consecuencia de la reducción del desempleo hasta alcanzar los niveles previos a la crisis financiera.
El documento no hace una mención expresa al efecto del contrato fijo-discontinuo en relación a la precariedad, pero se sobreentiende que parte de ellos están encuadrados en el subempleo por insuficiencia de horas. La OIT incluye en esta categoría a todos los ocupados que "desean trabajar más horas, que están disponibles para trabajar y cuyas horas efectivas trabajadas son inferiores a las horas semanales que habitualmente trabajan los ocupados a tiempo completo de la rama de actividad de su empleo principal", lo que describe la situación de muchos contratados con este modelo.
Todo este contexto, advierte el grupo en las conclusiones, repercute directamente en la salud de los trabajadores y en concreto, en su salud mental. Una advertencia que se da en un momento clave por la alarma generalizada entre los agentes sociales por el aumento de las bajas por depresión o ansiedad.
La situación de los más cualificados empeora 14 puntos desde 2007
En contra de lo que cabría esperar, la proporción de trabajadores que tienen condiciones precarias no disminuye a medida que aumenta su nivel de estudios. "El porcentaje de trabajadores precarios con estudios primarios ha pasado del 14,9% en el primer trimestre de 2007 al 5,5% en el primer trimestre de 2024, mientras que los trabajadores precarios con estudios superiores han aumentado del 33,7% al 47,5%. Es decir, en las últimas dos décadas su situación se ha agravado en casi 14 puntos porcentuales.
Este dato está íntimamente relacionado con la extensión del subempleo, puesto que esta situación afecta a las ocupaciones elementales (26,2%) y al sector de servicios de restauración, personales, protección y vendedores (23,1%). Es habitual que estos profesionales tengan estudios superiores en otras ramas de actividad, sobre todo universitarios, pero que acaben desarrollando otros puestos de trabajo ante la dificultad de encontrar un empleo. Al mismo tiempo, existe un 15% de empleados contables, administrativos y de oficina con condiciones de trabajo precarias y un 12,2% entre los técnicos y profesionales, científicos e intelectuales.
El puesto de trabajo en sí mismo no es el único condicionante para tener un empleo precario, sino que los expertos también le otorgan un gran peso a forma en la que son contratados, por ser la falta de estabilidad uno de los elementos característicos de esta situación. "El trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial, en ocasiones el trabajo mediante contratos formativos, los trabajos total o parcialmente excluidos de la aplicación de la normativa laboral como los 'falsos autónomos', los becarios o cooperativistas y determinadas ocupaciones de especial vulnerabilidad o en sectores particularmente precarizados" son señalados como las modalidades más expuestas a la precariedad.
Tras realizar esta descripción pormenorizada de la situación, la Comisión de Expertos recomienda a Díaz hacer una regulación del SMI que garantice unos ingresos adecuados, fomentar mecanismos para reducir la jornada laboral, reformar el tiempo parcial y la indemnización por despido. El departamento de Trabajo ya tiene estas materias en su hoja de ruta para los próximos años, siendo la reducción de jornada la que podría tomar forma más pronto ya que se ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados. Díaz también ha abierto una mesa para tratar la transposición de la directiva de salarios mínimos y se ha comprometido a abordar después el despido, además el grupo de expertos llama a sacar adelante el Estatuto del Becario, pactado con CCOO y UGT hace dos años.
